Con el mismo discurso de ‘defensa de la institucionalidad’ y el ‘respeto de la Constitución’, el 25 de mayo de 1997 el presidente interino de la República, Fabián Alarcón, convocó a una consulta popular para ‘reformar la Constitución’; hoy los mismos partidos políticos que actuaron en aquella ocasión (PSC-ID-DP) pretenden, a través de una nueva ‘reforma política’, apoderarse definitivamente del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Con esta intención, en los últimos 25 años la Constitución Política del Estado ha sufrido dos reformas: la primera se realizó en 1979 y la segunda en 1998; ahora, la última se concretaría, según el Gobierno, en el mes de octubre de este año.

El artículo 137 de la Constitución Política de la República, antes de la reforma de 1979, mencionaba respecto a la conformación de las autoridades del TSE, que: “ se constituirá con siete vocales, uno de los cuales lo presidirá. Serán elegidos por el Congreso Nacional en la siguiente forma: tres de fuera de su seno, en representación de la ciudadanía; dos de ternas enviadas por el Presidente de la República; y dos, de ternas enviadas por la Corte Suprema de Justicia”.

Esta ley fue reformada, en el texto publicado el 10 de agosto de 1998, por la siguiente: “Se integrará con siete vocales principales, quienes tendrán sus respectivos suplentes, en representación de los partidos políticos, movimientos o alianzas políticas que hayan obtenido las más altas votaciones en las últimas elecciones pluripersonales, en el ámbito nacional, los que presentarán al Congreso Nacional las ternas de las que se elegirán los vocales principales y suplentes. Los vocales serán designados por la mayoría de los integrantes del Congreso, permanecerán cuatro años en sus funciones y podrán ser reelegidos”. Este texto luego fue violentado por el PSC y la DP, conformados en lo que en ese tiempo se dio en llamar ‘la aplanadora’ en la Función Legislativa. Pues así fue: la mayoría de diputados pertenecientes a estas tiendas políticas eligieron a Juan Aguirre, del desaparecido Partido Conservador, como nuevo vocal del TSE, usurpando el puesto que le correspondía legalmente a un representante del Movimiento Popular Democrático (MPD), partido que ocupó el sexto lugar en la votación general. Para Patricio Torres, actual vocal por el MPD en el TSE, esta resolución permitió controlar la función electoral a través de la integración de nuevas mayorías, y así pretendieron manipular los procesos de elecciones. “Esto continuaría igual si se aprueba la actual propuesta del Gobierno, al mencionar que el Tribunal Supremo Electoral sería elegido por la mayoría de los miembros de la Corte Suprema de Justicia”.

En primer lugar, las demandas exigidas por el pueblo el 21 de abril, que ocasionaron la caída de Gutiérrez, no se han cumplido. La posible ‘Reforma Política’ pretende entregar totalmente las instituciones estratégicas del Estado (CSJ, TC y TSE) a la oligarquía ecuatoriana. En lo que respecta al sistema de elección de las autoridades del TSE es una muestra.

“¿Aprueba usted que las personas que organicen, dirijan, vigilen y, finalmente, garanticen los procesos electorales, no integren ni hayan integrado durante los últimos diez años partido político alguno, y que sean elegidos de los candidatos auspiciados por instituciones y agrupaciones académicas, técnicas y profesionales, como son las Universidades, las Escuelas Politécnicas y las Cámaras de la Producción del país; de manera que se reformen los incisos tercero y cuarto del artículo 209 de la Constitución Política de la República?” menciona textualmente la quinta pregunta que se plantearía en la consulta popular para su respectiva reforma. Como se dijo anteriormente: resulta absurdo pensar que los posibles candidatos no tengan tendencias políticas si el hecho de ocupar estas funciones les obliga a defender una posición.

Además, en la ‘Reforma a la Función Judicial’ se dice que el Jefe de Estado elaboraría una lista de magistrados, no se especifica reglamento alguno para que el pueblo ecuatoriano seleccione a estos “supuestos idóneos candidatos”, quienes por último terminarían eligiendo a las autoridades del TSE. A esto se suma que los posibles candidatos al Pleno del TSE deberán provenir de instituciones manejadas, en su mayoría, por el PSC, ID, DP. Así por ejemplo: la Cámara de Comercio en Quito es manejada por Blasco Peñaherrera Solá, cercano a la ID; mientras que en Guayaquil está Eduardo Maruri, cercano al PSC. Asimismo, existirían fieles candidatos de la corriente ‘forajida’, que han sido representados por Participación Ciudadana, Ruptura de los 25 y Transparencia Internacional, fundaciones cuestionadas por recibir fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) que ha intervenido políticamente en América Latina y el mundo. “Producto de la lucha de los pueblos del Ecuador y como consecuencia de la crisis económica general existe un planteamiento del imperialismo y de los sectores dominantes de nuestro país de institucionalizar las protestas. Es decir, que el concepto de gobernabilidad pasa por el concepto de orden y es un principio que en estos momentos pretende manejar los Estados Unidos al concretar una crisis sin conflictividad política” agrega el vocal del TSE. Sin embargo, las fuerzas populares con el pleno derecho que les asiste, continuarán luchando para que el único camino de designación sea el voto universal como el principal mecanismo de elección democrática.

Con esto, la ‘Reforma Política’, que se pretendería concretar a través de siete preguntas en la consulta popular, fortalecería el poder de la derecha ecuatoriana. Es claro observar que en todas las interrogantes el poder absoluto se lo dejaría a la Corte Suprema de Justicia, que sería el organismo que elija el pleno del TSE y TC. Una vieja ambición de la oligarquía por captar el ‘triángulo de poder’ y donde el TSE es la institución estratégica para las próximas elecciones.