Varios países isleños corren el riesgo de verse arrasados si el nivel de los mares crece con el calentamiento global. El presidente de la república de Kiribati (un islote de 90 mil habitantes con muy pocos metros por encima del nivel del mar), Anote Tong, calificó de “ecoterrorismo” a la falta de voluntad de los poderosos para frenar el recalentamiento global. “Estos actos deliberados por parte de algunos, destinados a garantizar sus beneficios en detrimento de otros, pueden ser comparados a actos de terrorismo, a ecoterrorismo”, dijo en una reunión internacional realizada en Barbados en enero de este año.[http://www.prensalatina.com.mx/ “Acusan a países ricos de terrorismo ecológico en Islas Mauricio”. Reunión Internacional de Estados para la Revisión del Programa de Acción de Barbados para el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo. Enero, 2005]].

En ese caso, el uso del término “ecoterrorismo” fue una manera de resaltar la grave responsabilidad de las potencias, especialmente Estados Unidos, en la posible desaparición de países enteros, con sus particularidades ambientales y culturales. Pero muy distinta es la visión que desde las potencias se presenta cuando hablan, cada vez con más frecuencia, de terrorismo ambiental, como un instrumento adicional de su guerra contra los pueblos que anhelan libertad.

En esa dirección, en Montevideo en 2003, durante una reunión organizada por el Comando Sur del Ejército norteamericano, se planteó que las FARC eran terroristas ambientales. ¿La prueba? La destrucción de la selva en el Departamento de Putumayo para la producción de coca. Desde la delegación ecuatoriana saltó rápidamente una duda que expusimos en el evento: ¿Entonces las transnacionales como Texaco deben también ser calificadas como terroristas ambientales? “No tenemos ningún problema en hacerlo”, ratificamos. Y es que pasando la frontera, en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, la extensión de selva dañada para la producción petrolera es muy cercana a la referida en el Putumayo. En ambos casos, además, se trató de cambio de uso del suelo para dos industrias, narcotráfico y petróleo, que tienen a sus mayores beneficiarios en Estados Unidos. Si causa y daño son similares, la acusación debe ser la misma, pero claro, ello no fue aceptado por los representantes norteamericanos.

Lo que está de por medio no es solo una discusión idiomática sobre la validez o no del término terrorismo y sus múltiples usos según los intereses del poder mundial. Mucho más allá, lo que se presenta es la vieja discusión sobre quiénes son los verdaderos responsables de los daños irreversibles que la naturaleza está sufriendo como consecuencia de un sistema explotador de los recursos y de los seres humanos.

Los desastres naturales como arma

Existen diversos análisis respecto a las llamadas Guerras de Cuarta Generación (G4G), las cuales serían la aplicación de una nueva estrategia de dominio internacional, complementaria y superior a doctrinas como la de los Conflictos de Baja Intensidad aplicada en los países latinoamericanos. Una de las características de este tipo de guerra es el uso de tecnología de última generación, con base en la premisa, “que al menos que se requiera, ya no existen razones para destruir al adversario: al contrario, resulta de mayor utilidad su sometimiento público” [1].

Entre los mecanismos bélicos a ser empleados, la doctrina de las G4G propone usar “La tecnología ambiental: a partir de la cuál es posible influir en las condiciones atmosféricas provocando lluvias imprevistas, niebla inesperada, llegando incluso al extremo de generar desastres que suelen pasar como naturales” [2].

Aunque parezca ficción e incluso paranoia, la experimentación sobre el tema está en proceso en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. La primera referencia se presentó el 20 de marzo de 1974, cuando el Pentágono reveló sus esfuerzos por “sembrar” nubes e incrementar las lluvias en áreas objetivo, causando deslaves e imposibilitando movimientos de tropas de liberación en Vietnam y Camboya. En 1978, el Proyecto de Satélites Impulsados por el Sol (SPSP) inicia investigaciones sobre el uso del láser con fines militares, incluyendo el potencial calentamiento de áreas geográficas, a modo de un gigantesco microondas [3].

Una continuación de ese esfuerzo es el Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia (HAARP), con sede en Gokoma, Alaska, y dirigido en conjunto por la Fuerza Aérea y la Marina de Guerra estadounidenses. “Documentos militares de los Estados Unidos indican que el objetivo del HAARP es ‘explotar la ionosfera para fines del Departamento de Defensa’, como un medio de alterar los regímenes meteorológicos así como de afectar las comunicaciones y el radar enemigos” [4].

Michael Chossudovsky del Global Research (Canadá), resalta además cómo se discutió este tema en el Parlamento Europeo, en el que se presentó una propuesta de resolución demandando control internacional sobre el HAARP. “Sin embargo, la solicitud del Comité de que se redactara un ‘Libro Verde’ sobre ‘los efectos medioambientales de las actividades militares’, fue rechazada con toda tranquilidad, alegando que la Comisión Europea carece de la jurisdicción necesaria para ahondar en ‘los vínculos entre el medio ambiente y la defensa’ ”. [5]

El menosprecio al ambiente

Un argumento usado para descalificar cualquier denuncia sobre el uso de armas climáticas es que a nadie se le puede ocurrir que los Estados Unidos o cualquier otra potencia estaría dispuesta a destruir la naturaleza, porque a la larga eso les destruiría a ellos mismos. El comportamiento suicida, en este caso, es más permanente y visible que en cualquier otro. De hecho, todo el uso tecnológico bajo el esquema productivo actual constituye un daño constante al ambiente, que aparece como costos “satélites” o “externalidades” para usar los términos de los economistas del FMI y el BM.

En cuanto a la guerra, la situación se torna aún peor. Recuérdese la recurrente afirmación de “daños colaterales” cuando se destruye instalaciones civiles y se asesina a personas desarmadas que no participaban de manera directa en las acciones bélicas. A los daños ambientales ni siquiera se les considera “colaterales” y, por el contrario, más tarde son parte de los grandes negocios de reconstrucción (Naomi Klein ha denunciado que Estados Unidos ya tiene planificado el negocio de reconstrucción en 25 países a los que todavía no hace la guerra).

Para muestra está Vietnam, país que todavía sufre la contaminación por napalm, con grandes extensiones de tierras antaño fértiles que se transformaron en desiertos hasta hoy irrecuperables.

Ahora resalta el botón de Irak. El uso de fósforo blanco (muy cercano al napalm), ya reconocido por el gobierno norteamericano, así como el uso de armas atómicas como Uranio empobrecido, provocaron un enorme daño ambiental de graves y prolongadas consecuencias para los habitantes de Irak. “Miles de zonas industriales y militares de Irak deben ser limpiadas urgentemente para evitar que continúen perjudicando la salud de la población y el medio ambiente”, según advirtió el Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA).

De acuerdo a la información, Irak necesita 40 millones de dólares para efectuar la limpieza de cinco de los ‘cientos o quizá miles’ de zonas contaminadas por uranio empobrecido y otros productos químicos que se han detectado en su territorio, producto de las últimas guerras. Esos son solo los lugares que tienen una elevada densidad de población, especialmente los próximos a Bagdad, donde habitan cerca de siete millones de personas que pueden estar en peligro a causa de la contaminación medioambiental.

En conclusión, para quienes no tienen interés de cuidar el ambiente como patrimonio de todos en tiempos de paz, mucho menos les interesa hacerlo en tiempos de guerra.