Afganistán es hoy el único país del mundo donde un ciudadano puede ser condenado a muerte y ejecutado por haber abjurado de la religión del Estado. El presidente Hamid Kharzai, ciudadano estadounidense además de afgano y ex cuadro de la compañía petrolera Unocal, quiso que la nueva constitución se basara en la interpretación local de la sharia. Y esta impone la ejecución de toda persona que renuncie a la fe musulmana.
La decisión de Estados Unidos no tiene nada que ver con una concesión ante las realidades de una sociedad marcada por los talibanes. Se trata, por el contrario, de una estrategia de dominación basada en los poderes clericales. Es así que, en el Irak «liberado», Estados Unidos abrogó el laicismo para imponer una constitución basada en la sharia.
En su edición del 24 de marzo de 2006, el diario moonista Washington Times reporta el mediático caso de Abdul Rahman, afgano de 41 años que se convirtió al catolicismo y corre por ello el riesgo de sufrir la pena capital. La repercusión mediática que su caso ha tenido en Estados Unidos, probablemente porque se trata de la vida de un nuevo cristiano, llevó a la secretaria de Estado Condoleezza Rice, que no se había expresado nunca sobre los numerosos casos anteriores, a interceder personalmente ante el presidente Kharzai. La suprema ironía reside en que la secretaria de Estado declaró que «se trata claramente de una decisión afgana. Es un país soberano.» ¿Qué pasó con el derecho de injerencia en nombre de los derechos humanos y la libertad en el Afganistán postalibán? ¿Se trata únicamente de controlar un corredor energético y de proteger la nueva producción de heroína? El Washington Times se cuida mucho de dar respuesta a estas preguntas. De todas formas, según las personas consultadas por el diario, el hombre ya está condenado por la opinión de sus conciudadanos.
Y a nosotros se nos pide que aceptemos que en un país que fue bombardeado en medio de una campaña mediática contra el uso de la burka y con el supuesto objetivo de liberarlo de un régimen oscurantista siga siendo posible ejecutar a un ciudadano por causa de sus creencias religiosas.