Luego del informe hecho público por la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, observamos un lavado de manos, pero en agua sucia, por parte de las principales autoridades de la ciudad y del país, incluidas las de salud.

Sorpresivamente se piden más exámenes del agua de las tomas domiciliarias, cuando es público que una de las recomendaciones de las mismas autoridades de salud a toda la población (luego de los casos de hepatitis) es que debemos hervir el agua de consumo doméstico, por lo menos 20 minutos. También hay informes técnicos del Instituto Nacional de Higiene “Leopoldo inquieta Pérez” que por repetidas ocasiones ha constatado la mala calidad del agua que se entrega a la población de Guayaquil. Adicionalmente José Luis Santos, gerente de ECAPAG, empresa contratista de INTERAGUA, el 22 de junio reconoció ante la prensa que el cloro residual medido en el agua de las redes de distribución del suburbio oeste de la ciudad es de 0.20mg/ml acorde al contrato vigente entre ECAPAG e INTERAGUA; y que las muestras del agua INTRADOMICILIARIA tienen 0.02mg/ml de cloro. Por lo tanto es evidente que la primera cifra hallada está por debajo de la norma INEN 1.108, misma que establece 30mg/ml de cloro residual como mínimo. Peor aún, la cifra intradomiciliaria (0.02mg/ml) está mucho más lejos de la norma técnica.

A confesión de parte relevo de prueba dicen los juristas; entonces no cabe la defensa pública de INTERAGUA que en el mes de julio hizo el presidente Palacio, o las evasivas desde el mes de junio para actuar oportunamente por parte del alcalde Jaime Nebot.

Lo cierto es que hasta hoy ni el Director Provincial (o el Subsecretario de Salud), ni el Alcalde o el presidente Palacio –médico-, ni el Colegio de Médicos o las autoridades educativas han denunciado, menos sancionado a algún responsable, pese a que el propio Contrato de Concesión del Servicio de Provisión de Agua Potable a Interagua, suscrito hace casi 5 años, es ilegal, porque incumple una norma técnica vigente en el país.

Tampoco esto ha motivado que algún Fiscal u otra autoridad judicial haya actuado de oficio, cuestión que sí hemos visto hacer a la Fiscal General de la Nación cuando al parecer ha habido intereses poderosos que la conminan a hacerlo. Así, parece que ahora esos mismos intereses la obligan a ser sorda, ciega y muda ante este hecho.

Lo que sí hemos visto indignados es la estulticia de las autoridades provincial y regional de salud y de funcionarios de INTERAGUA, amenazando con sancionar a los profesores y padres de familia denunciantes de este delito contra la ciudad y su colectividad más pobre; y de manera inaudita han pretendido declararlos responsables por la mala calidad del agua que reciben.

El derecho a la salud de los pueblos ha sido continuamente vulnerado, porque se sigue entregando agua no apta para el consumo humano, a vista y paciencia cómplice de todas las autoridades responsables de garantizar a quienes pagamos planillas por agua potable y somos estafados, sin otra esperanza que su propia lucha, ya que es lo único que ha obligado por lo menos a la discusión del tema.

Entretanto, asistimos a mesas redondas, foros y debates donde fluye la retórica, y las conocidas amenazas de sanción que, cuando de intocables se trata, estila hacer el Alcalde de la ciudad, pero que jamás ha corregido el problema, como en el caso Vachagnón.

La empresa canadiense accionista dueña de INTERAGUA ha sido expulsada hace pocos meses de Cochabamba en Bolivia, mediante un levantamiento popular contra los elevados costos de las planillas y el pésimo servicio. Es posible que aquí tengamos que hacer lo mismo de inmediato, antes que nos toque vivir un desastre parecido al provocado por el huracán Katrina en Nueva Orleáns, donde los pobres son las víctimas del poder del estado en manos de agentes de las voraces empresas concesionarias.