El ascenso al poder de Álvaro Uribe Vélez significó el acentamiento de una política guerrerista que ha agravado el conflicto interno de ese país y que hoy corre el riesgo de desbordar sus fronteras con las reiteradas violaciones de la soberanía ecuatoriana por parte del ejército colombiano.

Una situación de esta naturaleza no puede ser ni fortuita ni involuntaria como ha aludido en sus ambiguas explicaciones la diplomacia colombiana y el mismo Uribe Vélez.

Todas estas acciones corresponden a las estrategias elaboradas en el Pentagono donde surgieron tanto el Plan Colombia, la Iniciativa Regional Andina y el Plan Patriota; que junto a los Tratados de Libre Comercio pretenden asegurar el dominio del imperialismo norteamericano en nuestra región.

Son cerca de 7 años de aplicación del Plan Colombia, hoy Plan Patriota, en los que el gobierno norteamericano y colombiano han gastado fabulosas cifras de dinero en estos planes guerristas. Según el analista Allende La Paz, que cita un informe del Ministerio de Defensa titulado “Logros y retos de la política de defensa y seguridad democrática”, publicado el 7 de diciembre, señala que: “durante el año 2003 se invirtieron en la guerra 4 mil 800 millones de dólares de los cuales 694 ha sido otorgado por Estados Unidos, 516 recaudado por el Impuesto al Patrimonio y 3.617 del Presupuesto Nacional. En cambio el año 2004 se invirtieron 5 mil 500 millones de dólares; 661 por Estados Unidos, 134 de Impuesto al Patrimonio y 4.703 del Presupuesto Nacional ordinario. En cambio en el 2005 se invirtieron 6 mil 400 millones de dólares: 674 aportados por Estados Unidos, 57 de Impuesto al Patrimonio y 5.638 del Presupuesto Nacional ordinario. De esta manera, en tres años han invertido 16 mil 700 millones de dólares en la guerra.

Los gobiernos de Colombia y de los Estados Unidos invirtieron más de 13 millones de dólares diarios durante el 2003; el 2004 invirtieron 15 millones de dólares diarios y el 2005 invirtieron 17,5 millones de dólares diarios”

Según estas cifras puede establecerse que la mayor parte de estos recursos son financiados con más pobreza, desocupación y sangre del pueblo colombiano, al cual se le ofreció paz y prosperidad. Pero la realidad es otra, los precios de los combustibles han subido en un 215%, los pobres y los indigentes suman 28 millones 479 mil colombianos, lo cual representa el 67,8% de la población . Existen 780 mil colombianos desplazados durante los tres primeros años del gobierno de Uribe, a esto se suman 3 millones de desplazados antes del mandato de Uribe, 2 mil dirigentes sindicales asesinados en los últimos 4 años; 2 millones 500 mil desplazados internos y 4 millones de desplazados en el exterior.

Pese a los enormes recursos invertidos, el Plan Patriota es un fracaso, pues Colombia ni se ha pacificado ni ha prosperado, y la insurgencia colombiana, lejos de ser debilitada y peor aniquilada, ha asestado contundentes golpes militares y ha legitimado sus demandas sociales y políticas ante el pueblo colombiano. El gobierno de Uribe esta sufriendo las mismas derrotas que los quince gobiernos que le han sucedido y que pretendieron en vano resolver por la vía militar el conflicto interno.

Frente a estos sucesivos fracasos y dentro de una nueva estrategia del Pentágono, el Plan Colombia se propuso regionalizar el conflicto, señalando que el problema no solo era colombiano sino de todos los países sudamericanos, particularmente, de los colindantes con este país. Una gran ofensiva propagandística y diplomática se implementó para sensibilizar a la opinión pública y conminar a los gobiernos a adherirse a estos propósitos. Sin embargo, la mayoría de países se negaron a intervenir en el conflicto y se abstuvieron de calificar a la fuerzas insurgentes colombianas como “terroristas”, que era la pretensión de Uribe Vélez y del Pentágono para comprometerlos en una ofensiva general.

Ahora una nueva fase parece estar en marcha en las que las provocaciones, el chantaje, la agresión se ponen al orden del día.

En el Ecuador la debilidad de los gobiernos y la abierta sumisión a las ordenes del gobierno norteamericano, permitió la ocupación de tropas y mercenarios de ese país en la Base de Manta y la movilización de alrededor de 10 mil soldados hacia la frontera norte. Esta actitud ha estimulado la prepotencia del gobierno de Uribe Vélez que ha sostenido indiscriminadamente fumigaciones con glifosato que han afectado a miles de campesinos, niños y mujeres en nuestra frontera.

Por otro lado, ha sido evidente la presencia de aparatos de inteligencia que operan en suelo ecuatoriano con la más vergonzosa permisividad de las autoridades. El más escandaloso de estos hechos fue el apresamiento en Quito del líder guerrillero Simón Trinidad, situación que se repitió en Venezuela con el apresamiento del líder Granja, solo que en este caso el rechazo del gobierno venezolano fue más contundente.

Los últimos hechos en la frontera colombo-ecuatoriana no solo muestran que se realizaron incursiones “involuntarias” como lo dice Uribe, sino que hay reportes de que el ejército colombiano operó desde territorio ecuatoriano para combatir a la guerrilla.

Las mañosas “disculpas” presentadas por Uribe Vélez más bien constituyen una arrogante conminación al gobierno ecuatoriano a un mayor involucramiento, arguyendo que las fuerzas guerrilleras operan desde el Ecuador, a la vez que le sirve de plataforma para su ansiada reelección como presidente colombiano.

Al parecer esta perversa maniobra estaría dando los resultados ya que el gobierno de Alfredo Palacio ha señalado que incrementará los contingentes militares en las provincias fronterizas, situación que ha sido rechazada por diversos sectores y por lo propios pueblos fronterizos que no reclaman más tropas sino más recursos para el desarrollo de la producción, la educación y la salud.

Visto desde este ángulo el mayor peligro para el Ecuador, Venezuela y los demás países sudamericanos es la política guerrerista que impulsa el gobierno de Uribe Vélez, quien con el pretexto del combate al ‘terrorismo y el narcotráfico’ amenaza en convertirse en un eje de intervención y punta de lanza de los intereses de los halcones de la guerra norteamericanos encabezados por Bush.

Para ello necesitan la reelección del Uribe, por eso han comprometido extender el Plan Patriota hasta el 2010 otorgando más recursos financieros y el asesoramiento militar que le permita formar fuerzas militares y paramilitares que hoy por hoy constituyen las más grandes de América Latina. Durante la administración de Uribe se ha incrementado y creado nuevas fuerzas. Existen 263 000 militares; 123 000 policías; 600 000 retirados de las fuerzas armadas que trabajan en empresas de seguridad y que hacen parte de este engranaje, 10 000 paramilitares; 100 000 reservistas que fueron llamados por Uribe y un millón de informantes (‘sapos’) a ser reclutados pagados por el Estado. Esto hace más de dos millones de efectivos militares al servicio de una política de agresión.

Esto podría anunciarnos que tan descomunal contingente no se la organiza solo para combatir a la guerrilla. La calificación que el imperialismo hace de esta fuerza debe llamar la atención sobre todo en un país que no tiene litigios fronterizos.