Las dudas se acrecientan tras la realización de acalorados debates en el Comité Judicial del Senado, donde se puso en duda la autoridad del presidente George W. Bush para espiar a sus compatriotas sin autorización, según un informe de la agencia Prensa Latina.
El asunto parece complicarse aún más para el Ejecutivo luego que algunas televisoras, como CNN, comenzaron a pasar anuncios donde se establece una comparación entre Bush y el dimitente ex presidente Richard Nixon.
Nixon fue obligado a renunciar a la presidencia por el escándalo Watergate y haber mentido al Congreso.
Esta semana al iniciarse las audiencias en el Congreso, el secretario de Justicia Alberto Gonzales defendió los poderes del gobernante para autorizar interceptar las conversaciones telefónicas de los estadounidenses como parte de la guerra antiterrorista.
La Casa Blanca alega que tiene el poder legal para autorizar esta práctica que fue denunciada a finales del año anterior por el diario The New York Times.
Sin embargo, hasta en las filas del oficialismo surgen severas críticas al presidente y acusaciones de no haber informado lo necesario al Congreso.
El republicano Arlen Specter, presidente del Comité Judicial del Senado, opina que la legalidad de lo que autorizó Bush tiene que ser revisada por un tribunal federal especial creado por la ley conocida como Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA), de 1978.
El senador Specter plantea que esa normativa federal incluye una prohibición enérgica y general contra cualquier tipo de interceptación electrónica sin autorización legal.
Specter y otros parlamentarios se unen a un número creciente de estadounidense que dudan de la interpretación que hace el gobierno sobre sus poderes.
Consciente de los problemas que puede causar este asunto, el gobernante y miembros de su gabinete no pierden intervenciones en público para justificar que el espionaje realizado por la Agencia de Seguridad Nacional es clave en la lucha contra el terrorismo.
Para muchos norteamericanos los presuntos poderes constitucionales del presidente son ilegales y dan la noción de poderes imperiales por encima de la Constitución.
Los demócratas, empeñados en recuperar el control del Congreso en noviembre, no se oponen a la vigilancia electrónica contra el terrorismo.
Al respecto, el presidente del Comité Nacional Demócrata, Howard Dean, reiteró esa posición, pero alertó que el permiso y supervisión de los tribunales es lo que distingue al país de una dictadura.
Otro que se sumó a las críticas al gobierno fue el ex presidente James Carter, quien acusó a Bush de haber abusado de su poder constitucional al permitir que sus compatriotas fueran espiados sin permiso judicial .
