Problema de psicología

Después de dos semanas en que las FARC han bloqueado el transporte terrestre en el departamento de Arauca se publican en la prensa escrita las dos declaraciones siguientes:

“El gobernador, Julio Acosta Bernal, califica como “un paro psicológico” lo que está ocurriendo en su departamento: “A través de teléfono (las FARC) llaman para intimidar y dar órdenes a las empresas y a la gente. Y lo peor de todo es que les comen cuento a esas amenazas y paralizan”[1].

“Primero, la guerrilla nos obliga a parar, amenazándonos con quemar los carros. Y ahora nos llegan las AUC a decirnos que nos van a incinerar los taxis si no salimos. Estamos en un sánduche”, dijo un taxista”[2].

El paro psicológico ha dejado hasta el momento 9 torres eléctricas voladas y 5 vehículos quemados, 3 policías asesinados, pérdidas para los comerciantes y transportadores estimadas en doce mil millones de pesos. El martes 18 de octubre, el periodista Élber Yesid Ramírez Rincón, secretario privado del Alcalde de Arauquita, fue asesinado a tiros mientras almorzaba, al parecer por miembros de las FARC.

Pero al Secretario de Gobierno lo tranquiliza el que no se hayan disminuido los 90.000 barriles diarios de crudo que corren hacia Coveñas por el oleoducto de Caño Limón. Y el Comandante de la Brigada 18 del Ejército Nacional asegura que sus tanquetas también pueden defender a los cerca de 300.000 pobladores que no trabajan en la refinería. Sólo que los taxistas y los camioneros, por algún problema psicológico, no les creen.

Aquí está la clave del asunto. Como en cualquier guerra, en Arauca se ha perdido la confianza y, por consiguiente, la tranquilidad. Esta es, sin la menor duda, la pérdida más grande, porque se trata de la confianza de la población en sus representantes, junto con la tranquilidad de la vida cotidiana. La pérdida de la confianza en sus representantes y las respuestas desenfocadas de éstos explican buena parte de los brotes anárquicos en Colombia y las reiteradas violaciones de todos los derechos humanos. La pérdida de la tranquilidad ha llevado a que se intente comprar la seguridad a cualquier precio, así sea la versión democrática del Presidente Uribe, que se está vendiendo con repuesto incluido.

Los vecinos de Arauca, al igual que los del Meta, alegan 17 buenas razones, entre otras, para no creerle ni al Gobierno ni al Ejército:

(1) El lunes 8 de agosto, el alcalde del municipio de El Castillo ratificó el Decreto No. 010 acerca de la restricción de bienes de supervivencia alegando que, como la guerrilla obliga a los campesinos a llevarles el mercado, hay que restringir los alimentos para los campesinos.

(2) El martes 9 de agosto, ingresaron a media mañana tres camiones con semillas de palma aceitera en dirección al caserío de Caño Tigre, municipio de El Castillo, con carga para un semillero de 10 hectáreas. Según los pobladores de la región, el cultivo de palma aceitera en el municipio de El Castillo esta siendo impulsado como parte de la implementación de la política petrolera y de producción de biodisel.

(3) El domingo 28 de agosto, “Colacho”, comandante paramilitar del municipio El Dorado, permaneció en el casco urbano de Medellín del Ariari, en compañía de “Caballo”, comandante paramilitar de dicho municipio.

(4) En la mañana del lunes 29 de agosto, una ambulancia del centro de salud del municipio de El Castillo, estacionó en El Esquinazo, en Medellín del Ariari. Allí estaban “Caballo” y el “Pipa”, los cuales ordenaron a sus secuaces cargar tres bultos al interior de la ambulancia y escoltarla hacia su destino.

(5) En la mañana del jueves 13 de octubre, Diego Gutiérrez, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de Malavar, salió de compras, en su bicicleta, hacia el casco urbano de Medellín del Ariari. Hacia el final de la tarde, sus amigos preocupados por la tardanza acudieron a los paramilitares sin obtener ninguna respuesta. De regreso al caserío Malavar, observaron rastros de una bicicleta y a escasos doscientos metros, entre las matas de yuca y plátano, encontraron el cuerpo sin vida de Diego, con 14 puñaladas en el costado izquierdo, los testículos y la oreja izquierda mutilados, los dientes partidos, hojas de plátano dentro de la boca y señales en las manos de haber sido amarrado.

(6) Tres meses antes, el lunes 11 de julio, en el caserío de Malavar, soldados del Batallón 21 Vargas habían ingresado, sin orden judicial, a la casa de Félix, hermano de Diego, y se lo habían llevado a la sede del batallón en el municipio de Granada, en donde permaneció detenido durante 12 horas.

(7 - 17) El asesinato de Diego Gutiérrez se suma al de Octavio Flórez (1 de junio de 2003), al de Elías Fajardo (30 de agosto de 2003), al de Pío Quinto Hernández y Humberto Hernández (28 de octubre de 2003), al del estudiante de 17 años de edad Juan Carlos Guiza (11 de enero de 2004), al ametrallamiento a un vehículo de servicio público, donde resultaron heridas cinco personas (28 de febrero de 2005).

Problema de oído

Todo lo anterior no hace sino evocar el trágico sino de Arauca: la violencia, definida por el diario El Espectador[3] como guerra por el subsuelo petrolero: “el reciente asesinato en Arauca de los tres investigadores norteamericanos que apoyaban a la comunidad indígena U’wa, sólo constituye uno más de los episodios de violencia en la historia de este departamento, que parece signado por una maldición tras el descubrimiento del petróleo”.

La edición de El Tiempo del 29 de septiembre de 2001 reportaba: “más de 300.000 habitantes del departamento de Arauca permanecían ayer incomunicados por vía terrestre después de que las empresas transportadoras fueron amenazadas por el frente 10 de las FARC. … Desde el jueves pasado el grupo guerrillero adelanta un “paro armado” indefinido en protesta por la avanzada paramilitar que se registra desde la semana pasada…Las FARC precisaron que combatirán a los miembros de las autodefensas que desde el Casanare quieren ingresar al territorio donde operan sus frentes 10 y 45 y el Domingo Laín del ELN”

Esa historia reciente empieza en los años ochenta con la llegada de los sobrevivientes del ELN que empiezan literalmente a “vivir del tubo”, o sea de las amenazas a las petroleras y a los campesinos de los alrededores. Entre enero de 1989 y mayo de 1994 se registran 1.115 asesinatos en Fortul, Saravena, Tame, Arauquita y en la propia capital Arauca. Las FARC también llegan a Arauca, donde pone la gallina de los huevos de oro. Y por último, en el año 2001, Carlos Castaño declaraba que 300 paramilitares estaban entrando a Arauca: “van a empezar a morirse los guerrilleros”[4]. Pero de hecho, ya en noviembre 1998 se había perpetrado la masacre de 5 personas, tres hombres y dos mujeres, en La Cabuya, corregimiento de Tame. De la presencia paramilitar se habla ya en 1993, y se dan las cifras correspondientes de muertos.

De nada había servido el paro cívico indefinido de septiembre de 2001, organizado por 6.000 campesinos que marcharon en Tame, Arauquita, Saravena y Fortul para protestar por la presencia de grupos paramilitares y violaciones de los derechos humanos. Estos clamores encontraron oídos sordos.

No hay peor sordo que el que no quiere oír. Un “paro auditivo” que ha caracterizado a la dirigencia colombiana frente al clamor popular por un estado de derecho que dé garantías a todos los ciudadanos, por un sistema de justicia que consiga erradicar la impunidad del homicidio como argumento político y económico, por un sistema económico que brinde oportunidades a todos los colombianos. Tamaña sordera, que tiene resultados tan mortíferos, tiene también un remedio eficaz en la aplicación de los derechos humanos. Eso pedían los araucanos en el paro cívico del 2001. Y eso siguen pidiendo en el año 2005.

[1] El Tiempo, 20 de octubre de 2005, p. 13

[2] El Tiempo, 11 de octubre de 2005

[3] 9 de marzo de 1999

[4] El Tiempo, 14 de abril de 2001

Alejandro Angulo S.J