Luego de las denuncias que este medio de comunicación realizó acerca del verdadero origen y propósitos de varias de las supuestas organizaciones y representantes de la ‘sociedad civil’ -que se movilizaron e invirtieron ingentes recursos para una campaña de destitución de las autoridades de la Corte Suprema de Justicia, Tribunal Supremo Electoral y Tribunal Constitucional, y que aprovecharon muy bien el descontento del pueblo de Quito con el gobierno de Lucio Gutiérrez para darle un curso propio a la rebelión del pasado mes de abril-, estos personajes perdieron credibilidad frente a la ciudadanía, pero ahora reaparecen en las pantallas de televisión convertidos en posibles candidatos para ocupar -si se llegara a concretar- las curules de la eventual Asamblea Constituyente. Por ello es importante que recordemos una vez más quiénes son estos ‘angelitos’ de la política ecuatoriana: Valeria Merino (Transparencia Internacional), César Montúfar (ex Participación Ciudadana) y Norman Wray y María Paula Romo (Ruptura de los 25).

Los gringueros de la ‘Sociedad Civil’

Valeria Merino es directora Ejecutiva y Fundadora de la Corporación Latinoamericana para el Desarrollo (CDL) y representante de Transparencia Internacional (TI) capítulo Ecuador, ex miembro del Directorio Mundial de TI y parte de la Asamblea y del Comité Ejecutivo de Participación Ciudadana. Según el periodista mejicano de origen alemán, Heinz Dieterich (Rebelión), TI capítulo Ecuador recibió cerca de 339 774 dólares para un proyecto de preparación de la ‘Sociedad Civil’ de cara a participar en la XXXIV Asamblea de la Organización de Estados Americanos que se realizó en el Hotel Swissotel de Quito, del 6 al 8 de junio del año anterior. “El propósito de este financiamiento internacional era cumplir el objetivo de establecer los mecanismos para una amplia, representativa y proactiva participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs) del Ecuador y del hemisferio”.

En ese entonces, y para apoyar estos objetivos, el Gobierno de Lucio Gutiérrez constituyó el denominado “Comité de Gestión de la Sociedad Civil”, integrado por Cornelio Marchán y su representante María Paula Romo (Fundación ESQUEL), Adrián Bonilla (FLACSO), y Valeria Merino Dirán (CLD/TI). Del total de este presupuesto, “el coordinador de la Secretaría Técnica (CLD/TI) cobraría 1 800 dólares al mes, es decir, 7 200 dólares por los cuatro meses de duración del proyecto. La telefonía celular utilizada costaría 3 200 dólares y la fija 4 000. El Foro Nacional de la Sociedad, a realizarse los días 26 y 27 de abril en el Hotel Hilton, costaría 7 128 dólares. El Foro Hemisférico de la Sociedad Civil, del 2 al 6 de mayo costaría 162 069, más los talleres. A los conferencistas estelares de los talleres se les pagaría la modesta suma de 1 500 dólares por concepto de honorarios profesionales. Para el Diálogo Informal con la sociedad civil, a realizarse del 5 al 9 de junio, se gastarían tan solo en boletos aéreos más de 30 000 dólares. La cena de bienvenida para los ‘participantes y expertos’, que refleja también el espíritu de ahorro y transparencia internacional que caracteriza toda la organización del evento: unos magros 2 400 dólares, con los cuales se agasajaría a los democratizadores y los luchadores contra la corrupción en el hemisferio”, indica Dieterich en su investigación.

Del total del presupuesto tentativo, Washington habría pagado el 32%; el gobierno ecuatoriano alrededor del 22%, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el 20%; la Fundación alemana Konrad Adenauer (KAS) el 8%; y la OEA el 8%. Los representantes de la “sociedad civil”, que organizaron el evento para la participación de “la ciudadanía” en la reunión de la OEA, esperaban además que la USAID cancele la cantidad restante de los gastos.

Esto muestra las conexiones que esta abanderada de la justicia en el Ecuador tiene con organismos del imperialismo, a órdenes de quienes trabaja en el Ecuador y de los cuales maneja grandes sumas de dinero.

Yéndose un poco más atrás, se puede ver incluso que Valeria Merino, para tener el contacto con Transparencia Internacional, tuvo el padrinazgo de uno de los símbolos de la corrupción en el Ecuador, hasta hoy prófugo de la justicia: Alberto Dahik, que también era parte del Consejo de Asesores de esta fundación internacional, y quien la auspició para que participe en la primera reunión de TI que se realizó en Quito en 1994. Desde ese entonces la Corporación Latinoamericana para el Desarrollo (CLD), donde Valeria Merino es Directora Ejecutiva, forma parte de la ONG Transparencia Internacional, organización que se financia de poderosos organismos y grupos de poder transnacionales como: IBM, Daimler Chrysler, Lufthansa, Siemens, Enron Corporation, General Electric, Exxon, General Motors, Texaco, Rockwell, Rio Tinto plc, Renault, Vivendi, Petrofina, Banco Mundial y USAID.

De otro lado, en una denuncia que realizó el 2 de febrero de este año el ex diputado Rodrigo García Barba, ex Pachakutik, se señala que Valeria Merino “forma parte de los auto designados “Superdetectives”, ya que pertenece a la transnacional de seguridad e investigaciones norteamericana llamada “LATINACCESS Y DECISIÓN STRATEGIES FAIRFAX”, que entre otros aspectos se dedica al espionaje informático e internet para recaudar toda información que es del Servicio de Rentas Internas Internas (SRI), Juzgados y Cortes de Justicia (por medio de Projusticia, financiada por el Banco Mundial)”.

Con todo esto, saltan algunas interrogantes: ¿Por qué si CLD/TI es una organización que combate la corrupción y fortalece la democracia a través de distintas áreas de acción tales como la administración de justicia y el desarrollo sustentable, Merino fue auspiciada por un ex vicepresidente ecuatoriano que huyó por ser acusado de malversación de fondos? ¿Por qué CLD/ TI organizó la participación de la sociedad civil en una reunión de la OEA en Quito, donde fue elegido Miguel Ángel Rodríguez como nuevo Secretario General, y quien luego fue destituido por ser acusado de corrupción cuando era presidente de Costa Rica? El tema principal de esta reunión de la OEA era: “Desarrollo Social y la Democracia frente a la incidencia de la Corrupción”. Es justo que al hablar de transparencia se lo haga sobre la base de antecedentes y prácticas concretas de la gente.

César Montúfar, recordado exdirector de Participación Ciudadana (PC), Ph.D., Departamento de Ciencias Políticas, New School for Social Research, Nueva York; maestría, Departamento de Ciencias Políticas y New School for Social Research, Nueva York; según la web de PC, firmó un convenio de apoyo con la USAID por cerca de 2’374 397 dólares con un plazo de ejecución de 30 meses; es decir, desde el 1 de abril del 2003 al 30 de septiembre del 2005. Según la Auditora Deloitte & Touche, que realizó la respectiva auditoría de los recursos recibidos por esta organización, “ PC y la USAID aprueban un convenio con el propósito de apoyar los objetivos de la democracia de los Estados Unidos en el Ecuador y ayudar a consolidar la ONG Corporación Participación, la cual desempeña un papel importante en asegurar la libertad y justicia en las elecciones generales en el Ecuador”. Luego de cumplido el objetivo de los Estados Unidos en la ‘democracia ecuatoriana’, Montúfar dejó de ser director de PC el pasado mes de septiembre justo al vencerse el convenio con la USAID (¿Qué es la USAID?, leer OPCIÓN edición 81). Sin embargo, ahora encabeza otra ‘organización’ denominada “Clave Democrática”, con los acostumbrados plantones, que se presume forman parte de otro proyecto yanqui para la desestabilización de la democracia en el Ecuador.

María Paula Romo y Norman Wray, voceros de los Ruptura 25 y consultores del Área de Democracia y Formación Ciudadana de la Fundación Esquel, área donde nacería la propuesta de crear Ruptura de los 25 para desarrollar proyectos de reforma alrededor de la justicia, como el de “Formación Ciudadana y Responsabilidad Social”.

Según información de la página web de Esquel, esta fundación recibió 1’153 251 dólares de la USAID en el año 2003 para ejecutar estos proyectos, dinero que serviría para las campañas ‘democráticas’ que organizan estos supuestos representantes juveniles de la ‘sociedad civil’. Estos voceros, junto a la mayoría de quienes integran este grupo, son estudiantes y profesionales de la Universidad más cara de la capital: la Universidad San Francisco de Quito. ¿Creen ustedes que estos jóvenes representen a la ‘sociedad civil’?

De otro lado, también se les acusa (a María Paula Romo y Norman Wray) de haber respondido a los intereses de la ex Corte Suprema de Justicia (CSJ) encabezada por Armando Bermeo y Hugo Quintana. Romo estaría relacionada con los ex jueces Arturo Donoso y Santiago Andrade; y Norman Wray con su tío Alberto Wray, ex asesor jurídico del ex Presidente Jamil Mahuad y ex abogado defensor de los magistrados destituidos el año pasado por la ‘Pichicorte’. Hoy, luego de encabezar las movilizaciones ‘forajidas’ para la caída de Lucio Gutiérrez y dejar el poder en manos del Partido Social Cristiano (PSC) y la Izquierda Democrática (ID), aparecen como fieles candidatos para la engañosa Asamblea Constituyente. Mientras tanto, en la elección de nuevos magistrados de la nueva CSJ aparecerían los nombres de quienes estos dos jóvenes defendieron.