Extrañamente el Congreso Nacional apoyó el planteamiento de los alcaldes y prefectos del país que se encuentran agrupados en la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), Consejo Nacional de Juntas Parroquiales del Ecuador (CONAJUPARE) y el Consorcio de Consejos Provinciales (Concope) para que se les entregue el presupuesto que por Ley consta en la Constitución, es decir la asignación del 15% del Presupuesto General del Estado, que se calcula sobre los ingresos corrientes totales del Gobierno, incluidos los ingresos petroleros. Más allá de la justicia que implica el hecho de que se cumpla con esta disposición constitucional, lo que se presenta como evidente es que los futuros candidatos de la mayoría PSC-ID-Pachakutik están trabajando ya para las próximas elecciones y ganándose a sus electores.

Este apoyo súbito del Legislativo se basa en un dictamen de la Procuraduría del Estado, que ha señalado que los recursos petroleros sí son ingresos corrientes. Según los cálculos del MEF, en la proforma del 2006, que asciende a 8 564,21 millones de dólares, se destinaba a los gobiernos seccionales 669,57 millones de dólares. Este cálculo no incluía los recursos petroleros como gasto corriente sino como ingresos de capital (que según dicen no se pueden tocar), por lo que existía un déficit de 138 millones de dólares en contra de los municipios y prefecturas del país, incumpliendo de esta manera lo que estipula la Ley y la Constitución.

La proforma presupuestaria para el 2006 fue aprobada en el pleno del Congreso con 62 votos provenientes de la ID, PSC, Pachakutik, PSP, Socialistas e independientes; se aprobó la reasignación de 138 millones de dólares para los gobiernos seccionales. 18 son los sectores beneficiados por estas reasignaciones, que llegan a 396,9 millones de dólares, y que saldrán de los dineros que estaban destinados para el pago de la deuda pública, disminuyendo el porcentaje para ese gasto de 33,4% a 28,8%. Lo asombroso es que partidos de la derecha hoy defiendan el no pago a la deuda tanto interna como externa, tesis que siempre había provenido de la izquierda. Pero todo se explica estando a las puertas el proceso electoral del 2006.

Pero como en todo lo que hace la derecha, esta decisión tiene su trampa: la distribución aún sigue siendo inequitativa, el reajuste exactamente será de 138 millones, de los cuales 82 serán distribuidos para los gobiernos seccionales de las cinco provincias más pobladas del país y de dominio de estos partidos. Es decir, a Guayas corresponderá 32 millones, a Pichincha 19, a Manabí 15; y 16 millones para Los Ríos y Azuay.

Y el saldo, apenas 56, 9 millones de dólares se distribuirán entre las restantes 17 provincias. Si el reparto fuera equitativo correspondería a un promedio de 3 millones para cada uno, pero como se hace en función de la población, a unas les tocaría menos de 1 millón, como a las amazónicas. En este sentido el Congreso no actúa de manera solidaria ni equitativa, sino con criterio político electoral. Con el reajuste, el monto por la Ley del 15 por ciento que recibirán los gobiernos seccionales será de alrededor de 877 millones.

Por otro lado, con la aprobación de la pro forma se ratificó que el Gobierno destine un alto monto de recursos a las Fuerzas Armadas y a la Cancillería con el propósito de que se continúen las acciones de involucramiento del país en el Plan Colombia. Y la inversión en el área social, es decir educación y salud, sigue siendo mínima.