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El poder y la TV

México: Una crisis constitucional

Lo que en la noche del 6 de julio pudimos ver por televisión fue inolvidable. El locutor Joaquín López Dóriga hizo una larga entrevista al candidato presidencial del PAN, Felipe Calderón, como si fuera el presidente electo, cuando éste todavía no ha sido calificado como tal por el Tribunal Federal Electoral.

| Ciudad de México (México)
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Joaquín López Dóriga entrevista a Felipe Calderón.
Foto: Noticieros Televisa

Lo que en la noche del 6 de julio pudimos ver por televisión fue inolvidable. El locutor Joaquín López Dóriga hizo una larga entrevista al candidato presidencial del PAN, Felipe Calderón, como si fuera el presidente electo, cuando éste todavía no ha sido calificado como tal por el Tribunal Federal Electoral y está impugnado por su adversario, el igualmente candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, que obtuvo una votación casi igual a la de Calderón.

Televisa, el superpoder al cual hace unos meses todos los partidos le regalaron la más graciosa concesión, hizo saber a decenas de millones de espectadores a quién consagra como presidente y a quién no. En buen mexicano, esto se llama albazo (o, también, pago de favores recibidos).

Nada está claro en este proceso electoral. En un universo de 41.5 millones de votantes sobre un total de 71 millones de electores empadronados, decidir quién va a ser presidente de México por una diferencia de 240 mil votos (medio punto porcentual, menos de dos votos por casilla), sin atender los reclamos ni las impugnaciones de nadie, es jugar la República a una nueva aventura.

El presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, dice que la democracia consiste en que gana quien tiene más votos, aunque la diferencia sea mínima. Precisamente: lo que está en discusión es si esa tan pequeña diferencia es real o es producto de manipulación o fraude. Esta duda no existió en el 2000, cuando Fox aventajó a Labastida con 42 por ciento de los votos contra un 38 por ciento, es decir, cuatro puntos porcentuales y veinte votos por casilla de diferencia entre ambos.

En una situación como la presente es totalmente legítimo -hasta obligatorio- disipar todas las dudas sobre cifras tan cerradas, haciendo un conteo voto por voto y casilla por casilla, bajo estricta vigilancia de observadores imparciales.

Si Felipe Calderón está tan seguro de su mayoría como dice, lo más lógico sería que él mismo aceptara el conteo para quitar toda duda sobre la legitimidad de su mandato, avalado apenas por 244 mil votos de ventaja sobre 41.5 millones de electores, según dice el IFE.

Es una situación de excepción y como tal es preciso recurrir a medidas legales excepcionales. ¿Cuál es el problema para Calderón si el conteo confirma o aumenta esa diferencia y, al legitimar la elección hasta el fin, deslegitima de paso a sus impugnadores?

Si así comienza por imponerse el candidato al cual Televisa concede la investidura presidencial (faltó nomás que López Dóriga, cual en su tiempo hizo Socorro Díaz con Salinas, le pusiera la banda tricolor), dura va a ser su jornada y la nuestra. Calderón y su partido, entre las muchas cosas que ignoran, parecen no haberse dado cuenta del movimiento profundo de la sociedad mexicana, adverso al PAN y al PRI, que esta elección registró.

En 2000 el PAN ganó la elección presidencial con el 42 por ciento de los votos. Esta vez su candidato obtuvo sólo el 35.89 por ciento. En 2000 el PRI obtuvo el 38 por ciento de los votos, cuatro puntos por debajo de Fox pero dos puntos más que Calderón en 2006. Ahora el PRI logró apenas el 22.26 por ciento, es decir, una caída libre de 17 puntos porcentuales.

En 2000 el PRD obtuvo el 17 por ciento de la votación. En 2006 logró el 35.31 por ciento, un vertiginoso aumento de 18 puntos porcentuales, que le permitió igualar (y tal vez, no lo sabemos, superar) la cifra obtenida por el PAN y con la cual éste pretende gobernar a todo México sin más ni más.

Tras la candidatura de López Obrador se ha registrado, como estaba previsto, una marea electoral de pueblo. Ese apoyo popular ha hecho ganar puestos electivos a políticos que por sí solos habrían logrado tantos votos como Roberto Campa. Ignorar ese desplazamiento masivo del electorado es, vuelvo a decirlo, una aventura.

Pero si Calderón, como se está viendo, no cede en su empecinamiento; y si el TEPJF, como es permisible colegir, termina negando el conteo y alineándose con Televisa en la elección presidencial, a López Obrador, el PRD y sus aliados les queda un recurso totalmente legal y constitucional.

En tal caso, y con las indispensables pruebas de la manipulación o del fraude que denuncian, el PRD y sus aliados pueden impugnar toda la elección por la vía de los hechos jurídicos: si la votación presidencial ha sido manipulada y sus cifras son falsas, las de todas las otras elecciones concomitantes (seis papeletas en total) también lo son.

En consecuencia, tienen el recurso y el derecho legales de no tomar posesión de sus cargos (senadores, diputados, jefe de Gobierno, jefes delegacionales, asambleístas) hasta que un conteo imparcial conceda credibilidad y legitimidad a la elección de presidente. Y a ver cómo le hacen para gobernar si quienes fueron elegidos por esa marea electoral no aceptan someterse a las manipulaciones y las trampas.

Es un recurso extremo, legal, inatacable y no violento. Se llama crisis constitucional, que es precisamente el punto en el cual estamos.

Por eso, pienso, el candidato del PRD para la ciudad de México tendría que haber declarado en suspenso la aceptación de su constancia como jefe de Gobierno de esta ciudad hasta que se dilucide la elección presidencial. El festejo realizado sin atender a lo que está ocurriendo con esta elección me parece impropio. Y lo mismo digo para otros cargos electivos resultantes de estos comicios.

Para que el pueblo sienta que puede movilizarse a fondo en defensa de su voto, de sus derechos ciudadanos y de sus candidatos, tiene que ver que éstos están convencidos, se empeñan en la lucha con el mismo vigor y, de verdad, se la juegan con ese pueblo que los votó.

Lo demás es humo de palabras, negociación de trastienda y amargo desaliento de quienes, una vez más, creyeron.

¿Estarán dispuestos los electos del PRD y sus aliados a ponerse a la cabeza de la protesta popular y, como prenda, poner sus constancias de mayoría sobre la mesa? Es lo que nunca quisieron hacer, salvo alguna aislada excepción, los electos del FDN en 1988. ¿Están dispuestos los electos del 2006, con el respaldo de la indignación y también la amargura popular, a jugársela en serio?

Lo que haya de verse, se verá. Pero si no se ve, como en la campaña no se vio, después no digan que el pueblo no responde.

Fuente
La Jornada (México)

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