Platón, en el año 387 A.C, daba cuenta de que el hombre es un ser político por naturaleza y todos sus actos se remiten a su posición social, vela por el bienestar de sí y de su clase o grupo social. De tal manera que no se puede hablar de un hombre sin entenderlo como un ser netamente político –sin necesidad de estar afiliado o no a un partido político-; es más, el actuar políticamente separa a los hombres de los animales. Sin embargo, a pesar de que la teoría política se ha desarrollado mucho y la historia ha demostrado que las acciones humanas son netamente políticas, el presidente Alfredo Palacio pretende conformar un Tribunal Constitucional (TC) con integrantes “a-políticos”. Pues así lo confirma textualmente en una parte de la cuarta pregunta que se plantea para la ‘reforma política’: “Ningún aspirante a magistrado del Tribunal Constitucional puede responder a tendencia política alguna, ni estar afiliado a ningún partido político, al menos por 10 años, a fin de que demuestren imparcialidad absoluta”. Asimismo, en otra parte de esta misma propuesta se menciona: “Sus miembros sean elegidos mediante candidatos auspiciados por las instituciones académicas superiores a través de las correspondientes facultades de derecho, los colegios de abogados, las organizaciones de derechos humanos, las centrales de trabajadores y las cámaras de la producción”.

Sin embargo, esta propuesta desconoce la Constitución Política del Ecuador en el Art. 114, que fomenta y da las garantías suficientes a la participación ciudadana a través de partidos políticos. Esto refleja un desconocimiento craso de la norma constitucional, de los antecedentes democráticos del pueblo y del quehacer jurídico del país.

Al respecto, Lenin Rosero Cisneros, ex vicepresidente del TC, advirtió que la postura ilusoria de Palacio demuestra un odio ilógico a los partidos políticos y un aislamiento de realidades de las cuales él mismo se nutre, porque qué sería de Palacio sin el apoyo del Partido Social Cristiano (PSC), Izquierda Democrática (ID) y Pachacutik. Asimismo, agregó que el Jefe de Estado “se sirve de los partidos políticos, y con propuestas como ésta, lo que quiere es aparentar un apoliticismo negativo que no genera participación ciudadana”. Pero si no es así, cuáles serían los supuestos ‘candidatos idóneos’ para que ocupen esta importante institución del Estado: ¿acaso los banqueros, representantes de las agrupaciones mal llamadas ‘representantes de los ciudadanos’, o personas identificadas con los partidos políticos tradicionales

El TC es un organismo creado por la Constitución. Así consta desde el Art. 275 hasta el Art. 279. Sus funciones están basadas en la Constitución, la Ley del Control Constitucional, el Reglamento de Trámite de Expedientes y el Reglamento Orgánico Funcional. De este modo, el TC controla que las leyes y otros actos de los poderes públicos sean constitucionales y no atenten contra el Estado, ni contra los derechos de las personas. El TC constituye el tribunal de justicia más alto, el TC es el Gran fiscalizador del Estado.

En manos del TC se encuentran los casos de las fumigaciones en la frontera norte, las reformas del IESS; su tarea es resolver en última y definitiva instancia sobre los recursos de amparo, hábeas data, hábeas corpus, acceso a la información pública, resolver los casos de régimen seccional (Municipios y Consejos Provinciales), presentar al Congreso Nacional Proyectos de reformas Constitucionales, entre otras tareas.

Como podemos observar, temáticas de trascendental importancia se resuelven en el TC por lo que, en una perspectiva de país, personas competentes, probas y honradas pueden darle un direccionamiento correcto, a pesar de que desde abril de este año no contamos con TC y estos temas trascendentes se encuentren prácticamente en el olvido.

Hasta el anterior Tribunal, era el Congreso Nacional quien elegía directamente -de entre ternas o candidatos enviados desde la función ejecutiva, legislativa, judicial, trabajadores, alcaldes y cámaras de la producción- un total de nueve magistrados. Ahora la propuesta de Palacio es reducir a siete magistrados: seis entre facultades de derecho, colegios y federaciones de abogados, y uno de las organizaciones de Derechos Humanos. Pero a la final, según Palacio, los que elegirán serán los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Sin embargo, hasta el momento se tiene previsto cerca de 692.700 dólares para ‘invertir’ en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que tiene en su mayoría como candidatos a gente apoyada por el PSC y la ID. En estas condiciones, ¿qué tipo de representantes escogerían los miembros de la CSJ?: está claro que serán personas afines a sus intereses.

Ahora, ¿a quién representan las facultades de derecho y federación de abogados? ¿De dónde salen seis de las siete autoridades para el TC?. Según Estuardo Gualle, ex Presidente del Tribunal Constitucional, la educación pública es minoritaria porque solo en Quito existen más de once Facultades de Derecho de universidades privadas. Afirmó que de reunirse las facultades de jurisprudencia, las facultades de universidades privadas (que son diez a uno en comparación con la universidad pública) harían una selección elitista al igual que con las cámaras de la producción y la asociación de municipalidades, que son claramente secuestradas por círculos de poder de la derecha ecuatoriana.

Con estas intenciones son evidentes los recursos económicos y políticos que la derecha ha destinado para apoderarse de las Cortes y Tribunales. El único camino para fortalecer el derecho del pueblo en la elección de todos los magistrados del TC es el voto universal y secreto, para que así sea el pueblo quien pueda posesionar a personas que defiendan la soberanía y los derechos del pueblo ecuatoriano.