A raíz de los atentados de Londres, John Howard, primer ministro conservador australiano, prepara una serie de medidas contra «el» terrorismo. Una de ellas consistirá en equipar con brazaletes electrónicos a las personas de «riesgo terrorista». La utilización de este brazalete implicará estrictas limitaciones de movimiento y contactos.

Por otra parte, dado que las personas encausadas por los atentados de Londres en julio eran de nacionalidad británica, las modalidades para obtener la ciudadanía australiana se han endurecido. El uso de cámaras de vigilancia y la detención preventiva también van a extenderse. Todas esas medidas deben permitir la neutralización de algunas personas cuyo procesamiento judicial no está autorizado por las leyes actuales.

Aunque en Irak esté presente un contingente de sus soldados, los australianos sólo han sido atacados indirectamente.

Para Terry O’Gorman, presidente del Consejo Australiano para las Libertades Civiles, esas medidas «extremas» significan que «gente comprometida en un debate político legítimo podría estar incluida en esa limpieza». Observemos que O’Gorman se preocupa por lo que considera una posible utilización abusiva de la ley en el marco del combate político entre buenos australianos, sin cuestionar su fundamento ideológico, y, por consiguiente, respaldándola. La teoría de la «justicia preventiva» fue elaborada en los Estados Unidos por John Aschcroft y la Federalist Society, y fue cuestionada por el cineasta Steven Spielberg en Minority Report.

La decisión final sobre esas medidas se adoptará el 27 de septiembre, durante la reunión del Consejo Especial de los Gobiernos Australianos sobre el Terrorismo (COAG).