Alfredo Palacio pretende dar continuidad a los proyectos hidroeléctricos que se presentaron en la administración de Lucio Gutiérrez, pero que evidentemente favorecen intereses de los grandes grupos económicos que manejan el país y que tratan de tener el control tanto político como económico del Ecuador. Uno de ellos es el “Proyecto Multiproposito Baba”, en la provincia de los Ríos, con una inversión de 200 millones de dólares; que son “grandes inversiones que permitirán el desarrollo del país"; dicen para justificar estas millonarias inversiones. Pero se trata del desarrollo a costa del despojo y atraso de los habitantes y comunidades de estos sectores, que se verán afectados con la construcción del mencionado proyecto.

Los estudios están a cargo de la CEDEGE (Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca Baja del Río Guayas), y mencionan que el Proyecto será de vital importancia para el país y en particular para la provincia de Los Ríos, pues brindará un sinnúmero de beneficios a los habitantes de las cuencas de los ríos Baba, Quevedo, Vinces y Guayas; brindará un componente de control de inundaciones y regulación de caudales incorporando miles de hectáreas a la producción agropecuaria, y contribuirá a evitar futuros apagones. Estas son ideas que probablemente solo queden en papel, porque sus habitantes están en desacuerdo con la construcción de esta represa y están dispuestos a impedirlo.

La lucha por impedir la ejecución de este proyecto se debe a que existe una ausencia total de garantías para la población, tanto en el área del embalse, como de las poblaciones ribereñas en el curso inferior de los ríos después de la represa que sufrirán las consecuencias del drenaje de aguas servidas.

La población teme que se pierdan las zonas de bosques primarios y secundarios, como también que se vea afectada la sobrevivencia de comunidades indígenas y campesinas, ante lo cual mantienen una posición de defensa de la vida y de lucha contra la privatización del agua en la cuenca alta del río Guayas.

Efectos negativos por la realización de este proyecto La zona afectada está ubicada en la parte sur de la provincia de los Ríos, en la parroquia Patricia Pilar, del cantón Buena Fe. Los cantones que serán afectados son: Quevedo, Buena Fe, Mocache y Vinces, incluso en la zona donde se pretende construir se inundarían unas 30 mil hectáreas de tierra que están en plena producción, donde existe todo un sistema de vialidad, de construcciones escolares; alrededor de 1.500 familias serían las afectadas.

A esto se suma que el proyecto no cumple con los requisitos esenciales y deja de lado los preceptos constitucionales y legales. No cuenta con el informe favorable del Ministerio de Medio Ambiente, que no aprobaría la construcción de una represa que a la larga se convertiría en un foco de enfermedades tropicales como el paludismo, dengue, mal de chagas, encefalitis y síndrome meningo encefálico, entre otros. Este proyecto Baba no consta en las prioridades del CONELEC, ya que servirá para aumentar la generación de energía eléctrica de la central del Daule-Peripa en apenas 45 megavatios.

Además, el Estado reconoce en el Art. 84 de la Constitución que para la ejecución del mencionado proyecto se debe tomar en cuenta la opinión de los moradores de la parroquia, el cantón y la provincia. Motivos por los que el Bloque del Movimiento Popular Democrático, presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, con la finalidad de derogar los decretos ejecutivos 2174, emitido en el anterior gobierno, y el 176 emitido por el presidente Palacio, con los que se declara prioridad nacional el “Proyecto Multipropósito Baba.”

El verdadero trasfondo para la construcción de este proyecto es, la privatización, venta y exportación del agua a países europeos, este es el gran negocio del futuro.

El Ecuador es poseedor de una gran riqueza hídrica, que puede abastecer las necesidades energéticas por las que atraviesa el país, pero el interés político y económico que está detrás de estos proyectos hidroeléctricos es más poderoso que las necesidades de dar un buen servicio a la ciudadanía que paga por ser atendida. Se gastan cientos de millones de dólares en proyectos que dejan a su paso destrucción, obras inconclusas, división de tierras comunales, pagos ínfimos por las expropiaciones de los predios afectados y, por ende, la generación de más pobreza, migración y desempleo al bajar la producción agrícola.

Las poblaciones afectadas dicen No a la construcción del “Proyecto Baba”

Adolfo Puente Frente Popular de los Ríos

El proyecto se denomina “multipropósitos” de acuerdo a los estudios realizados por la CEDEGE y el interés del prefecto de Los Ríos, Jorge Manuel Marun, de llevar el agua hasta la cuenca baja del río Guayas a través de un desvío del proyecto de represa Baba-Vinces, que la traslada al Daule-Peripa para el regadío de tierras de la Península de Santa Elena, en donde tienen tierras Jaime Nebot, Juan José Pons, la familia Bucaram y el mismo prefecto Marún.

Existe oposición de los sectores populares, campesinos, de los pequeños y medianos productores, porque existen cuestiones de trasfondo, documentos ocultos. A más de llevar el agua a la Península de Santa Elena para beneficiar algunos agroindustriales, se pretende crear una gran planta de procesamiento del agua, para venderla e incluso exportarla a algunos países del continente Europeo, de manera que lo que se quiere en definitiva es la privatización del agua de esta provincia. Ese es el motivo por el que lo denominan “Proyecto Multipropósitos”.

Experiencias como las dejadas por el proyecto Daule–Peripa, a 15 Km del río Baba, son las que la gente de Buena Fé y Patricia Pilar no quieren volver a repetir: los campesinos de ese sector fueron desplazados sin el pago de sus tierras, no existió una previa notificación, la gente desplazada no tenía donde refugiarse, a más de los daños ambientales, el aislamiento de varias comunidades productivas en la provincia de Manabí, que realizaban su comercio con los cantones de la provincia de los Ríos: Buena Fe, Patricia Pilar, parte del cantón El Empalme de la provincia del Guayas y Pichincha.

La intención para la que fue construido el Daule-Peripa no ha cumplido su propósito y está en total abandono, hay una cantidad de agua represada y llena de maleza, porque no se ha dado el mantenimiento del agua represada. Esta situación alerta a los pobladores de la zona donde se pretende construir el Proyecto Baba.

Ningún beneficio acarrearía la construcción de este proyecto ya que se afectaría el ecosistema y la biodiversidad de la zona, además de dejar incomunicadas a las parroquias Patricia Pilar y Santa María del Toachi del cantón Santo Domingo, con la destrucción del único puente que comunica a todas estas sectores productivos, afectando al comercio y a la economía de estas poblaciones.

Acciones de la población afectada...

Frente a esta resistencia de la población, la CEDEGÉ ha tratado de hablar con los sectores afectados, con el objetivo de socializar la problemática del proyecto, pero siempre actúan como representantes los grandes productores-exportadores, organismos gubernamentales y personeros de CEDEGÉ, excluyendo a los representantes de la población afectada que son más de doce mil personas y parte del territorio de la etnia Tsáchila.

Entre otros frentes de lucha está la conformación de la Coordinadora “Por la No Construcción de la Presa Baba”, y entre sus conclusiones y resoluciones exige que la CEDEGÉ entregue todos los estudios del proyecto, porque hasta la fecha solo se han entregado siete de los trece volúmenes, donde se hace referencia a la ejecución de otros tres embalses, denominados La Libertad, Puebloviejo y Mantequilla - este último que anegaría el Humedal de Abras de Mantequilla -un lugar ecológico de amplia biodiversidad-conforme se desprende del mapa global del proyecto al que la Coordinadora ha tenido acceso.

En su plataforma de lucha consta la apelación a un comité internacional para auditar social, ambiental y económicamente el proyecto de CEDEGÉ, teniendo como antecedente la deplorable experiencia de la represa Daule–Peripa. También solicitarán apoyo técnico a las universidades y centros de investigación agropecuarios del Ecuador para finalmente levantar una denuncia y posteriormente un juicio de ámbito internacional, por atentar contra los derechos humanos y socio-económicos de las comunidades afectadas.