Empleos dignos y pequeña y mediana industria

Sin descartar la mejora de las condiciones laborales que tiendan a introducir el trabajo decente en las diversas formas de autoempleo, desde el trabajo por cuenta propia al empleo informal, la práctica internacional demuestra que la vía más eficaz para crear puestos de trabajo que cumplan con los requisitos necesarios para ser así considerados, es la promoción de las pequeñas empresas sustentables y productivas. En ese sentido el autoempleo precario, respuesta espontánea de los trabajadores al desempleo estructural, podría considerarse la antítesis del empleo decente, y esa es la realidad que prevalece en el mercado de trabajo venezolano, al igual que en otros países de nuestro continente.

En efecto, quienquiera que haya transitado las calles de Caracas y de las principales ciudades del país durante las últimas dos décadas no puede haber dejado de advertir un crecimiento paulatino pero permanente de la economía informal. Ese fenómeno no es otra cosa que la demostración de la incapacidad del aparato formal o moderno de la economía para absorber laboralmente a la mayor parte de la población económicamente activa, aun en los períodos en los que opera a su máxima capacidad.

Mientras que hacia fines de la década de los 70 la participación del empleo informal en el total ascendía a poco más del 30%, ese porcentaje fue creciendo hasta alcanzar actualmente alrededor del 50% del empleo total. La tendencia parece tender a contenerse, y aun revertirse, desde el 2003, aunque el período es demasiado corto como para sacar conclusiones definitivas.

La informalidad se constituye así en la respuesta de la sociedad frente al desempleo estructural. Es una estrategia de supervivencia que se ejercita habitualmente en actividades de servicios, de muy baja calificación y escasa dotación de capital.

La contrapartida de este autoempleo precario es un bajo nivel de ingresos, largas jornadas de trabajo que a veces se alternan con períodos prolongados de inactividad, y la carencia de acceso a la seguridad social.
Los porcentajes, sin embargo, dicen poco. Cuando se los transforma en cifras absolutas se constata que de una población económicamente activa de alrededor de 12 millones de personas, un millón es desempleado abierto, y de los 11 millones empleados, 5 millones y medio se desempeñan en el sector informal.

Esto significa que, aun con todo lo que se ha avanzado en la materia en los últimos años, todavía hay seis millones y medio de venezolanos, de un total de 12 millones, o sea un 60% de la PEA, que están lejos del empleo digno.
Describir esta realidad, hay que reconocerlo, es contar sólo la mitad de la historia. La situación es real, es grave, y es el resultado de la crisis de un modelo de desarrollo que había entrado en crisis hace por lo menos dos décadas, a lo que se le sumó el intento de salir del laberinto del peor modo posible: abriendo puertas que no conducían a ningún lado. Exactamente en eso consistió la apertura de principios de los años 90, que significó la eutanasia no planificada de buena parte de la estructura productiva del país, proceso que impactó sobre todo a las pequeñas y medianas industrias orientadas al abastecimiento del mercado interno.

Esa crisis de la producción nacional, sometida a la doble presión de la caída de aranceles y la sobrevaluación cambiaria, provocó una crisis equivalente en el empleo, causa fundamental del aumento del desempleo hasta niveles largamente superiores a los históricos, concomitante con el incremento del autoempleo precario, lo que redundó en el deterioro de la calidad del empleo, alejándolo así de los objetivos del trabajo decente.

Debemos reconocer que las políticas recientes tienen a mejorar el cuadro. Por un lado tenemos el establecimiento del control de cambios, resultado de una crisis coyuntural, pero que tiende a establecerse como política de largo plazo, herramienta que bien administrada puede servir para alentar la producción nacional y por lo tanto el empleo. Por otro, los diversos programas sociales, estructurados en las misiones, que tienden a suplir la falta de seguridad social de los sectores no incluidos en la economía formal.

En este sentido la situación mejora con respecto a la década anterior, pero el déficit de trabajo decente aún sigue siendo importante, sobre todo en términos de establecimientos productivos y sustentables, demandantes de empleo.

Seguramente muchos de los emprendimientos que se están adelantando en el área de la economía social contribuirán en ese sentido, pero es razonable esperar, en un área que tiene mucho de experimental, una tasa muy alta de fracasos. Por eso el rol de la pequeña y mediana industria establecida, y que ha sobrevivido a los avatares de la década anterior, sigue siendo estratégico.

No se trata aquí de asumir una posición gremial. Hay evidencia internacional en el sentido de que la pequeña y mediana industria es un gran generador de empleo, dada su baja densidad de capital, que determina tanto una baja relación capital/producto como una función de producción intensiva en el uso del factor trabajo.

También hay evidencia internacional, en contrapartida, de que este tamaño de emprendimientos productivos puede ser, sin una adecuada supervisión estatal y sin apoyo técnico, una fuente de sobreexplotación de la mano de obra y un generador de empleo de muy mala calidad.
No estamos, por lo tanto, haciendo una apología de la PyMI, sino exponiendo su capacidad, en un entorno adecuado, para aportar una solución a la problemática del desempleo estructural, que en el caso concreto de Venezuela fue generado, al menos en una parte importante, por la adopción de políticas incorrectas que provocaron una seria crisis en el sector.

Ahora se trata, cuando el entorno macroeconómico proporciona las condiciones para la recuperación de las actividades productivas, de impulsar políticas que aprovechen esa coyuntura para relanzar a la PyMI en el marco de la recuperación del mercado interno que hacen posible las políticas oficiales, siempre con la adecuada combinación de supervisión y apoyo que hagan posible que los puestos de trabajo generados tengan la mejor calidad posible.

La estrategia que proponemos tiene su eje en el mercado interno, lo que implica cerrar un círculo virtuoso. El apoyo a la recuperación de la PyMI, en las condiciones enunciadas, generará empleo estable y de calidad, tanto en lo salarial como en lo referente a prestaciones sociales, lo que a su vez es precondición para la creación de una demanda sostenida que seguirá induciendo inversiones y creando empleo adicional.

El desarrollo económico y social se basará, entonces, en la producción para un mercado interno solvente y generador de empleos de calidad. Es lo opuesto a la propuesta neoliberal orientada al mercado externo, basada en bajos costos laborales y condiciones de trabajo lindantes con lo servil, cuyo extremo son las maquilas, alternativa que alguna vez fue propuesta como una panacea para Venezuela, y cuyas consecuencias en la degradación de las relaciones laborales han sido evaluadas suficientemente en los casos de México, República Dominicana y América Central, casos en los que las bajas tasas de desempleo tienen como correlato la sobreexplotación de la mano de obra.
Con el agravante de la fragilidad del crecimiento así logrado, ya que se trata de un tipo de inversiones extremadamente volátiles, que migran rápidamente ante cualquier cambio en los precios relativos que haga más barato el costo laboral en otras regiones.
La vía que proponemos es la más apta para romper con la exclusión socio-laboral y con su resultante de la informalidad, lo que por supuesto supone internalizar los beneficios de la creación de empleo y de la expansión de la demanda.

Esa demanda debe garantizarse que se vuelque hacia la producción nacional. Subsidiar importaciones en el ánimo de bajar los precios de las subsistencias puede tener efectos inmediatos sobre la capacidad de consumo de las clases populares, pero no deja, en el mediano a largo plazo, de ser un espejismo equivalente al que conocimos en épocas de sobrevaluación de la moneda nacional, que se constituye en un subsidio otorgado por la economía petrolera al resto de la sociedad. El efecto final es la contracción de las actividades productivas locales y del empleo.

Altos salarios y buenas condiciones laborales son las variables que viabilizarán el modelo. La internalización de los beneficios, el eje político que hará posible que los efectos se reviertan en desarrollo nacional.
En ese contexto, la promoción de la PyMI será una de las políticas que impulsarán el desarrollo económico y social. El resultado esperable: desarrollo productivo con justicia social y nos preparara en forma sólida y eficiente para la integración latinoamericana basada en la complementariedad.