Los recursos naturales son un botín que por décadas han generado conflictos de intereses entre grupos que ambicionan poseerlos para provecho personal por un lado, y quienes defienden su vida y su hábitat por el otro.

Estas disputas han desembocado en matanzas, de indígenas en su mayoría, que pretenden acabar con culturas enteras y milenarias asentadas en selvas vírgenes del territorio Yasuní. En 1993 murieron varios Huaoranis, la razón, según se dijo, era la venganza por la muerte del misionero Carlos Omena; luego, en el 2003, casi se termina con Taromenanes y Tagaeris a manos de los Huaos; los muertos eran niños, jóvenes hombres y mujeres de los dos pueblos. Estas muertes fueron producto de la mala influencia sobre ciertos indígenas Huaos por parte de las empresas madereras y petroleras que operan en el lugar.

De lo que se conoce, la compra de conciencias de una parte de los indígenas es una estrategia utilizada para “limpiar” la zona y dejar sin obstáculos el trabajo ilícito que realizan estas empresas.

El pasado abril, al término de la tercera semana se escuchó el rumor de una nueva masacre, se hablaba de un enfrentamiento entre Taromenanes de un lado y madereros y huaoranis de otro, y que existirían varias víctimas de los dos bandos, pero lo que más sorprendía era la versión de que este segundo grupo llevaba hasta Tiguino a dos mujeres Taromenas muertas como trofeo de guerra. En los hospitales de la provincia de Orellana se esperó la llegada de los cadáveres, mientras estas versiones se difundían en varios medios de comunicación virtuales y televisivos, pero nunca se pudo ver heridos o cadáveres. Esta presión obligó a una comisión conformada por dos secretarios de Estado: del Ambiente y de Defensa y varios representantes de organizaciones a ingresar a varios posibles puntos del conflicto, pero nada se pudo comprobar.

David Suárez, de la Pastoral Social de Orellana, hace el seguimiento del caso y menciona que el rumor que más suena y más coherencia tendría entre indígenas que conocen el sector y que prefieren el anonimato, es que los madereros entraron por el río Chiripuno y que el enfrentamiento sería en Cononaco bajo. Esto no pudo ser comprobado porque la zona es muy amplia e inaccesible.

De las varias teorías que se han planteado al respecto se puede desprender que posiblemente sucedió la masacre, pero por la dificultad en el acceso o porque nadie conoce con exactitud el sitio, los cadáveres no han podido ser hallados, o que posiblemente el hecho está por suceder, y esto es un termómetro que las madereras están utilizando para medir el alcance de las acciones de los taromenanes, quienes estarían dispuestos a todo por defender su forma de vida y no aceptan a este desarrollo como suyo.

Otra tesis, dice Suárez, es que “si hubo un enfrentamiento en la zona intangible, que es enorme, nunca se conocerá, porque los posibles responsables directos, huaoranis y madereros, no hablarán, ya que sería mostrar a la luz pública con nombres a las millonarias empresas madereras nacionales y extranjeras que operan clandestinamente y que financian estos hechos para acabar con la reserva mundial que significa el Yasuní, y también porque se mostraría la inoperancia y/o protección que reciben del Estado, por el poder económico y político que éstas tienen en los distintos gobiernos.

Se conoce también que existen 11 campamentos de madereras fantasmas en el parque Yasuní, que operan desde el río Shiripuno hasta el río Nashiño, zona intangible según los mapas; dicha delimitación está solo en papeles, ya que en el terreno no existe demarcación, por inoperancia de las autoridades del ramo al hacer respetar la “zona intangible”.

Las autoridades aducen no conocer nada y la población entera ve a diario que transitan enormes vehículos cargados de cedro por el único camino que existe, la Vía del Auca, donde existen puestos de control militar en todo el trayecto desde el Tiguino. El supuesto desconocimiento del hecho se contradice cuando envían refuerzos para la seguridad de las empresas transnacionales que operan en este lugar, y en el caso del Ministerio del Ambiente se realizan millonarias campañas innecesarias.

Lo que debe conocer la sociedad es que las muertes que se han dado no son provocadas por problemas étnicos o territoriales entre huaorani, taromenane o cualquier pueblo no contactado. La única razón es la extracción irracional e ilegal de la riqueza natural por parte de las empresas madereras fantasmas y las petroleras Refsol YPF y Petrobras, asentadas en este territorio.

Para la solución de estos graves problemas es necesario que el Estado aplique políticas de conservación de la vida humana y silvestre en el Parque Yasuní, que señalen en el terreno la zona intangible y defiendan a los pueblos que históricamente han preservado estas tierras y su gran legado cultural. Que el Estado deje su papel de testigo mudo y cómplice en estos crímenes y castigue a las madereras y petroleras que violan las leyes ecuatorianas.