La Localidad de Ciudad Bolívar es uno de esos sectores que desde las lomas mira con asombro el desarrollo y progreso de la ciudad lejana, inaccesible, quimérica, que los hace a un lado como la estirpe maldita que debe desechar para posibilitar el lucro de unos pocos.

Hoy Ciudad Bolívar, y especialmente el barrio Jerusalén sector Potosí, cuenta con todos los servicios públicos. Y aunque el proceso de conseguirlos no fue fácil, en esos años de lucha se logró superar los escenarios oscuros en donde la vela, la pila de agua, y el retrete enclavado en el piso eran el pan de cada día.

Sin embargo, esos servicios públicos, conseguidos con tanto esfuerzo son hoy la espada de Democles que se cierne sobre los humildes habitantes de este sector. Servicios que aunque han mejorado de forma sustancial sus expectativas y sus condiciones de vida, también se han convertido en el factor principal que desangra las exiguas economías familiares.

Sobreviviendo

Hay que resaltar que una sociedad que excluye –como es la colombiana– dispone a cada uno de sus miembros para que sobreviva como pueda. Los habitantes del barrio Potosí no escapan a esta realidad. Quien logra conseguir un empleo puede darse por «salvado». Pero no es cierto. Sus salarios son insuficientes (para garantizarse vida digna), derivados del desempeño de oficios como vendedores ambulantes, maestros de obra, empleadas del servicio, etcétera.

Los gastos de las decenas de familias que habitan el barrio, no dejan duda al respecto. Cada una de ellas gasta en servicios públicos (agua, luz,teléfono y gas domiciliario) entre el 35 y el 40 por ciento de sus ingresos mensuales, lo que ahonda su crisis económica, generando una situación insostenible para hogares compuestos por más de seis personas, que deben decidir entre comer y cancelar el arriendo o pagar servicios públicos.

Pero más aún, es importante tomar en cuenta que abundan en estos sectores madres y abuelas que son cabeza de hogar. Ellas tienen a su cargo aproximadamente a tres personas, por las cuales deben responder. El oficio en que se desempeñan, en general, es el servicio doméstico y el lavado de ropas, ganando en este último caso un promedio de quince mil pesos semanales.

Esta madre o abuela, debe mantener la “economía” familiar con estos ínfimos recursos, esto es, pagar arriendo, alimentación y colegio, además de los servicios públicos. De ahí que no sea raro encontrar casas sin servicios públicos, que por falta de pago han sido desconectados.

El último servicio que dejan de cancelar es el del agua. Y es precisamente en este esencial servicio donde se presentan los mayores abusos por parte de las empresas. En el recibo del agua se cobra el alcantarillado –casi inexistente en estas zonas–, por un valor equivalente al 80 por ciento del registro de consumo de agua. Es decir, por cada diez mil pesos de servicio de agua una madre cabeza de familia debe pagar en realidad diez y ocho mil pesos, pero como su oficio es lavar ropa es muy posible que el rango de consumo se eleve al doble, por lo cual termina pagando sumas exageradas, no acordes con su condición.

Pero más asombroso aún es el caso de las llamadas «vigencias acumuladas». Según éstas, frente a una mala lectura de la empresa se genera una deuda que en algunos casos llega a representar cifras escandalosas.

Servicios públicos de exclusión

Los servicios públicos se han convertido en un verdadero dolor de cabeza para miles de familias, transformándose en una bofetada diaria para las economías de las clases menos favorecidas.

No es extraño encontrar familias, que viven en las más absurdas condiciones de miseria, que por la falta de ingresos mensuales les han suspendido la totalidad de los servicios públicos.

En estas circunstancias, ¿para qué el desarrollo urbano, si se excluye del mismo a importantes sectores sociales que habitan la ciudad?

Entre exclusión e injusticia, y democracia y desarrollo, se vive una profunda paradoja que tiene que ser resuelta en favor de los que siempre han estado excluidos. Hay que superar las políticas sociales vigentes en Bogotá, y poner en marcha unas que se deriven de la concertación y del reconocimiento que los servicios públicos no son un negocio sino un derecho inalienable conquistado por la humanidad. La movilización de los excluidos tiene la palabra.