Tras un arduo debate que pone fin a 11 años de deliberaciones en el seno de Naciones Unidas entre los Estados y los representantes de los pueblos indígenas, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó ayer en Ginebra, por 30 votos a favor, 2 en contra y 12 abstenciones, una Declaración Universal que convalida sus derechos. Constituye un acuerdo inédito, apoyado por más de 1000 ONGs de indígenas, que han visto satisfechas sus aspiraciones básicas, en particular el impulso para avanzar hacia su desarrollo integral.

El texto, presentado por el embajador y ex canciller peruano, Manuel Rodríguez Cuadros, no es coercitivo para los Estados, pero reafirma el principio de la libre determinación para que los pueblos indígenas resuelvan los asuntos internos de su comunidad, en el marco de una nueva relación de cooperación y dialogo con los gobiernos. Al propio tiempo, el documento aprobado ofrece salvaguardas para que los Estados preserven su integridad territorial, de modo que los conflictos y reivindicaciones de tierras eventualmente reclamadas por los indígenas, puedan solucionarse mediante la negociación de autonomías, respetando sus valores y el derecho a la reparación si hubo expolio.

El texto es un ejercicio de equilibrio redactado por el diplomático peruano Luis Enrique Chavez, quien presidió un grupo de trabajo en el que participaron delegaciones gubernamentales y dirigentes indígenas. Es un compromiso que ha congregado a un 60% de las poblaciones indígenas dispersas por el mundo y a una mayoría de Estados alrededor de la Unión Europea, África y América Latina.

En sus 45 artículos se toma nota de la vulnerabilidad de los indígenas y de las necesidades para garantizar su desarrollo. Se enumeran medidas para corregir las injusticias históricas, enmendar la discriminación de las que suelen ser objeto por su origen e identidad, y abordar las causas que los han sumido en la pobreza, la exclusión social y la desigualdad económica. A instancias de una subcomisión de expertos de la ONU, los indígenas volverán a encontrarse con los gobiernos en Ginebra a fines del mes que viene para retomar el debate, una reunión que se inscribe según el nuevo vínculo que pretende instalar la Declaración promulgada ayer.

Luego de un periodo de reflexión para observar su aplicación en los contextos nacionales, sin duda comenzaran los primeros pasos hacia una Convención que finalmente obligue a los Estados a terminar de saldar una deuda ancestral, con siglos de racismo, xenofobia, intolerancia y marginalidad. Juan Gasparini