No hay democracia informativa sin democracia económica

Esta publicación, dividida en tres capítulos y un anexo, propone una lectura integral de los preceptos y normas que regulan la actividad de todos los que por obligación de su tarea o por conciencia ejercen diariamente el Derecho a la Comunicación en un escenario que limita y hasta pulveriza -las más de las veces- este derecho humano de carácter integral e interconexo con otros derechos y que requiere condiciones políticas, culturales y, esencialmente, económicas para su plena realización y vigencia.

Las últimas décadas han ratificado, con más crudeza que nunca, que nuestra situación específica -como periodistas/comunicadores sociales- no está disociada del origen de los problemas que atraviesa al conjunto de la sociedad. Los paradigmas económicos, políticos o culturales que cobraron fuerza, fundamentalmente en los últimos diez años, imponiendo un modo de vida, una forma de pensarse y de pensar el mundo aún hoy, a pesar de sus resultados calamitosos, persisten en justificar el hambre, la marginalidad, la miseria, la pobreza, la desocupación y la violencia física y simbólica. Limitando así el acceso a la educación, a la salud, al trabajo, a comunicar y a recibir información veraz, entre otras garantías básicas, elementales y primarias para el desarrollo de las personas.

Como nunca antes se han distanciado los significados reales de libertad, conciencia, equidad, democracia, a pesar del desarrollo que en el plano formal han tenido los derechos humanos en general. Conceptos éstos que inundan el lenguaje político-jurídico universal y específico en el que se sostienen e interpretan los derechos en las denominadas sociedades democráticas.

Esta realidad también es palpable en los distintos escenarios en los cuales el periodista/comunicador desarrolla su tarea, como no podemos omitir que el origen de todo aquello que nos ampara en la vida, en nuestra actividad, en general, ha sido el resultado de la lucha de hombres y mujeres que -en sus distintos modos y planos- creó condiciones para su existencia y posterior vigencia. Por eso, volver por nuestros derechos que resumen la lucha en logros, a pesar de ser objeto de sistemáticos atropellos, es un imperativo que nos obliga una y otra vez a interrogarnos en torno a dónde se ubica la verdadera frontera que limita el desarrollo pleno, de un derecho humano, como es el derecho a la comunicación y el conjunto de derechos profesionales que garantizan nuestra tarea cotidiana.

De ahí que retomar la afirmación que hiciéramos, y que seguimos sosteniendo, en torno a que "No hay democracia informativa sin democracia económica", resignifica la lectura aséptica, desvinculada de lo social, que busca descansar sólo en códigos y preceptos una salida a tanta injusticia. Verificar el grado de realización "antidemocrática" de un Estado de derecho es la clave para la lectura del material que ofrecemos. Y la distancia que de ello se desprende es, a la vez, el largo recorrido en la lectura de una historia que le allanó el camino a una minoría expropiadora y concentradora contra los más elementales derechos de una sociedad.

Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires

Nota: Los interesados pueden acceder a la versión digital de esta publicación, solicitándolo por correo a:

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