El IFE busca consumar el fraude

Bajo el argumento de resguardar “el principio de definitividad” del proceso electoral del pasado 2 de julio -que según el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio el triunfo a Felipe Calderón Hinojosa por 230 mil votos-, el Instituto Federal Electoral (IFE) niega el acceso de los ciudadanos a las boletas y amenaza con destruir los votos antes de que se resuelva el fondo del asunto.

Con esta resolución, emitida en contra de las 820 solicitudes de acceso a la papelería electoral, el IFE pretende evitar el recuento ciudadano de la elección presidencial convocado por los investigadores de la UNAM, John Ackerman e Irma Sandoval, y la revista Proceso.

Al resolver la petición C1081/2006 hecha por Contralínea, el pasado 5 de septiembre el Comité de Información señaló que ese instituto tiene la obligación de garantizar los principios de legalidad, certeza y definitividad, y que, en caso de dar acceso a los paquetes electorales, dichos principios se violarían.

En el último punto señala que “la definitividad expresa la necesidad de dar por concluida una etapa o todo un proceso respecto de los cuales, transcurridos ciertos plazos o términos, se asumen como verdad legal y, por ende, inatacable. El proceso electoral no constituye un fin en sí mismo, sino que es un instrumento para que el derecho de sufragio pueda ser ejercido. El proceso electoral se integra de una serie de pasos sucesivos para lograr el fin indicado. La manera más eficaz para que el proceso pueda avanzar es que exista definitividad en las distintas etapas para que en el plazo de la ley, el derecho del sufragio se ejercite. Esto implica que los plazos del proceso electoral que adquieren definitividad son los que emiten las autoridades encargadas de organizar los comicios en cada una de las etapas que integran dicho proceso”.

El asunto no es menor. Con asesoría del doctor John Mill Ackerman, Contralínea solicitó que se pusieran a su disposición todos los documentos que obran en los paquetes de la elección presidencial 2006, incluyendo las boletas y actas. En la petición se dejó claro que, según el académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas y estudioso de la Ley de Transparencia, “no se puede declarar reservada ninguna información que sea necesaria para investigar la violación a algún derecho fundamental, incluso si hay un procedimiento jurídico, judicial o administrativo abierto o que no haya causado estado. En este sentido, la investigación versa sobre la posible violación al derecho fundamental ciudadano a elegir al presidente de la república a través del voto, derecho consagrado en la Constitución”.

Al respecto, el IFE respondió que, de acuerdo con la tesis S3EL 040/99 emitida por el Trife, “resulta material y jurídicamente imposible en la etapa de resultados electorales reparar la violación que, en su caso, se hubiere cometido… en virtud de que no puede revocarse una situación jurídica correspondiente a una etapa anterior ya concluida”. Con esto, el IFE pretende evitar que se conozcan los resultados reales de la elección presidencial, pues en los paquetes electorales obra la única prueba sobre la voluntad ciudadana: el voto.

Entrevistado al respecto, John Ackerman dice: “es falso que dar a conocer las boletas afectaría la definitividad o crearía inestabilidad social. Al contrario, una quema prematura es lo que crearía una falta de certeza y de definitividad”.

El investigador añade que “el IFE dice que no puede hacer ninguna otra cosa que no sea respetar la reglamentación de los paquetes y su quema, que no hay nada que reglamente su resguardo después del proceso electoral, pero ahora mismo el IFE está resguardando esos paquetes electorales. Esto demuestra que sí los puede resguardar y que los tiene que dar a conocer.

“Evidentemente ellos van a querer acelerar la quema de los paquetes, pero cualquier quema prematura sería, a los ojos de todos, un esfuerzo para esconder la evidencia de una posible irregularidad. Si ahora no tenemos certeza del proceso electoral, la quema anticipada de las boletas minaría aún más ese principio”.

Para la doctora Irma Sandoval “la respuesta del IFE es muy artificial, muy plástica, porque está metiendo argumentos que no tiene porque darnos. Nosotros no estábamos poniendo en cuestión la definitividad del proceso electoral ni estábamos pidiéndole al IFE que evitara la destrucción de las boletas, que es uno de los argumentos que nos dan. Ellos dicen: ‘No podemos darles acceso a la información porque su petición nos haría contravenir nuestras obligaciones de destruir las boletas’. Pero nosotros no le estamos pidiendo que no destruya las boletas, sino que antes de destruirlas las ponga a nuestra disposición”.

Destrucción, la amenaza

En su resolución, el IFE determina que el camino natural de los votos no es el acceso público sino la destrucción. Y es que de acuerdo con el instituto encabezado por Luis Carlos Ugalde, amigo de Felipe Calderón y de Elba Esther Gordillo, “las boletas electorales no se ajustan a la definición legal de documento”.

Para justificar esta interpretación de la Ley de Transparencia, el IFE señala que, para efectos de acceso a la información, documento es “cualquier registro que documente el ejercicio de las facultades o la actividad de los sujetos obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración”, y que las boletas no se ajustan a esta definición.

Ackerman considera que “la resolución de este caso no sólo va a tener trascendencia nacional sino también internacional: no es nada más una cuestión de estas boletas y de esta elección, sino del precedente que asiente para el futuro. Si se permite que el IFE destruya las boletas electorales antes de darse a conocer vamos a estar poniendo un ejemplo muy claro de que la transparencia es buena cuando no afecta intereses o cuando no haya problemas, pero cuando ya es una situación más complicada se encuentran todas las argucias legales para evitarla”.

Explica que “este acceso a la información que estamos promoviendo no es necesariamente para contar los votos, no es para determinar quién ganó o no ganó, es para ver la calidad de la elección, para ver qué tan bien se llevó a cabo, es para evaluar el desempeño de los organismos electorales que, como organismos autónomos, están más obligados a rendir cuentas”.

Irma Sandoval advierte que “al decir que las boletas no son documentos, mágicamente dejan de ser documentos, porque sí dice que son documentos cuando las genera el IFE, pero metafísicamente dejan de serlo cuando el ciudadano las cruza con el crayón. Lo que lo hace no documento es el ciudadano cuando marca su preferencia electoral. Este argumento es plástico, artificial y exagerado”.

Agrega que el instituto “da a las boletas un tratamiento de documentos confidenciales sólo por el hecho de que, entre comillas, son material susceptible de ser destruido, entonces se les da un tratamiento como si fueran confidenciales, como si no tuvieran que ser públicas, a pesar de que sí lo son. La interpretación del ‘como si’ es lo que llama la atención de esta respuesta”.

La doctora Sandoval, coordinadora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia, aclara que el voto “es un derecho fundamental y es un asunto público. Esta argumentación que da el IFE es débil y artificial y va a tener que ser revocada: no resiste la prueba de las leyes y de la cultura de la rendición de cuentas y de la transparencia. De no ser así, entonces estaríamos en un franco, abierto y total retroceso democrático”.

Y señala que “el IFE no hace bien su tarea, el Tribunal tampoco y ahora la Ley de Transparencia también se va ha echar para atrás, que es uno de los pocos, si no es que el único avance que la sociedad pudo formalizar durante el sexenio del presidente Fox”.

Este ejercicio se debe llevar hasta sus últimas consecuencias. “Es una observación electoral, no estamos tratando de tener un presidente ciudadano o de cuestionar la decisión tomada por el Tribunal, sino de ejercitar nuestro derecho al acceso a la información y poner a rendir cuentas a nuestros órganos electorales”.

Trife: subordinado al Ejecutivo

El fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en el que declaró presidente electo al panista Felipe Calderón Hinojosa, respondió a intereses políticos y no a criterios jurídicos, considera el doctor en Derecho Constitucional Jaime Cárdenas Gracia.

El experto en materia jurídica agrega que, en México, el Poder Judicial aún está subordinado al Ejecutivo. Por ello, los magistrados prefirieron avalar una elección que debió haber sido anulada debido a la serie de irregularidades graves que se cometieron durante el proceso.

“El Tribunal no hizo lo suficiente. De acuerdo con el artículo 23 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y con el 191, fracción 20, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Tribunal pudo haber investigado y haberse allegado de elementos de prueba para acreditar si los señalamientos de la coalición Por el Bien de Todos eran o no ciertos, fehacientes.”

El académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM considera que el Tribunal descuidó el cumplimiento de la Ley. Desestima los argumentos con los que el Tribunal rechazó la impugnación a los comicios realizada por el equipo jurídico de Andrés Manuel López Obrador.

El primero de ellos es la insuficiencia de pruebas para acreditar la nulidad de las elecciones. Sin embargo, el investigador señala que los magistrados tenían la facultad de allegarse de éstas y, por consigna, no lo hicieron.

“En materia electoral no solamente las partes aportan las pruebas. Por la naturaleza de los asuntos electorales, la autoridad está obligada allegarse de los elementos de prueba y el Tribunal no movió ni un dedo para ello.”

La segunda razón que el TEPJF ofreció al rechazar la impugnación fue que, a pesar de existir irregularidades en el proceso, éstas no fueron lo suficientemente graves para influir en el resultado.

“La injerencia de Fox o la contratación de tiempos en radio y televisión por el Consejo Coordinador Empresarial están directamente relacionados con el incumplimiento de los principios constitucionales que establece el artículo 41 constitucional, el cual señala que el voto debe ser libre y auténtico”.