Desde la elección del señor Hugo Chávez a la presidencia de la República se han multiplicado los ataques contra la democracia venezolana, con flagrantes pruebas de ingerencia por parte de Estados Unidos.

El 11 de abril de 2002, el presidente Chávez fue víctima de un golpe de Estado promovido por la administración Bush con la complicidad de los sectores más antidemocráticos de la sociedad venezolana. Menos de 48 horas después, la junta golpista se vio rechazada por la movilización popular, que exigió sin descanso y con éxito el regreso del representante legítimo de la nación.

Pero la oposición, no contenta con el fracaso de su golpe, intentó en diciembre de 2002 sabotear la industria petrolera, vital para el buen funcionamiento del país, y causó daños colosales a la economía venezolana.

En agosto de 2005, durante un programa de televisión de gran audiencia en EE.UU., el reverendo ultraconservador Pat Robertson, muy cercano a la Casa Blanca, hizo un llamado al asesinato del señor Hugo Chávez sin tener por ello ningún problema ulterior con la justicia estadounidense. Su asesinato «nos costaría mucho menos caro que iniciar una guerra», afirmó.

En septiembre de 2005, el presidente Hugo Chávez denunció públicamente la existencia de varios planes de invasión de Venezuela por parte de las fuerzas militares estadounidenses. Washington no deja de estigmatizar al líder venezolano como si fuese «una fuerza negativa» para la seguridad del continente americano.

En noviembre de 2005, el gobierno del señor José Luis Rodríguez Zapatero se vio sometido a intensas presiones por parte de Estados Unidos con el fin de que España no procediera a la venta de armas a Venezuela. Washington dio pruebas con ello de un patente desprecio a las reglas diplomáticas internacionales.

Durante los últimos seis años, la oposición venezolana ha sufrido once derrotas electorales consecutivas, y ello a pesar de todas las campañas mediáticas que organizó contra el gobierno legítimo del señor Hugo Chávez.

Frente a esta desbandada ininterrumpida, la oposición, que ha perdido toda base popular, decidió boicotear las últimas elecciones parlamentarias con el objetivo de socavar el proceso democrático. Serias sospechas pesan sobre Estados Unidos, considerado como el promotor de esta nueva tentativa de desestabilización.

La oposición venezolana, en parte financiada por Washington, que se niega a plegarse a las reglas electorales, toma así como rehén a la democracia. ¡Eso es inaceptable!

¡Las decisiones soberanas del pueblo venezolano deben respetarse, pues el porvenir de la nación no se decide en las oficinas de la Casa Blanca, sino en las urnas bolivarianas!