Red Voltaire
El discurso de Washington (segunda parte)

Al Gore denuncia el desmoronamiento de las instituciones democráticas estadounidenses

Después de describir el poder absoluto que se atribuye George W. Bush, tanto en Estados Unidos como a nivel mundial, Al Gore estigmatiza la filosofía constitucional que los nuevos miembros de la Corte Suprema se disponen a imponer para situar al presidente por encima de las leyes. Condena además el desmoronamiento del Congreso en cuyo seno se generaliza la corrupción. Ante nuestros ojos, los tres poderes se confunden en uno solo dando lugar a una tiranía a la que sólo puede hacer frente una reacción del pueblo. Publicamos hoy el final del discurso que el ex vicepresidente de Estados Unidos pronunciara, el 16 de enero de 2006, en un encuentro organizado por la American Constitution Society y la Liberty Coalition.

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Pulse aquí para leer la primera parte del discurso pronunciado en Washington por Albert Gore

Ese mismo instinto que trata de ampliar el poder y establecer un dominación caracterizó las relaciones entre esta administración, los tribunales y el Congreso. En un sistema que funcione correctamente, la rama judicial serviría de árbitro constitucional para garantizar que las instancias de gobierno se atengan a su propia esfera de autoridad, respeten las libertades civiles y se mantengan dentro del Estado de derecho.

La Corte Suprema en alianza con el ejecutivo

Desgraciadamente, el ejecutivo unilateral se esforzó por minar la capacidad del poder judicial para desempeñar su papel manteniendo los diferendos fuera de su alcance (sobre todo aquellos que hacían peligrar su derecho a mantener detenidos a individuos sin juzgarlos), nombrando jueces que debían mostrarse complacientes ante su manera de ejercer el poder y su apoyo a las violaciones de la independencia de la tercera rama.

La decisión del presidente, por ejemplo, de ignorar la ley FISA [1] era un ataque frontal al poder de los jueces que componen esa corte. El Congreso creó la corte FISA precisamente para que ejerciera un control sobre el poder ejecutivo.

Sin embargo, para garantizar que la corte no pudiera ser un obstáculo para el poder ejecutivo, el presidente simplemente se abstuvo de presentarle los casos. Además, ni siquiera hizo saber a la corte que la estaba dejando al margen.

Las nominaciones judiciales del presidente se efectúan claramente de manera que garanticen que los tribunales no puedan ejercer control sobre el poder ejecutivo. Como ya sabemos todos, el juez Alito [2] es desde hace mucho favorable a un ejecutivo fuerte, es partidario del supuesto ejecutivo unitario [3]. Estén de acuerdo o no con su confirmación –y respeto el hecho de que algunos patrocinadores de este evento así lo hagan–, sea cual sea el punto de vista de ustedes, tenemos que estar de acuerdo sobre el hecho de que él no votará como supervisor de la expansión del poder ejecutivo. De la misma forma, el presidente de la Corte Suprema, el juez Roberts [4] no ocultó su simpatía por la expansión del poder ejecutivo al apoyar la sumisión del poder judicial a las decisiones de los órganos ejecutivos.

La administración apoyó también el asalto contra la independencia judicial emprendido principalmente desde el Congreso. Ese asalto incluía la amenaza, por parte de la mayoría senatorial, de cambiar definitivamente las reglas para eliminar el derecho de la oposición a participar con profundidad en los debates sobre las nominaciones del presidente.

El asalto se prolongó mediante esfuerzos legislativos tendientes a diezmar la competencia de los tribunales sobre asuntos que van desde el habeas corpus [5] hasta el juramento de fidelidad.

En resumen, la administración ha dado prueba de su desprecio por el órgano judicial y ha tratado de evitar en todo momento el examen judicial de sus acciones.

La corrupción del Congreso

Sin embargo, los más graves daños a nuestra estructura constitucional han sido los inflingidos a la rama legislativa.

El agudo declive del poder y de la autonomía del Congreso en los últimos años es casi tan chocante como los esfuerzos del ejecutivo por obtener esta gran expansión de su poder [6].

Yo fui electo al Congreso en 1976. He sido miembro de la Cámara de Representantes durante siete años y miembro del Senado durante ocho. Presidí el Senado durante ocho años, en calidad de vicepresidente [de Estados Unidos].

Anteriormente, siendo un joven, vi el Congreso de cerca, como hijo de un senador. Mi padre fue electo al Congreso en 1938 –10 años antes que yo naciera– y dejó el Senado después de mi graduación como universitario.

En el plano estructural, el Congreso actual está irreconocible en comparación con aquel del cual fue miembro mi padre.

Entre los senadores y representantes actualmente en funciones hay mucha gente distinguida y brillante. Es para mí un honor conocerlos y haber trabajado con ellos.

Pero toda la rama legislativa del gobierno, bajo su presidencia actual, funciona actualmente como si estuviera completamente sometida a la rama ejecutiva.

A mi modo ver, eso es inconcebible y totalmente ajeno a lo que debe ser el Congreso.

Además, demasiados miembros de la Cámara de Representantes y del Senado se sienten ahora obligados a pasar más tiempo no debatiendo los problemas de forma razonable, sino buscando fondos para comprar espacios publicitarios de 30 segundos en la televisión.

Asimismo, hay ahora dos o tres generaciones de congresistas que no saben realmente qué cosa es una audiencia de control.

Durante los años 70 y 80, las audiencias de control en las que participamos mis colegas y yo examinaban el trabajo de la rama ejecutiva sin importar qué partido estuviese en el poder.

A pesar de eso, el control parlamentario es hoy prácticamente desconocido en el Congreso.

El papel de las comisiones de autorización ha decaído hasta hacerse insignificante.

Las 13 leyes de reparto de finanzas apenas se votan ahora como leyes. A menudo, vienen todas incluidas en un gran paquete familiar que a veces ni siquiera es propuesto para su lectura ante el Congreso antes del voto.

Es corriente ahora que los miembros de la oposición sean excluidos de las comisiones de debate y las enmiendas son a menudo rechazadas durante el análisis de las leyes en el Congreso.

En el Senado de los Estados Unidos, que se jactaba antes de ser el mejor órgano de deliberación del mundo, los debates coherentes se han convertido en algo fuera de lo común.

Incluso en vísperas del voto crucial sobre la autorización de la invasión de Irak, el senador Robert Byrd [7] planteó la famosa pregunta «¿Por qué está vacía esta asamblea?».

En la Cámara de Representantes, los que participan en una verdadera competencia electoral cada dos años son generalmente menos de una docena entre los 435 miembros.

Y demasiados congresistas han llegado a creer que la clave para tener acceso constante al dinero para ser reelectos es estar del lado correcto, del lado de los que tienen dinero que darles.

Por otra parte, en el caso del partido mayoritario, el proceso en su conjunto es ampliamente controlado por el presidente en funciones y su organización política. La voluntad del Congreso de oponerse a la rama ejecutiva se verá así más limitada aún cuando el partido controla a la vez el Congreso y la administración.

El ejecutivo ha limitado repetidamente el papel del Congreso. Y el Congreso ha sido reiteradamente cómplice voluntario de la renuncia a su propio poder.

Analicen, por ejemplo, el papel del Congreso en el control del programa masivo de escuchas de cuatro años que parece ser una abierta violación de la Bill of Rights [8]

El presidente dice que él informó al Congreso. Lo que eso significa en realidad es que habló del asunto al presidente de la comisión conjunta de inteligencia y a los principales miembros de ésta y, a veces, a los dirigentes de la Cámara y del Senado.

Ese pequeño grupo afirma a su vez que no le presentaron los hechos en su totalidad, aún cuando por lo menos uno de los responsables de la comisión escribió una carta expresándole su inquietud al vicepresidente.

Además, aunque comprendo la posición ambigua y difícil en la que fueron puestos esos hombres y mujeres, no puedo estar en desacuerdo con la Liberty Coalition cuando dice que tanto los demócratas como los republicanos del Congreso deben compartir la responsabilidad por no haber sido lo suficientemente activos en protestar y tratar de impedir lo que esa organización considera como un programa decididamente anticonstitucional.

Muchos lo hicieron. Además, en todo el Congreso, tanto en la Cámara como en el Senado, la creciente importancia del dinero en el proceso de reelección, que viene a agregarse al severo declive del debate y de la deliberación razonada, engendró una atmósfera favorable a la corrupción institucionalizada a la que algunos se han hecho vulnerables.

El escándalo Abramofs [9] es la parte visible de un gigantesco iceberg que amenaza la integridad de nuestra rama legislativa de gobierno.

Y es el estado deplorable de nuestro sistema legislativo lo que explica en esencia el fracaso de nuestro tan elogiado sistema de control y de equilibrio mutuo de los poderes en cuanto a la prevención del peligroso acaparamiento por la rama ejecutiva que amenaza en lo adelante con transformar radicalmente el sistema estadounidense.

Exhorto a los miembros del Congreso de ambos partidos a que hagan honor a su juramento y defiendan la Constitución. Dejen de seguir la corriente para permanecer en la corriente. Empiecen a actuar como la rama independiente e igual del gobierno estadounidense que se supone que sean, según la Constitución de nuestro país.

La responsabilidad final pertenece al pueblo

Pero, queda aún otro factor. Queda un factor constitucional cuyas faltas deben ser tomadas también en cuenta y cuyo papel debe ser examinado para poder comprender el desequilibrio que acompañó esos esfuerzos de la rama ejecutiva por dominar el sistema constitucional.

Nosotros, el pueblo, somos colectivamente el elemento clave de la supervivencia de la democracia estadounidense. Debemos autoanalizarnos. Como decía Lincoln, hasta nosotros aquí tenemos que analizar nuestro propio papel como ciudadanos en la aceptación y en el hecho de no prevenir la descomposición intolerable, la pérdida de la esencia y la degradación de la democracia estadounidense.

Es hora de levantarse por el sistema estadounidense que conocemos y defendemos.

Es hora de insuflar una vida nueva a la democracia estadounidense.

Thomas Jefferson dijo «Una ciudadanía informada es la única garantía verdadera de la voluntad del pueblo.»

Estados Unidos se basa en la convicción de que podemos gobernarnos nosotros mismos y ejercer el poder del autogobierno.

El ideal de Estados Unidos se basaba en el sólido principio según el cual el poder justo proviene del consentimiento de los gobernados. Ese sistema complicado y finamente equilibrado, hoy en grave peligro, fue creado con la participación más amplia y total del conjunto de la población.

Los Federalist Papers [10] fueron, en su época, ensayos periodísticos ampliamente leídos. Además eran solamente una de las 24 recopilaciones que poblaban el terreno lleno de ideas en el que granjeros y mercaderes repasaban los prolijos debates que se desarrollaban en Filadelfia.

Más tarde, cuando la Convención había hecho su mejor esfuerzo, fue el pueblo el que, en sus variadas manifestaciones, se negó a confirmar el resultado hasta que, debido a su insistencia, la Bill of Rights se desarrolló integralmente en los documentos sometidos a ratificación.

Y somos nosotros, el pueblo, quienes tenemos ahora que encontrar de nuevo la capacidad que teníamos antes para desempeñar un papel integral en la salvación de nuestra constitución.

Hay razones para sentir inquietud y abrigar a la vez grandes esperanzas. La era de los panfletos y ensayos políticos impresos cedió su lugar hace mucho a la de la televisión, un medio que distrae y absorbe, que parece más destinado a divertir que a informar y educar.

El memorable llamado de Lincoln durante la Guerra Civil es aplicable ahora, de una manera nueva, a nuestro actual dilema: «Tenemos que despertarnos de nuestro sopor,» dice, «y después salvar nuestro país.»

La degradación del debate público

Cuarenta años han transcurrido desde que la mayoría de los estadounidenses adoptaron la televisión como principal fuente de información. Y ese predominio es ahora tan amplio que virtualmente toda comunicación política está limitada a un escandaloso spot publicitario de 30 segundos, y no son los Federalist Papers.

La economía política, apoyada por esos cortos pero costosos anuncios televisivos, es tan diferente de la animada política de los cien primeros años de Estados Unidos como lo era ésta del feudalismo que prosperaba gracias a la ignorancia de las masas de la era oscura.

El escaso lugar que ocupan las ideas en el actual sistema político estadounidense favoreció los esfuerzos de la rama ejecutiva llevándola a creer que puede y que debe controlar el flujo de información como forma de control de la toma de decisiones importantes que sigue estando en manos del pueblo.

La administración afirma con vehemencia su posibilidad de mantener sus acciones en secreto. Después de todo, si las demás ramas no saben lo que sucede, no pueden desempeñar su papel como elementos de control y equilibrio.

Por ejemplo, cuando la administración trataba de persuadir al Congreso para que aceptara el programa de prescripciones de medicamentos Medicare [11], muchos en el Congreso y el Senado expresaron sus inquietudes sobre el costo y el establecimiento de ese programa.

Sin embargo, en vez de establecer un debate abierto sobre la base de hechos concretos, la administración mantuvo hechos en secreto e impidió activamente al Congreso oír el testimonio que quería obtener por parte del principal experto de la administración que tenía en su poder los datos que mostraban antes del voto que los verdaderos costos estimados estaban mucho más allá de las cifras presentadas al Congreso por el presidente. El funcionamiento del programa debía resultar incluso muy diferente de lo que se había dicho al Congreso.

En vez de ello, privado de esas informaciones y creyendo en las cifras erróneas que le fueron presentadas, el Congreso aprobó el programa, y –trágicamente– toda la iniciativa se está derrumbando ahora a través del país. Este mismo fin de semana, la administración lanzó un llamado pidiendo a las principales compañías de seguros que expresen su voluntariedad para sacar a flote el programa.

Pero el pueblo estadounidense, que tiene derecho a pensar que sus representantes electos buscarán la verdad, actuarán sobre la base de conocimientos y recurrirán a la razón, se vio abandonado.

Para poner otro ejemplo, advertencias de científicos sobre las consecuencias catastróficas del calentamiento global galopante fueron censuradas por un consejero político de la Casa Blanca que no tenía la más mínima formación científica.

En este momento uno de los expertos científicos más distinguidos del mundo en lo tocante al calentamiento global, que trabaja en la NASA, ha recibido la orden de no hablar con periodistas. Se le ordenó anotar detalladamente cada una de las personas con las que se reúne para que la rama ejecutiva pueda seguir y controlar los conocimientos que intercambia sobre el tema del calentamiento global.

Se trata de una crisis mundial. Tenemos la obligación de hablar de ello de manera sincera y razonada.

El argumento del miedo

Otro medio utilizado por la administración para tratar de controlar el flujo de información es el uso constante de la semántica y de la política del miedo para impedir el debate e imponer su agenda sin tener en cuenta los hechos ni el interés público.

El presidente Eisenhower [12] dijo lo siguiente: «Quien actúa como si la protección de la libertad residiera en la eliminación, la sospecha y el miedo, confiesa una doctrina ajena a Estados Unidos.» El miedo elimina la razón. El miedo suprime la política del discurso y abre el camino a la política de la destrucción. El Juez Supremo Brandeis [13] escribió: «Los hombres temían a las brujas y quemaban mujeres.»

Los fundadores de nuestro país se veían ante graves amenazas. De haber fracasado en su intento, habrían sido colgados como traidores. La existencia misma de nuestro país estaba en juego. Ante tales peligros, insistieron sin embargo en establecer la Bill of Rights en su totalidad.

¿Está nuestro Congreso más amenazado hoy que su predecesor cuando el ejército británico avanzaba sobre el Capitolio?

¿Es más peligroso el mundo de hoy que cuando estábamos frente a un enemigo ideológico armado con decenas de miles de misiles nucleares que podían ser utilizados en cualquier momento para aniquilar totalmente el país?

¿Corre acaso más peligro Estados Unidos ahora que cuando estábamos ante al fascismo mundial en marcha, cuando la última generación tenía que luchar y ganar dos guerras mundiales simultáneamente?

Resulta simplemente insultante para quienes nos precedieron y sacrificaron tantas cosas por nosotros pretender que tenemos más razones que ellos para estar asustados.

A pesar de todo, ellos defendieron lealmente nuestras libertades y ahora nos toca a nosotros hacer lo mismo.

Tenemos derecho, como estadounidenses, a defender nuestro derecho ciudadano, no sólo a la vida sino también a la libertad y a la felicidad.

Es por ello vital, en las actuales circunstancias, tomar medidas inmediatas para salvaguardar nuestra Constitución del actual peligro que constituye el acaparamiento intruso por parte de la rama ejecutiva y la permanente creencia del presidente de que él no está sometido al estado de derecho.

Quiero retomar las palabras de Bob Barr cuando dice: «El presidente ha desafiado al pueblo estadounidense a que haga algo para remediarlo. Por el honor de la Constitución, espero que lo haga.»

Cinco proposiciones para restablecer la democracia

El secretario de Justicia debería nombrar inmediatamente un fiscal especial para resolver aquellos conflictos de intereses manifiestos que les impiden investigar sobre lo que podrían ser serias infracciones de la ley por parte del presidente.

Tuvimos una reciente demostración de cómo puede una investigación independiente, realizada de forma íntegra por un fiscal especial, restituir la confianza en nuestro sistema de justicia.

Patrick Fitzgerald [14] no se ha mostrado, hasta el momento, ni temeroso ni entusiasta en cuanto a examinar las acusaciones según las cuales la rama ejecutiva violó otras leyes.

Los miembros del Congreso, tanto demócratas como republicanos, deberían apoyar el llamado bipartidista de la Liberty Coalition a la nominación de un fiscal especial con vistas al examen de las cuestiones criminales que plantean las escuchas de estadounidenses efectuadas sin mandato por el presidente. Esto debería ser, además, una cuestión política en todas las campañas, independientemente del partido, del lugar del país donde se desarrolle, de la cámara del Congreso o de cualquier persona que se oponga a la nominación de un fiscal especial en esta situación peligrosa en la que nuestra Constitución está en riesgo.

Segundo: Habría que definir nuevas protecciones para quienes lancen la alarma [15] destinadas a los miembros de la rama ejecutiva que informan pruebas de abusos, especialmente cuando ello implica abusos de poder en sectores sensibles, como la seguridad nacional.

Tercero: Las dos cámaras del Congreso deberían, por supuesto, organizar audiencias profundas y no sólo superficiales sobre estas serias alegaciones de actividades criminales cometidas por el presidente.

Y deberían seguir la pista de los indicios dondequiera que conduzcan.

Cuarto: Los nuevos y extensos poderes solicitados por la rama ejecutiva en su proposición de extender y ampliar la Patriot Act no deberían ser concedidos a menos que y hasta que existan puntos de referencia adecuados y aplicables para proteger la Constitución así como los derechos del pueblo estadounidense ante el tipo de abusos recientemente revelados.

Quinto: Toda empresa de telecomunicaciones que haya proporcionado al gobierno acceso a información privada sobre las comunicaciones de estadounidenses sin que se le haya presentado un mandato apropiado tendría que poner fin inmediatamente a esa intrusión aparentemente ilegal en la vida privada de ciudadanos estadounidenses.

La libertad de comunicarse es un requisito previo esencial para recuperar la salud de nuestra democracia.

Resulta especialmente importante que se proteja la libertad de Internet contra el control del gobierno o los esfuerzos de grandes conglomerados mediáticos que tratan de controlarla. El porvenir de nuestra democracia depende de ello.

Para terminar, quiero decir que, además de razones para estar inquietos, existen razones para abrigar esperanzas.

En este momento y lugar, estoy lleno de optimismo ante la idea de que Estados Unidos puede encontrarse cerca de una era dorada en la que la vitalidad de nuestra democracia sea restablecida por el pueblo y florezca más que nunca. Así lo siento, efectivamente, en esta sala.

Como un día dijera el Dr. King, puede ser que un nuevo espíritu se levante entre nosotros. Si así fuera, sigamos sus movimientos y recemos porque nuestro ser interior sea sensible a su guía ya que necesitamos muchísimo un nuevo camino más allá de la oscuridad que tan cerca parece de nosotros.

Muchas gracias.

Post-scriptum Traducido al español a partir de la versión al francés realizada por la Red Voltaire del texto de CQ Transcript Wire. Las notas y subtítulos son de la redacción.

Del mismo autor:
- Primera parte del discurso de Washington
- Requiem por la constitución (discurso del 9 de noviembre de 2003).
- Discurso de Georgetown (pronunciado el 24 de junio de 2004) (1ra parte, 2da parte)

[1] El Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) fue aprobado por el Congreso en 1978. Como él mismo lo recuerda anteriormente, el propio Al Gore votó ese texto en aquella época. El objetivo era, luego de las revelaciones de la comisión Church sobre los crímenes de la CIA, establecer un marco jurídico para limitar la práctica de escuchas telefónicas. La ley autoriza ese método únicamente en los casos de vigilancia de extranjeros sospechosos de espionaje. La ley excluye la vigilancia de ciudadanos estadounidenses. La ley somete además las escuchas a la aprobación de una comisión de 11 magistrados profesionales. Pero, en 2004, la administración obtuvo la aprobación de una enmienda que extiende la aplicación de esa ley a los «lobos solitarios». Los magistrados no tienen ahora ningún medio de evaluar la legitimidad de la vigilancia y no pueden oponerse a ella.

[2] El presidente George W. Bush nombró al juez Samuel Alito en la Corte Suprema de Estados Unidos. El discurso tiene lugar en momentos en que el Senado realiza sus audiencias sobre esa nominación. Para evitar entrar en detalles polémicos sobre el compromiso político pasado del interesado de los que se hicieron eco los periódicos, Al Gore se concentra en lo más importante: la ideología de Samuel Alito.

[3] La teoría del ejecutivo unitario es el equivalente actual del FührerPrinzip. Fue difundida en Estados Unidos por la Federalist Society, a la que pertenecen todos los consejeros jurídicos de George W. Bush. Según esta teoría, el presidente es el ejecutivo, y los poderes legislativo y judicial no pueden restringir su acción. Debido a ello, por un lado, el presidente es el único habilitado para dirimir litigios entre agencias gubernamentales y, por otro lado, no puede ser juzgado en forma alguna. Basándose en esa teoría, el presidente Bush empezó a adjuntar a la firma de las leyes que promulga reservas sobre la aplicación de éstas. De esa manera, al firmar la ley McCain que prohíbe el uso de la tortura, indicó que dicha ley no podía restringir las acciones emprendidas por el ejecutivo para hacer frente al terrorismo.

[4] El 19 de julio de 2005, George W. Bush nombró a John G. Roberts presidente de la Corte Suprema. Roberts ha negado siempre haber sido miembro de la Federalist Society, aunque su nombre aparece en un anuario interno de miembros de la asociación. Roberts apoyó la legalidad de los tribunales militares de excepción en el marco de la lucha contra el terrorismo.

[5] Elhabeas corpus ad subjiciendum es un procedimiento, utilizado en Inglaterra desde el siglo XII y adoptado definitivamente en el siglo XIV, que limita al máximo la detención provisional. Es el orgullo de la justicia anglosajona y sirve de base a su concepción de los derechos humanos.

[6] En negrita en el texto entregado a la prensa.

[7] Robert Byrd, representante demócrata por Virginia Occidental, el más veterano de los congresistas estadounidenses en funciones y su decano. Nuestros lectores ya conocen su célebre intervención «La Vérité se révèlera» (Voltaire, 30 de mayo de 2003).

[8] Una Bill of Rights define los derechos concretos de los reos de la justicia ante las instituciones. En Estados Unidos, los Padres Fundadores, que deseaban fundar una forma aristocrática de gobierno, se negaron a redactar una Bill of Rights y a incluirla en la Constitución. Pero el primer Congreso impuso una mediante la adopción de 10 enmiendas.

[9] El cabildero Jack Abramoff se hizo célebre durante los años 80 por su defensa del régimen sudafricano del apartheid ante los congresistas. Más tarde se convirtió en dirigente del Partido Republicano y en el cabildero más influyente de Washington. Implicado en varios casos de corrupción, se declaró culpable en enero de 2006. Los procedimientos judiciales tienen lugar debido al estallido de un gran escándalo que reveló la envergadura de la corrupción en el seno del Congreso. Es posible, sin embargo, que el asunto no vaya más allá puesto que Abramoff parece haber estado en contacto con varias de las personas que el FBI acusa de haber secuestrado aviones y cometido los atentados del 11 de septiembre de 2001 y nadie quiere saber qué tipo de vínculos tenía con los supuestos terroristas.

[10] Los Federalist Papers son una recopilación de artículos de James Madison, Alexander Hamilton y John Jay en la que éstos explican su proyecto constitucional. Esta recopilación sirve de referencia para la interpretación de la Constitución de Estados Unidos.

[11] Medicare es un programa de seguro y salud destinados a los ancianos y los impedidos físicos. Ver nuestro artículo «Le modèle bushien d’assurance sociale» por Paul Labarique, Voltaire, 23 de mayo de 2004.

[12] El general Dwight Eisenhower fue comandante supremo de las fuerzas aliadas en Europa durante la Segunda Guerra Mundial y más tarde el presidente número 34 de Estados Unidos (de 1953 a 1961). Aunque era republicano, trató de contener la cacería de brujas del senador McCarthy y el belicismo del complejo militar-industrial.

[13] Louis Brandeis fue el fundador del movimiento sionista en Estados Unidos. Woodrow Wilson lo nombró juez de la Corte Suprema, en 1916. Su jurisprudencia fue muy progresista, sobre todo en lo tocante al respeto de la vida privada y la superioridad de la ley sobre los contratos privados.

[14] Ya célebre por haber enjuiciado al magnate de la prensa Lord Conrad Black, el fiscal Patrick J. Fitzgerald investiga actualmente el caso Palme. No dudó en emitir cargos contra Lewis Libby, jefe del equipo del vicepresidente Cheney, e investiga la posible responsabilidad de Kart Rove, el consejero político del presidente Bush.

[15] Referencia a los funcionarios que, al revelar ilegalidades cometidas por sus superiores, violan deliberadamente el secreto al que están obligados, como en el caso de Daniel Ellsberg cuando transmitió a la prensa los Pentagon Papers revelando así las mentiras que condujeron a la guerra de Vietnam.

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