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Muchas ciudades latinoamericanas están en zonas de alto riesgo sísmico

Terremotos: peligros y prevención

Experiencias recientes nos obligan a entender que los desastres se construyen socialmente. Los eventos naturales ocurren siempre, pero sólo se convierten en desastres si el factor humano está allí; una vez que el hombre ha intervenido, ocupado y transformado el ambiente. Es por ello que los grandes conglomerados urbanos representan un gran potencial de posibles tragedias frente a las amenazas naturales. Sin planificación ni educación el problema es mayor.

| Caracas (Venezuela)
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JORGE CONTRERAS(FRAGMENTO)

Desastres naturales

El impacto de los desastres naturales de las últimas décadas, en el mundo en vías de desarrollo, ha generado víctimas, destruido infraestructuras y frenado el crecimiento. Los más recientes casos son el terrible tsunami en Asia a finales de 2004 (con más de 300.000 víctimas), el terremoto de Indonesia de comienzos de 2005 (magnitud Richter 8.7) y el terremoto de Pakistán del 8 de octubre de 2005 (magnitud Richter 7.6, con más de 80.000 víctimas y 4 millones de damnificados que quedaron sin hogar en invierno, en las cercanías de los Himalayas).

En América Latina hay también una extensa lista de catástrofes: los terremotos de Managua (1972), México (1985), San Salvador (1986), las erupciones de Chichonal (México, 1982) y Nevado del Ruiz (Colombia, 1985), las inundaciones provocadas por el fenómeno de El Niño, las tormentas tropicales, los huracanes (Honduras, 1974), las inundaciones (Honduras, Nicaragua, Costa Rica, 1983, 1991, 1992, 1996), los deslaves de Vargas (Venezuela, 1999) y Bolivia (2003). Los países en desarrollo llevan el inmenso fardo de la pobreza, ya de por sí una catástrofe, y sobre ellos caen, además, estos devastadores fenómenos naturales. Las catástrofes tienen efectos más destructores cuando las comunidades afectadas son menos educadas, menos preparadas, y más pobres, porque pierden en pocos segundos todo lo que tienen. Una catástrofe sobre otra, sobre la misma gente. Si se hacen dilatados y sostenidos esfuerzos de planificación, educación, fortalecimiento institucional y para la construcción de redes sociales, las consecuencias de las catástrofes pueden ser mucho menos devastadoras.

Vivienda urbana y sismos

La mayoría de las ciudades más pobladas de Latinoamérica están ubicadas en zonas de alto riesgo sísmico: México, Bogotá Santiago, Lima, Quito, Guayaquil, Guatemala, San José, Managua, Santo Domingo. Caracas es una de ellas. En Venezuela un 80% de la población habita el eje norte costero y andino, zona de mayor amenaza sísmica en el país. Más del 50% de la población habita viviendas autoconstruidas, sin criterios técnicos de seguridad para resistir sismos, en muchos casos ubicadas en terrenos inestables. Por lo tanto, más del 40% de la población vive en ranchos, en zonas de alto riesgo sísmico.

Desde 1967, fecha en la que ocurrió el sismo de Caracas de magnitud 6,4 (escala Richter), el cual ocasionó serios daños y dejó 285 muertos, han crecido significativamente los asentamientos informales de viviendas precarias que no presentan condiciones mínimas de seguridad y resistencia frente a terremotos.

Caracas tiene más de dos millones de habitantes en zonas de alto riesgo sísmico. Los ranchos tienen hasta siete u ocho pisos, y son construidos con técnicas cada vez más peligrosas, producto de la ignorancia. Un ejemplo es el uso del bloque trabado, con el que muchas veces se eliminan el cemento y las cabillas de acero en la construcción. Los ranchos no tienen ningún mecanismo estructural para resistir terremotos como los que ya han ocurrido en la historia del país. El peligro es enorme: en las zonas de barrios, muchas personas no podrán ser rescatadas si ocurre un terremoto, porque no hay acceso vial. Este problema se repite en ciudades del eje nortecostero y andino.

Las leyes probabilísticas de ocurrencia de eventos sísmicos importantes en la región central de Venezuela, derivadas de los datos históricos disponibles, muestran que un sismo como el de 1967 en Caracas, puede ocurrir cada 20 años. Su no ocurrencia indica la acumulación de energía en las zonas de las fallas sísmicas, la cual puede conducir a sismos de magnitud mayor1. Han transcurrido 38 años desde la ocurrencia del sismo de 1967, por lo que estas leyes indican que el sismo probable de ocurrencia actual en Caracas es de magnitud 6,9, mayor que el de 1967. El sismo de 1967 descargó energía equivalente a más de dos veces la bomba atómica de Hiroshima. El sismo que podemos esperar hoy en Caracas equivale a más de seis bombas atómicas. El sismo de México de 1985, descargó la energía equivalente a 1100 bombas atómicas.

Podemos imaginar las consecuencias desastrosas de un próximo sismo de gran magnitud que afecte a los barrios marginales de Caracas, donde además, las condiciones de difícil penetración, la alta densidad poblacional, la precaria situación sanitaria y de servicios en estas zonas, obstaculizarían significativamente la atención de la emergencia y la asistencia a la población, después de una tragedia.

Es preocupante, por otro lado, la proliferación de desarrollos de viviendas de bajo costo, impulsados también desde hace varias décadas por las instituciones del Estado, donde se utilizan de manera repetitiva sistemas estructurales de dudoso desempeño ante cargas sísmicas. Paradójicamente, la acción del gobierno en algunos de los programas de vivienda, también ha contribuido, desde hace muchos años, con el proceso de producción de desastres. Un ejemplo es el caso de viviendas construidas de adobe. Distintos organismos regionales y nacionales han construido en los últimos diez o doce años viviendas de adobe que no cumplen con requisitos mínimos de seguridad ante sismos. En ocasiones, se adoptan las recomendaciones de profesionales que desconocen experiencias como las del terremoto de Armenia en Colombia, que destruyó por completo un reciente desarrollo habitacional en adobe, o experiencias como la de Irán.

En Mérida, Portuguesa y otros estados de alto riesgo sísmico, se han construido viviendas de adobe inadecuadas, con insuficiente refuerzo o con deficiencias de diseño, y se siguen construyendo. En los Andes venezolanos hay numerosas viviendas de adobe construidas en la última década, inclusive con asesoramiento de universitarios que desconocen los verdaderos requerimientos de armado de este tipo de viviendas, y colocan refuerzos de acero altamente insuficientes, arriesgando la inversión y hasta la vida de los pobladores.

Al discutir con los encargados, se evidencia su desconocimiento del tema, y muestran manuales con equívocas recomendaciones. Allí se fraguan futuros desastres como los de Colombia, Irán, Nicaragua, Perú. Esto es ignorancia. La vulnerabilidad en nuestros países es, en general, un asunto de pobreza y organización social e institucional, pero también de conocimiento (tanto de expertos del mayor nivel académico, como de la base social y de las instituciones). La solución del problema requiere de grandes y sostenidos esfuerzos que no se pueden resolver en el apuro, aun cuando es urgente emprenderlos o profundizarlos.

Una buena parte de la población del país que no habita en barriadas pobres, vive en edificaciones construidas con criterios sismorresistentes desactualizados, que no responden a las normativas actuales y que requieren, en una gran cantidad de casos, refuerzos adicionales. Como ejemplo citemos el caso común de personas que dicen «ese edificio está bien, porque resistió el sismo de Caracas de 1967». Ese criterio es totalmente errado. El que un edificio haya soportado un sismo, es equivalente al caso de un boxeador que haya sufrido golpes en un round sin caerse: en el round siguiente tendrá, seguramente, menos fortaleza. Un edificio que ha soportado un sismo de cierta magnitud, tiene una vida útil más corta y debe ser protegido.

Escuelas y vulnerabilidad sísmica Un gran número de escuelas en América Latina y en el mundo en desarrollo, corre peligro ante terremotos por no tener condiciones adecuadas para resistirlos. El terremoto de Cariaco (Estado Sucre, Venezuela), es un ejemplo evidente. Este sismo ocurrió el 9 de julio de 1997, tuvo magnitud Mw = 6,9 y produjo el colapso de 4 edificios escolares, en los que perecieron 23 personas (niños, jóvenes y maestros), aun cuando el sismo ocurrió en un momento de receso del período escolar. Edificaciones similares a las que colapsaron por defectos de diseño, están sembradas por todo el país y requieren de medidas de reforzamiento, a fin de preservar las vidas de los niños y maestros.

El colapso de escuelas por terremotos es un problema repetido en el mundo: el terremoto de Molise, Italia (2002) destruyó una escuela primaria y mató 27 niños y un maestro. El terremoto de Boumerdès, Argelia, 2003 (Mw=6,8) causó serios daños en 564 escuelas. El 70% de las escuelas de El-Asnam, Argelia, 1980, (M=7,3) fueron dañadas o destruidas. En el terremoto de Armenia, Turquía, 1988 (M = 6,9), del total de 25.000 muertes más de 6.000 fueron estudiantes y maestros de escuelas2. En Venezuela existen más de 28.000 escuelas, de las cuales más del 70% están ubicadas en zonas de alto riesgo sísmico.

Muchas de ellas fueron diseñadas con normas sismorresistentes de 1947, 1955 o 1967, hoy desactualizadas. Estos criterios fueron mejorados con las normativas de 1982 y de 2000, pero las escuelas ya estaban construidas y otras se continuaron edificando con los antiguos diseños, sin tomar las medidas necesarias. Esto continúa ocurriendo. La escuela Valentín Valiente y el liceo Raimundo Martínez, que colapsaron con el sismo de Cariaco, corresponden a estructuras conocidas como tipo "antiguo" o "cajón", sembradas en todo el país, y que no han sido reforzadas.

Se ha incurrido en el error de «implantar » diseños de edificaciones previstos para una zona sísmica de mediana intensidad, en zonas de muy alto riesgo sísmico, sin tomar las medidas necesarias; ésta ha sido una práctica frecuente de las instituciones del sector público.

Un grupo de destacados investigadores del Instituto de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad Central de Venezuela ha emprendido el estudio de edificaciones de escuelas que han sido construidas de manera repetitiva en el país. Para ello se han estudiado los modelos, los mecanismos de falla, las deficiencias debidas a las normativas sísmicas desactualizadas, y a partir de toda esta información, han diseñado mecanismos de reparación mediante estructuras de refuerzo que pueden aumentar la resistencia ante sismos, y solventar las insuficiencias estructurales. Una de las referencias principales es: López O. A., Hernández, Del Re y Puig, 2005, «Reducción del Riesgo Sísmico en Escuelas de Venezuela. Boletín Técnico IMME, 42/3». Ese esfuerzo es una contribución que da los primeros pasos, pero el tema requiere de toma de decisiones importantes por parte de los organismos públicos, para estudiar todos los modelos de escuelas existentes en el país, diseñar los refuerzos y proceder a su urgente reparación.

Las escuelas pueden ser reforzadas para que tanto los niños como los maestros no sigan corriendo riesgos ante sismos en el interior de esas estructuras. Este problema es compartido por los países con alto riesgo sísmico de América Latina y el Caribe: todos, de México a Chile, con la excepción de Brasil, Uruguay, Paraguay y las Guayanas.

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JORGE CONTRERAS(FRAGMENTO)II

Conocimiento, ignorancia , prevención

El desconocimiento hacía que los sismos se presentaran como un castigo divino por las malas acciones de las sociedades; y a los desastres, como una pesada prueba que imponía Dios para que los hombres tuvieran presente sus limitaciones ante una realidad que por momentos creían controlar. Tanta importancia tenían esos argumentos que, en el sismo de Caracas de 1812, con Venezuela en plena guerra de independencia contra la monarquía española, el terremoto fue presentado ante la rebelión como el castigo divino a tal atrevimiento. Bolívar desplazó esa imagen con su declaración "Si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca ". ¿Delirio o discurso político?... Como quiera que se considere, lo cierto es que al enfrentarse a los reyes, debía luchar contra la creencia de que ellos representaban la voluntad del Señor.

En esa ocasión, las cifras de las víctimas fueron manipuladas en ambos sentidos: presentar una cifra muy alta era conveniente para apoyar la idea del castigo divino frente al ataque a la monarquía, mientras que la levedad, o inclusive la no ocurrencia del terremoto, reflejaba la tolerancia y benevolencia del Señor ante la acción de liberación. Esa fue una versión que tuvo eco en la Inglaterra del momento, donde se llegó a decir en algunos círculos, que el sismo de Caracas de 1812 no había ocurrido. En todo caso, los estudios científicos retienen hoy la cifra estimada de 10.000 muertos en Caracas y La Guaira en el sismo del 26 de marzo de 1812, con registros de unos 4.000 muertos en Mérida y unos 5.000 muertos en San Felipe, posiblemente debidos a otro sismo ocurrido el mismo día3. Hoy tenemos muy claro que los sismos sí ocurren, se pueden medir y estudiar, pero no se pueden predecir. Sus orígenes se deben a movimientos de la corteza terrestre en zonas de contacto o fallas, que al acumular energía de deformación pueden generar el movimiento sísmico. Sus consecuencias devastadoras son debidas a la falta de previsión, la ocupación inadecuada del territorio y la insuficiencia de consideraciones técnicas en la elaboración de la infraestructura. Y allí no hay castigo divino: la vulnerabilidad la construye al hombre.

Prevención y educación

Hoy, Venezuela cuenta con una de las más modernas redes sismológicas del continente, la cual fue concebida a finales de los noventa e implementada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología en el período 1999
- 2002, cuando también creó una Agenda Nacional de Desastres, la cual involucró a numerosos científicos, gestores públicos, gente del sector de planificación, de organismos de atención de desastres y de comunidades organizadas. Fue un esfuerzo que hacía honor a la importancia de las políticas de prevención de desastres que la ONU y la UNESCO promovieron en los años noventa, y que merece ser continuado, porque responde a urgentes necesidades y carencias nacionales, todavía no adecuadamente atendidas.

Lograr una solución total para minimizar el riesgo sísmico es muy difícil: implicaría reconstruir una muy significativa parte de nuestras ciudades y transformar nuestra cultura, así como recuperar el ambiente. Esto es imposible a corto plazo. No es un asunto solamente de decretos, ni de leyes ni de voluntarismo. Son vitales la educación, la preparación social, las normas y su cumplimiento, la institucionalidad, el respeto a la formación académica y científica para la toma de decisiones, pero también, la pertinencia de la investigación, la comprensión adecuada de la realidad nacional, y el compromiso y los esfuerzos necesarios por parte de las instituciones públicas que atienden esta problemática. Los desastres naturales pueden destruir, en pocos segundos, inmensos y sostenidos esfuerzos económicos. Para hacer viable el desarrollo debe considerarse la gestión del ambiente y de riesgos. La prevención de desastres se asocia a la lucha contra la pobreza, a la educación y al fortalecimiento de instituciones públicas.

En América Latina, la vulnerabilidad aumenta día a día, como aumentan las brechas con los países desarrollados, acompañadas por el crecimiento de la pobreza, el proceso acelerado de la concentración urbana, la ocupación no planificada e irracional del territorio, el crecimiento de la población, las carencias de dotación adecuada de viviendas e infraestructura, los procesos de degradación ambiental, consecuencia de la deforestación y la erosión de los suelos, las debilidades institucionales de los sectores públicos, con la ausencia de mecanismos adecuados de control y regulación, y las debilidades sociales para reaccionar ante un evento de tal naturaleza.

Planificar para superar el problema La ignorancia, la pobreza y la falta de planificación siguen siendo nuestros peores enemigos en la prevención de desastres. En este panorama se inscribe uno de los principales problemas: la construcción popular de viviendas que no tienen la más mínima resistencia ante fuerzas sísmicas. Hay que tomar en cuenta que la mayoría de las viviendas son autoconstruidas, y que, además, los sismos no están presentes cuando el constructor popular levanta un rancho o un edificio. No tiene por qué pensar en ello.

La amenaza sísmica es una condición que exige planificación, y un nivel de conocimientos y experticias que no han sido todavía transferidos a la práctica empírica de la autoconstrucción. El constructor popular no tiene consciencia de la amenaza sísmica, no la «siente»; al menos no de la misma manera como, en cambio, sí puede constatar las fuerzas y requerimientos del peso propio (producidos por la gravedad) cuando construye. Simplemente, si el rancho no resiste su peso propio, se cae la construcción. Es una constatación inmediata. La prevención es una óptica vital, de la cual carece el constructor popular. Para que esta visión esté presente, serán necesarios grandes esfuerzos en planificación, y en masivos programas educativos y de divulgación.

Las políticas de desarrollo no son viables si no incluyen consideraciones para la gestión del ambiente que propicien la mitigación del riesgo. Es necesario aceptar que la vulnerabilidad de la población es un problema estructural, de raíces sociales, por lo que, en América Latina, las políticas de mitigación de riesgos y prevención de desastres se asocian ineludiblemente con la lucha contra la pobreza, con la educación y el fortalecimiento de las instituciones públicas. Los esfuerzos que se hacen en Venezuela, y en la mayor parte de los países latinoamericanos, en prevención de desastres, son todavía limitados. No hay suficientes centros de formación e investigación, no hay la necesaria rigurosidad técnica ni científica.

La gestión del riesgo, con el fin de lograr un desarrollo armónico con el ambiente, es un problema no sólo del Estado, sino de la población en general. Es vital insistir, por medio de políticas públicas, en inversiones, no sólo orientadas a programas de reducción de la vulnerabilidad a corto plazo, sino a la formación y educación de la población en convivencia con las amenazas ambientales, a fin de contribuir con la creación y consolidación del capital social, base necesaria para el desarrollo. En 2001 se aprobó la Ley de Protección Civil y Gestión de Desastres, lo cual constituye un primer esfuerzo en la dirección de orientar políticas y construir capacidades públicas en la prevención de desastres y atención de emergencias.

En el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en 2000, se iniciaron las agendas de Gestión de Riesgos y Reducción de Desastres y la de Vivienda y Hábitat. Con estos programas, se financiaron proyectos específicos, atendiendo problemas prioritarios relacionados con la evaluación de amenazas, vulnerabilidad, riesgo, su mitigación y reducción, y con la atención y manejo de emergencias. Lo más valioso de estas experiencias es que han contribuido a impulsar el trabajo conjunto de universidades, centros de investigación, instituciones públicas (especialmente alcaldías), ONG’s y empresas, creando responsabilidades colectivas en torno a la solución de problemas prioritarios y puntuales en distintas localidades del país. Estos proyectos han permitido la incorporación del talento humano disponible, y hasta ahora subutilizado.

En efecto, en Venezuela existen importantes capacidades de alto nivel, académicas, profesionales y técnicas, en temas de desastres, así como un rico capital de información, que incluye mapas de amenazas, y el conocimiento de las tecnologías apropiadas para reducir la vulnerabilidad. Estas fortalezas, que son poco conocidas públicamente, pueden ser aprovechadas por el Estado en el desarrollo de políticas y programas de prevención de desastres. Para ello se requiere un apoyo decisivo y determinante. Aunque se ha adelantado en esta dirección, resta aún mucho por hacer.

En el corto plazo, es fundamental considerar la evaluación de la vulnerabilidad de estructuras estratégicas (petroleras, energéticas, etc.), y de atención a la comunidad (hospitales, escuelas, etc.). Asimismo, la evaluación de la vulnerabilidad urbana y de los desarrollos de vivienda popular son básicos para orientar los urgentes programas de rehabilitación, o desalojo y reubicación de la población de las zonas más vulnerables. También es prioritario el desarrollo de programas de atención de emergencias con la participación de las comunidades, y la instalación de sistemas de alerta temprana.

El fortalecimiento del sector público, la formación de profesionales capacitados en la comprensión de las amenazas naturales y la gestión del riesgo, la consolidación de instituciones encargadas de coordinar y promover los planes nacionales, y, sobre todo, la formación de capacidades municipales y redes sociales en la prevención de desastres, son tareas que requieren urgentemente de enormes esfuerzos e inversión, con resultados que serán visibles a mediano o largo plazo. La formación y educación de la población en su conjunto, contribuirán a la consolidación de una "cultura del riesgo", con la responsabilidad social y colectiva que esto implica. Es una tarea enorme, descomunal, pero urgente. Los recientes desastres "naturales" nos obligan a entender y asumir que, en realidad, las catástrofes se construyen socialmente. No son únicamente eventos naturales: se convierten en desastres solamente cuando el hombre ha intervenido inadecuadamente el ambiente.

- 1 Genatios, C. y Lafuente, M. (2003), «Vivienda: la política por hacer» Question No.1 año 2, Caracas y http://www.ucab.edu.ve/ clubderomaVenezuela/arch_nac/cg_0703.pdf
- 2 López O. A.,Hernández,Del Re y Puig, 2005 Reducción del Riesgo Sísmico en Escuelas de Venezuela. Boletín Técnico IMME, 42/3 ( h t t p : / / w w w . r e v e l e . c o m . v e / p r o g r a m a s / i n d i c e / buscador.php?idparte=532&dep=ingenieria&Busqueda=2).
- 3 José Grases, Rogelio Altez, Miguel Lugo «Catálogo de sismos sentido o destructores en Venezuela entre 1530 y 1998» Ediciones de la Academia de ciencias físicas, matemáticas y naturales y de la facultad de ingeniería de la UCV, Caracas 1999.

Carlos Genatios

Ingeniero y licenciado en filosofía, profesor de la Universidad central de Venezuela, con doctorado en Insa, Francia.

 
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