Política normativa ambiental en el Estado Comunitario

El Estado Comunitario tiene diversas lecturas, dependiendo desde la óptica que se mire. Igual podría decirse de la política normativa en el actual gobierno: tiene una lectura de acuerdo a la orilla desde la cual se analice.

Para los ambientalistas el gobierno deÁlvaro Uribe ha desmontado la normatividad ambiental en detrimento de la protección del medio ambiente; mientras para otros ha contribuido a lograr un mayor equilibrio entre la protección a éste y el clima de los negocios. Tal vez ambas posiciones tengan parcialmente la razón.

Lo que si se puede observar es que el gobierno de Uribe ha roto con algunos paradigmas de los sectores tradicionalmente considerados como ambientalistas, pues ha generado una normatividad cuyos objetivos no son claros -y muchas veces innecesarios-, ni obedecen al clamor ambientalista. Ha predominado igualmente lo micro y no lo macro. En efecto, pareciera que las reformas normativas en algunos casos obedecen más a situaciones puntuales que a una necesidad real de expedir una norma.

La política normativa ha tenido dos niveles de decisión. El primero es el referente a un intento de reforma institucional, buscando desmontar el régimen institucional ambiental contenido en la ley 99 de 1993. En este mismo escenario se ha buscado transformar el ordenamiento forestal colombiano. Ambas iniciativas son coherentes con la concepción y política del Estado Comunitario o de la política de seguridad democrática.

Un segundo nivel de producción normativa se encuentra a una escala operativa; bien sea de funcionarios deseosos de dejar su huella o de sectores muy específicos que buscan resolver algunos problemas mediante la expedición de normas. Es por lo menos lo que se podría deducir al analizar algunas políticas respecto a las cuales no se le observa ninguna importancia ni necesidad.

En el primer nivel estarían las reformas relacionadas con el traslado de las funciones de vivienda, ordenamiento territorial y saneamiento básico al Ministerio del Medio Ambiente, cambiando de paso su denominación por el de Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Este cambio de naturaleza deja al medio ambiente a altura de viceministerio, restándole importancia política al tema. Una visión parroquial y puramente agrícola del la cuestión ambiental, como se puede observar en el plan nacional de desarrollo, es coherente con un desmonte gradual de una institucionalidad que se había venido consolidando, no sin problemas y críticas, a lo largo de los últimos diez años. Un esquema de autonomía de las Corporaciones y un Ministerio rector de la política ambiental no es concordante con una visión de un Estado basado en una política en la cual todo depende del Presidente de la República.

Basta leer el artículo titulado “empleo verde”, para comprender cómo desde un comienzo hay una fuerte crítica a las Corporaciones Autónomas Regionales, las cuales se consideran muchas y burocratizadas. Esto exige entonces desmontar el régimen institucional ambiental, como parte de la disminución del tamaño del Estado, la de la burocracia y la lucha contra la corrupción. Todo ello coherente con el supuesto Estado Comunitario al cual se aspira en una refundación del país.

Sin embargo, la realidad está muy lejos de esto. A partir de las redes creadas como soporte del nuevo régimen político se ha logrado el control de todas las Corporaciones Autónomas Regionales y el silencio de una gran cantidad de críticos, que ante el temor de perder los privilegios de los cuales han gozado, prefieren callar o recibir reconocimientos del gobierno.

Pero tal vez lo más interesante de todo es que en ninguna norma se ha creado el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; tampoco se ha consagrado la fusión de Ministerios, ni la transformación del primero. Una vez más, la fuerza de la popularidad y la ausencia del uso del derecho por parte de los ambientalistas -salvo cuando les sirve para legitimar su discurso-, ha permitido un verdadero desmonte de la institucionalidad ambiental, pues nadie ha dicho nada.

Parejo a esto se ha ido transformando la estructura del actual Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, para crear una subdirección de licencias y permisos ambientales y en los últimos días, un Viceministerio del Agua.

Por un lado se permite vía decreto reglamentario el cambio de la estructura de un Ministerio, fortaleciendo aún más el presidencialismo y rompiendo en cierta forma el equilibrio de poderes. En una interpretación típicamente presidencialista se ha considerado que los numerales 14 y 15 del artículo 189 de la Constitución, da vía libre al Ejecutivo para reformar la estructura de las entidades de la administración central con base en las leyes 489 de 1998 y 790 de 2002. Esta práctica conduce a otorgar al Presidente un poder enorme para crear o suprimir dependencias en los Ministerios y otras entidades del ejecutivo. Es decir que, el nuevo presidencialismo no solamente se da por la reelección sino por el gran poder burocrático adquirido mediante el ejercicio de esa facultad constitucional renovada por los nuevos momentos políticos por los cuales atraviesa el país.

La creación del Viceministerio del Agua, además de satisfacer las ambiciones de la recién nombrada viceministra, da la estocada final al medio ambiente pues le quita lo que era parte de su eje articulador. El manejo del recurso hídrico por fuera del manejo medioambiental, deja a este último sin ninguna importancia. Solo le queda algo de lo forestal y de fauna; y lo relativo a las licencias y permisos ambientales, hoy delegadas en funcionarios de nivel jerárquico inferior y sin ninguna responsabilidad política. Coherente esto con una consideración de la licencia ambiental reducida a una simple de funcionamiento y localización y no como mecanismo de protección de derechos individuales y colectivos como el medio ambiente, como lo dijo la Corte Constitucional en el fallo C 328 de 1995.

Es decir que la normatividad institucional ambiental es la que mejor permite observar el fortalecimiento del ejecutivo y por otra parte el total debilitamiento de la política ambiental, hoy atomizada en un Viceministerio del Medio Ambiente, un Viceministerio del Agua y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Este último fortalecido por la ley forestal.

Esta norma es tal vez parte de la materialización de la política de impulso a la reforestación, arborización comercial, como la llama el Presidente en su artículo citado y el fortalecimiento de la política de guardabosques, beneficios para una facción del sector agrícola, soporte social, económico y político del Estado Comunitario.

En relación con el segundo nivel de producción normativa se encuentra la expedición de leyes sobre licencias ambientales. Dicho desmonte se da en el anterior gobierno y no en el gobierno de Alvaro Uribe. Las reformas del actual gobierno se han limitado a asuntos puntuales y específicos de redacción, procedimientos y ajustes para resolver algunos vacíos como el caso de los transgénicos y los arreglos incomprensibles al régimen de transición.

Se han disminuido algunos estándares de emisiones atmosféricas para sacar de la ilegalidad aquellas empresas que desde 1982 incumplían las normas expedidas entonces; única consecuencia jurídica concreta observada en la reforma.

En el tema de residuos peligrosos, se ha generado un problema ligado a la ausencia de rigor jurídico, pues antes de haberse derogado la famosa resolución 189 de 1994, se debió verificar si ella había sido depositada en la Secretaría del Convenio de Basilea, como la norma aplicable en Colombia para el ingreso de residuos peligrosos. Situación que deja al país en una posición poco clara ante la comunidad internacional y nacional

En fin, la política normativa ambiental es coherente con los postulados del Estado Comunitario, como es el desmonte del régimen institucional ambiental y el fortalecimiento del poder ejecutivo para acumular más poderes en el Presidente. En segundo lugar, existe una ausencia de rigor jurídico en la expedición de normas, generando incertidumbre legal y un sin numero de conflictos cuya solución requiere pasar por el Presidente, cerrando el círculo de acumulación de poder. El medio ambiente pasa a un segundo plano como parte del interés del Estado, dejándolo reducido a un simple instrumento de micro política.