Analistas citados en el portal Finanzas.com señalaron que la victoria de Morales afectó a los títulos de Repsol YPF, debido a que el ganador de las elecciones bolivianas repitió varias veces su su intención de nacionalizar la industria energética del país.
Bolivia es la segunda reserva de gas natural en Sudamérica, por lo que una probable nacionalización de los recursos naturales demandada por la población, entre otros el gas natural, es una "mala noticia para Repsol", por lo que la compañía "será castigada a corto plazo por la incertidumbre política".
La edición internet de El Mundo señala que fuentes de la petrolera no quisieron valorar el asunto y tan sólo señalaron que Antoni Brufau, presidente de la compañía, "ha felicitado" por teléfono a Morales y le ha mostrado su disposición "a seguir trabajando en beneficio del país y de Repsol".
Un analista citados en El Mundo, afirman que "llevará un tiempo ver en qué medida afecta la llegada de Morales al poder. Tienen que proclamarse y promulgar las leyes".
La analista Natalia Aguirre, dijo a El Mundo, que "Evo Morales tendrá que decidir su política económica y me parece raro que siendo Bolivia un país con tanta necesidad de financiación se nacionalicen los hidrocarburos".
Según datos que se informan en España, la petrolera extrajo en Bolivia el pasado año 10,6 millones de barriles de petróleo y obtuvo una producción de gas de 39,3 millones de barriles equivalentes. La compañía opera 32 bloques en Bolivia, con unas reservas probadas de 1.308 millones de barriles equivalentes de petróleo a fin de 2004.
Hace dos años, cuando Repsol impulsaba el proyecto de exportación de gas natural boliviano por puertos chilenos, un ejecutivo de Repsol declaró en una conferencia realizada en Santa Cruz que por cada dólar invertido, la petrolera se lleva 10.
Repsol tiene en Bolivia un costo de producción un poco inferior a 1 dólar por barril equivalente de petróleo, un nivel considerado el más bajo del sector.
La petrolera opera en Bolivia amparada en un contrato que no fue ratificado por el Congreso, como manda la Constitución, razón por la que existen pedidos judiciales para su anulación.
