Sucumbíos y Orellana, el inicio del Ecuador al norte del país, provincias que albergan bosques húmedos tropicales exuberantes, reservas ecológicas con vasta flora y fauna, admiradas por su diversidad, por albergar especies de aves y plantas únicas en el mundo, están a punto de una nueva paralización.

Es que hace pocos meses (septiembre 2005) el Gobierno se quejaba de que estas provincias estén paralizadas, que las pérdidas causadas lleguen a 300 millones de dólares diarios por la no venta del petróleo, pero ¿ha hecho algo para atender sus necesidades y evitar este tipo de medidas?

Recordemos que las causas para que Orellana y Sucumbíos paralicen sus actividades son la arbitrariedad de las empresas petroleras, la desatención en el campo de la energía eléctrica, el sector vial y agrícola. ¿Ha cambiado la situación?

Claro que sí, la situación del campesino y agricultor ha empeorado, los precios de los productos agrícolas han caído, las carreteras, cada vez en peor estado, no permiten la salida de productos al mercado. Continúan los racionamientos eléctricos y todavía no se ha asumido una posición patriótica en el tema de la Oxy.

Como lo menciona Máximo Abad, alcalde de Lago Agrio, es evidente el incumplimiento por parte del Gobierno, que no ha creado las partidas presupuestarias para 600 maestros, tampoco para la construcción de hospitales, ni se han hecho las reparaciones ofrecidas para la empresa eléctrica, que genera graves perjuicios a la producción, claro, no de las petroleras, porque cuentan con sus propias plantas, pero sí del pueblo, que es quien paga las consecuencias.

Mientras tanto, los trabajos de la Troncal Amazónica (anillo vial que une a toda la región) se han detenido, lo cual afecta directamente la vida de los pobladores.

Otro hecho que reconocer es que históricamente las poblaciones vecinas a la explotación del petróleo son las más pobres del país (ver cuadro), con peor infraestructura y servicios de salud: por ejemplo en la parroquia de San Carlos, donde viven unas 350 familias, se encuentra la población con más alto índice de enfermedades cancerígenas, con un porcentaje cuatro veces superior a Quito. (Cuadro 1).

Estos motivos han hecho que se cree la Asamblea Bi provincial de Sucumbíos y Orellana en 1997, año desde el cual se han realizado cinco paralizaciones: en 1997, 1998, 2002, 2004, 2005.

Esta última desembocó en el Decreto de estado de emergencia de Alfredo Palacio en estas provincias, lo que agudizó la represión, provocó la violación de los derechos humanos de cientos de pobladores, pero al final el Gobierno acordó la asignación de 71 millones de dólares para la construcción del anillo vial de la Troncal Amazónica y 2 millones para la reparación de las cuatro obsoletas plantas de generación eléctrica. Sin embargo, hasta el momento los ofrecimientos no se han cumplido.

Esta situación ha hecho que los representantes de la bi provincial se reúnan y aunque todavía no fijan una fecha para la paralización, es posible que se defina en lo posterior. Hasta el cierre de la edición, un grupo de 2 000 manifestantes aproximadamente fueron detenidos en Baeza por la Policía Nacional, impidiéndoles llegar a Quito. Como respuesta los pobladores de Sucumbíos se tomaron la estación de bombeo de petróleo de este sector y paralizaron su operación.

Según Máximo Abad, “esta actuación del Gobierno es ilegal, alejada de todos los derechos y garantías constitucionales, al derecho a la libre opinión, a la protesta y en violación al Art. 23 numeral 14 de la Constitución Política del Ecuador se impidió el libre tránsito de los manifestantes”. Mientras esto ocurría en Baeza, en Lago Agrio se realizaban manifestaciones de solidaridad a sus coterráneos, a las que se sumarían las fuerzas vivas de Orellana.

Napo podría sumarse a la protesta

Según Edgar Proaño, concejal de Quijos, Napo podría iniciar una medida de hecho en vista de la falta de atención del Gobierno central. Las peticiones son:
 Finalización de la Troncal Amazónica, obra vial para lizada por 10 meses y que beneficiaría a toda la amazonía;
 40 millones de dólares del fondo del Serep (antiguo Feirep) para obras básicas en toda la amazonía; esta cantidad permitirá que muchas poblaciones aisladas obtengan agua potable y demás servicios básicos;
 respeto a las autonomías;
 la asignación del 9% del impuesto a la renta de las petroleras, pues la ley fija el 25%, del cual el 16% es para Orellana y Sucumbíos; las petroleras incumplen con la ley y dejan de pagar el 9% del impuesto a la renta. Exigen la asignación de ese 9% para la provincia del Napo.

“El problema es que el Gobierno se ha acostumbrado a que si no es con paralizaciones, no atiende las necesidades de las provincias y tendremos que acudir a este recurso”, sostuvo el concejal Edgar Proaño.