Desde Las Malvinas en Argentina hasta Benito Juárez y Tijuana en la frontera mexicana con Norteamérica, recorre rauda la señora Corrupción. Chile y Uruguay aparecen en los sondeos de opinión como los países menos corruptos. En Chile, la derecha pinochetista que se jactaba de un límpido manejo de las cuentas públicas y de los éxitos de las primeras reformas económicas, ha sufrido duro revés cuando EEUU facilitó información sobre millonarias cuentas bancarias a nombre del ex dictador y de sus familiares. En Brasil, el gobierno de Lula pasa por su peor crisis, ante la avalancha de denuncias sobre corrupción, y el correspondiente alejamiento de sus mejores líderes como Plinio Arruda Sanpaio, uno de los históricos del PT.

En Costa Rica, se da un proceso ejemplar. Tres presidentes están en proceso judicial, acusados de soborno de una transnacional Alcatel. El Grupo de Río acordó respaldar las investigaciones contra los mandatarios Rafael Calderón, Miguel Angel Rodríguez y José Figueres. El primero ingresó a la cárcel. El segundo fue investido secretario general de la OEA, pero antes de cumplir el primer mes de funciones tuvo que renunciar al cargo.

Algo similar le ocurrió a Figueres, cuando asistía al Foro Económico de Davos, pero ahora se desconoce su paradero. La prensa informa que Calderón y Figueres habían empezado a pagar elevadas sumas de impuestos por ingresos no declarados. En San José de Costa Rica, no son pocos los que afirman que fue un error “no lavar los trapos sucios en casa”, porque el país ha perdido el crédito internacional del cual gozaba.

La corrupción en AL es expansiva. La autonomía de los poderes del Estado, es usurpada para fortalecer los feudos intocables, y para que presidentes, jueces, congresistas, ministros, funcionarios de diferentes niveles se echen la culpa para evadir responsabilidades sobre delitos de gran magnitud, en tanto las cárceles revientan con miles de miles de pequeños transgresores de la ley.

Los estudios sobre este tema indican que no menos del 20% de los ingresos fiscales se pierden en operaciones turbias o sin la debida evaluación del impacto de las inversiones públicas. Se entiende que la corrupción no sólo afecta los erarios nacionales sino también hay entidades privadas, como empresas y ONGs que lucran con recursos públicos. De cada dólar o euro que llega a América Latina, “no más de 30 centavos reciben los pobres”, estiman estadísticas recientes publicadas en Madrid sobre el rol de las ONGs. La comunidad de donantes ha financiado en AL una gran variedad de programas orientados a mejorar la gestión pública, pero la administración de algunos fondos sufre tropiezos cuando aparecen seudo asesores que sorprenden a alcaldes y comunidades que prometen actuar de intermediarios.

Para los medios de comunicación de la Región, la corrupción es un tema permanente. Pero, en el Perú, existe una prensa que protege a los acusados, en tanto otros insisten, con relativo énfasis, en la justicia. Los casos son tan numerosos y frecuentes que la ciudadanía ya no cree en los mensajes anticorrupción.

La corrupción latinoamericana se está manifestando como un fenómeno que trasciende las fronteras nacionales. El tráfico de drogas y armas, el terrorismo, el lavado de dinero y la exacción de los recursos públicos, son las principales fuentes de las nuevas y abruptas fortunas. Como afirmaba el poeta uruguayo Mario Benedeti: “se hace necesario corromper la corrupción”

En el Perú la red de corrupción liderada por Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori, creada a principios de la década pasada, no ha sufrido mayores castigos, a tal punto que el prófugo presidente o uno de sus representantes, anuncia participar en las elecciones de marzo del 2006. Los peces gordos como el banquero Dinosio Romero, militares de alta graduación y varios ex ministros de Economía, están libres. La justicia ha sido benigna con ellos. El hombre de la calle tiene la convicción que mucha plata sigue corriendo bajo los estudios de abogados y jueces.

Esa red de corrupción es responsable, entre otros delitos, de la venta de armas al Ecuador, cuando ese país estaba en guerra con el Perú. Utilizó fondos públicos para sobornar a propietarios de canales de TV y diarios que apoyaron incondicionalmente al régimen fujimorista. La corrupción política comprendió acciones de penetración y copamiento político del Poder Judicial. También se le sindica responsable de la utilización irregular de los aportes de jubilación de 300 mil oficiales de la policía.

Diversas operaciones de respaldo al sistema financiero permitieron el beneficio de funcionarios del Banco Wiese y del Banco Latino. Pero el escándalo judicial sobre el que se guarda silencio es el de Dionisio Romero y su Banco de Crédito. el más fuerte del país. Romero, según encuestas locales es considerado desde hace décadas “el empresario más poderoso del país”. En 1978 derrotó al precipitado proyecto estatizador de la banca del entonces presidente Alan García en 1987.

Durante el fujimorismo colocó a funcionarios de sus empresas en el Ministerio de Economía. Hasta que se conoció de su participación frecuente en reuniones con el jefe de la mafia, en el Servicio de Inteligencia Nacional. Si no fuera por el video Romero se hubiera retirado como el gran empresario, que en algún momento, en su tierra natal de Piura, fue comparado con el héroe marino Miguel Grau. Es acusado de haber manipulado la privatización a su favor del puerto arequipeño de Matarani y de nombrar administradores ad hoc para beneficiarse de una atractiva y rentable empresa pesquera con deudas en su banco. Hasta ahora ha logrado evadir la justicia, acusando de conflicto de intereses a uno y otro juez. Si pierde el juicio, Romero tendría que recibir por lo menos cuatro años de arresto.

La verdad es que en el Perú se siente que la administración Toledo ya abandonó lo prometido. Cuando asumió al poder el 28 de julio del 2001, recordó más de una vez el diario La República de Lima, se aprobó el nombramiento en el Congreso de las República de cinco comisiones investigadoras con todas las facultades de la Corte Suprema: para los delitos económicos y financieros 1990 - 2001, delitos cometidos por Montesinos, y por Fujiimori, operaciones de deuda externa y narcotráfico- Las conclusiones fueron presentadas ante el pleno del Congreso y pasaron al ministerio público.

Se formó una Mega Comisión Investigadora de la Corrupción 1990-2000. Continúan los juicios políticos para levantar la inmunidad de ex ministros y congresistas. Algunos ya fueron castigados para que no puedan hacer vida política ni ocupar cargos públicos hasta diez años. Pero el clima de desasosiego y frustración prevalece.

Jorge Zavaleta