¡Unos cinco mil indios han venido con lanzas a presionar al juez!”, se lamentaba furibundo en estos días un dinosaurio en el tema de la caducidad del contrato de la compañía Occidental. Es Fernando Santos Alvite, cuya patria verdadera está en Norteamérica, aunque destile aquí todo su veneno. Él es un buen sabueso del gobierno de George W. Bush, y leal empleado de las empresas transnacionales.

No podía ser más explicable su indignación si en el país la caducidad del contrato de la Oxy se ha vuelto prioridad para los pueblos, que se organizan en nuevas y más amplias instancias de unidad, con el propósito de parar la traición y el entreguismo.

Todo el mundo entiende claramente lo que pasa alrededor de este tema: desde el punto de vista estrictamente jurídico, el Estado, cuya parte acusadora es Petroecuador a través del procurador General, José María Borja, debe buscar salir victorioso en su acusación de violaciones al contrato y a la ley por parte de la empresa norteamericana y por tanto debe pedir al Ministro de Energía que declare inmediatamente, sin dilaciones, la caducidad del contrato y la consecuente reversión al Estado de los campos que opera la transnacional.

Y es obvio que siendo el Ministro de Energía en primer lugar un ecuatoriano, y luego la autoridad del Estado llamada a sancionar esta acción, no tiene otro camino que aplicar la ley y declarar la caducidad, pero este Gobierno se ha buscado una serie de obstáculos que dilaten el tema hasta lograr una salida favorable no al Estado, como por lógica todo el mundo entiende se debe actuar, sino en favor de la OXY.

Y en esta intención del Gobierno era el Procurador del Estado el principal escollo jurídico, ya que sostenía la tesis de la caducidad, pero como la pelea es nada más y nada menos contra una de las empresas más importantes de los Estados Unidos y por tanto la más defendida por Bush, las presiones aumentaron progresivamente hasta lograr doblegar la posición digna y coherente que había mantenido este funcionario. Ahora Borja se pronuncia por una salida negociada al conflicto, es decir, da cabida a una transacción que no tiene sentido en este tema.

Lo de José María Borja se llama TRAICIÓN, y así lo han calificado los dirigentes de los trabajadores, de los ingenieros geólogos en Minas y Petróleos, los estudiantes universitarios y secundarios, los indígenas y los pueblos de la Amazonía, que protagonizaron este 9 de mayo una imponente marcha de protesta contra esta actitud entreguista y antipatria del Gobierno.

El desprecio con el que han tratado a quienes exigen una posición digna por parte del Estado se llama odio de clase, y es precisamente ese odio el que, así como en estas líneas, se expresa en las consignas de los sectores populares contra esta transnacional y todos sus sirvientes. La defensa de la soberanía se ha tornado un vendabal incontrolable para el poder, y corresponde a los vientos de independencia y progreso que inundan América Latina.