“Junto a (Juan) Gelman y Macarena (hija de María Claudia) hicimos en mayo una presentación ante la CIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos, dependiente de la OEA) por el impedimento de la Justicia uruguaya de juzgar a los responsables por la vigencia de la Ley de Caducidad. Nosotros consideramos que esta ley se debe derogar en el Uruguay”, explicó el abogado al diario porteño Página 12.

La CIDH notificó el 22 de junio pasado al gobierno uruguayo de este pedido; las autoridades de ése país tienen un plazo de dos meses, más uno de prórroga, para manifestar su descargo sobre el tema.

Los organismos de derechos humanos uruguayos consideran que un fallo a favor del pedido de la familia Gelman puede abrir el debate sobre la ley que otorga impunidad a los represores de la dictadura.

El coronel retirado Gilberto Vázquez, implicado en el secuestro y asesinato de María Claudia declaró ayer ante el Tribunal de Honor del ejército uruguayo.

“Seguimos con expectativas las cuestiones que el ex coronel Vázquez pueda manifestar en la Justicia militar. Todo eso constará en actas y si aparece algún dato que consideremos importante lo utilizaremos en la causa penal. Lo otro es seguir de cerca la solicitud de las extradiciones pedidas desde Argentina”, señaló Fernández.