La rapidez con la que se producen los acontecimientos políticos caracteriza la vida del Ecuador en estos días, poniendo en evidencia no solo cómo uno u otro sector calculan y manejan sus movimientos e intereses, sino también la magnitud de la crisis que atrapó al país hace algunos años y de la que no puede librarse.

Cuando el pasado viernes 14 de octubre Lucio Gutiérrez aterrizaba en Manta -arribo con mucho simbolismo, pues lo hizo en la Base Militar en posesión del ejército de los Estados Unidos-, todo parecía indicar que aquel se convertiría en el foco de atención periodístico y político en mucho tiempo, dado su interés por mostrarse como el centro de la oposición burguesa al Gobierno, en circunstancias en las que éste se encontraba sumamente debilitado por la salida de Oswaldo Molestina del Ministerio de Gobierno y por el definitivo fracaso de la consulta popular y la reforma política consensuada entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Sin embargo, las cámaras pronto tuvieron que fijar su enfoque en otro punto: Palacio, de cara a los grandes problemas acumulados y particularmente por la soledad en la que iba quedando por el distanciamiento –aunque sea circunstancial y muy puntual- con el Partido Social Cristiano y la Izquierda Democrática, asunto que mermaba aún más su ya golpeada imagen, encontró en la convocatoria a una consulta para que resuelva la realización de la Asamblea Constituyente, la tabla de salvación que él mismo se fabricaba para salir del atolladero.

Planteamiento “con piola”, porque Palacio fue categórico en manifestar, meses atrás, que desechaba por completo la realización de la Asamblea Constituyente, y además en las actuales circunstancias, sin duda, sabía que el TSE rechazaría su pedido de convocar a la consulta, como efectivamente ocurrió, dado que el PSC, la ID, el PRE y el PRIAN hacen mayoría en dicho organismo. Sin embargo no perdió la oportunidad para adjuntar a su pedido un estatuto electoral antidemocrático que, aunque supuestamente buscaba garantizar la participación de diversos sectores sociales en la Asamblea, en los hechos los restringía por los requisitos, mecanismos y excepciones de participación formuladas.

De hecho Palacio buscaba, y en parte logró, ganar la iniciativa política en la confrontación con los partidos que controlan el Congreso, y cosechar el respaldo particularmente de quienes antes ya lo apoyaron y aseguraron que aquel era una opción de cambio, como ocurrió con algunos dirigentes de los denominados movimientos sociales y de la tan promovida “sociedad civil”, que de lo que se puede ver la constituyen los jefes y funcionarios de las ONGs que rinden cuentas a instituciones del extranjero; sectores que justifican el antidemocrático estatuto electoral del Palacio bajo el criterio de que, por sobre todo, lo importante es que se convoque a la Constituyente, sin importar cómo se la estructure. Parangonando, sería como sugerir que lo importante es llenar el estómago hambriento de millones de ecuatorianos, aunque sea con veneno.

En todo caso, Palacio supo sintonizarse con un sentimiento presente en un significativo sector de los ecuatorianos (la convocatoria a la Constituyente) y lo está aprovechando para el “tira y afloja” con el Congreso, al tiempo de aparecer como ferviente partidario de dicha institución política.

Por el lado de los partidos oligárquicos opuestos a la Constituyente, el vaivén político también es notorio. Coincidieron con Palacio en evadir la consulta popular, aprobando en el Congreso la famosa reforma política. Como aquello no tuvo eco, y más aún suscitó el rechazo de varias organizaciones populares y de izquierda, aparentemente accedieron a dar paso a la consulta que, como todos sabemos, fracasó porque sus particulares intereses les impidieron ponerse de acuerdo en el contenido de la misma. Luego de la total negativa a la Constituyente, y por la repulsa popular que aquello ha provocado, se apropiaron del discurso condenatorio al estatuto antidemocrático propuesto por Palacio, para luego plantear que lo viable es una Asamblea Constitucional y no la Constituyente. Asunto que, por cierto, para muchos parece un juego de palabras, aunque en realidad es un juego de intereses.

Así las cosas, la posibilidad de que se concrete la Asamblea Constituyente se aleja. En el propósito de recuperar espacios, el gobierno ha “reconocido” que el estatuto electoral tenía limitaciones y que está “abierto” a reformar ese instrumento con las opiniones de diversos sectores sociales para insistir en el asunto, asegurándose en sus manos un mecanismo de presión.

Pero los resultados son previsibles, a no ser que se produzcan dos circunstancias: La una, que se genere un movimiento de masas lo suficientemente fuerte y de amplia cobertura nacional que obligue al Congreso un nuevo cambio en su postura política; y, la segunda, que Palacio rompa el orden constituido para convocar la Constituyente, eventualidad que por supuesto le exige contar con una gran fuerza que lo apoye.

En todo caso el país ha entrado a un nuevo momento, en el que, al menos por unos días, el punto será Asamblea Constitucional o Asamblea Constituyente, mientras temas medulares como las negociaciones del TLC o la caducidad del contrato de la OXY se esfuman tras esa estela. El socialcristianismo, la Izquierda Democrática y otros buscan entrampar en este asunto el “debate político”, para ganar tiempo y luego darse cuenta que no hay tiempo para una ni otra Asamblea por la proximidad de la elecciones del 2006. Pero para amortiguar las cosas, en este lapso procurarían aprobar algunas reformas, reaccionarias por supuesto, para justificar su “voluntad” de llevar adelante la reforma política, y con ello conciliar con el programa político del Gobierno central. Es un hecho que no habrá acuerdo entre Ejecutivo y Legislativo en relación al tipo de Asamblea, por lo que corresponde al pueblo dirimir al respecto. Lo lógico es que se convoque a una consulta en la que se escoja entre la Asamblea Constitucional o Asamblea Constituyente, a lo que debe incorporarse si se suscribe o no el TLC.

Es notorio que la propuesta formulada por diversos sectores populares de ir a la Asamblea Constituyente no solo que va tomando fuerza, sino que va sustentándose de mejor manera en sólidas propuesta nacidas de quienes en realidad tienen interés de su realización. No solo se exige que se reúna la Constituyente, sino que ésta tenga plenos poderes y sea el fruto de un estatuto profundamente democrático, para garantizar una composición que asegure la introducción de cambios positivos y progresistas en el andamiaje político y jurídico del país.