Consecutivamente desde 1992 hasta la fecha, esta guerra económica ha sido debatida y condenada por abrumadora mayoría en el seno del
organismo internacional, a partir de las irrefutables pruebas
presentadas por la mayor de las Antillas.

El pasado año, 182 Estados - el 92 por ciento del total - exigieron
ponerle fin a tal cerco y rechazaron nuevamente su carácter
extraterritorial, como práctica violatoria de los principios de las
normas del Derecho Internacional.

A pesar de ello, el gobierno estadounidense ha hecho caso omiso a la
voluntad mayoritaria de la comunidad internacional y lejos de cumplir
con tal mandato, aprobó en mayo del 2004 y amplió en julio del 2006, un
plan que recrudece la agresión e implementa otras medidas subversivas
con el fin de derrocar la Revolución cubana.

En un alarde de puro cinismo los medios de información financiados
por la Casa Blanca y la mafia terrorista asentada en la Florida,
vociferan a diario que el "embargo", como prefieren llamarlo en un
intento de legitimarlo, no es más que un pretexto de La Habana para
justificar las dificultades económicas provocadas por la ineficiencia
del sistema socialista.

Pero ahí están, para desmentir esas falacias, las pruebas de la
incesante actividad extraterritorial desplegada en todos los rincones
del planeta por las más altas instancias de Washington y los
funcionarios de su servicio exterior, persiguiendo y torpedeando las
operaciones comerciales y financieras de Cuba.

Están también, además del plan injerencista ya mencionado, las
decenas de instrucciones, comunicaciones y gestiones de embajadores con
presiones y amenazas a gobiernos y empresarios, amparados en el poderío
del imperio y en las leyes extraterritoriales Helms-Burton y Torricelli.

Unos pocos ejemplos, tomados al azar, serán suficientes para
demostrar que el bloqueo norteamericano a Cuba, el más prolongado y
cruel que haya conocido la historia de la humanidad, califica como
genocidio, de acuerdo con el inciso C del artículo II de la Convención
de Ginebra; es un acto de guerra económica, según la definición de la
Conferencia Naval de Londres, de 1907, y es asimismo, un componente
esencial de la política de terrorismo de estado.

La Ley Torricelli, en vigor desde 1992, prohíbe el comercio de la
Antilla Mayor con subsidiarias de compañías de la Unión en terceros
países. Uno de los ejemplos más recientes —2005- deviene el de una
empresa brasileña, impedida de vender turbinas y compresores para la
industria del níquel, solo porque era filial de una firma
norteamericana.

Por su parte, la Helms-Burton (1996) convirtió en ley de EE.UU.
todas las regulaciones del bloqueo. Su título III prevé la celebración
de juicios en cortes norteñas contra empresarios de terceros países que
hagan negocios con la ínsula.

El capítulo IV prohíbe asimismo el ingreso a territorio de Estados
Unidos de aquellos funcionarios y directivos y sus familias de
compañías que hagan negocios con la Isla.

De acuerdo con esta legislación y otras medidas aprobadas para su
aplicación exclusiva contra la pequeña nación caribeña, se prohíbe la
exportación de productos cubanos a Estados Unidos y venderle a esta
ningún producto o equipo si tiene más del 10 por ciento de componentes
de USA. Tampoco empresas de un tercer país pueden suministrar a Norteamérica mercancías si estas contienen materias primas de la Isla.

Entre las restricciones impuestas aparece que La Habana no puede
usar el dólar en sus transacciones internacionales. Cualquier pago en
esta moneda desde y hacia Cuba es confiscado y los responsables
multados.

La ínsula no tiene acceso tampoco a los organismos financieros
internacionales. Solo en el 2005, el Banco Interamericano de Desarrollo
y el Banco Mundial desembolsaron entre ambos casi 12 mil millones de
dólares, destinados a la ejecución de programas de desarrollo en
América Latina y el Caribe. Ni uno solo de esos dólares fue para Cuba.

Un episodio elocuente de hasta que punto ha llegado la fobia
anticubana de la actual administración, tuvo lugar en febrero pasado en
Ciudad México, cuando la delegación empresarial cubana que participaba
en la Conferencia Cuba-EE.UU., sobre energía, fue expulsada por órdenes
del Departamento del Tesoro del hotel María Isabel Sheraton, propiedad
de norteamericanos.

La gerencia de la instalación confiscó el depósito que los huéspedes
habían pagado por concepto de estadía, y lo envió a la Oficina de
Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro sumándolo a
los fondos antillanos congelados por el gobierno de la Unión.

Interminable resulta este recuento, pero baste con señalar que el
daño económico ocasionado al pueblo desde 1959 ascendió a 86 mil 108
millones de dólares. Solo en el 2005 superó los cuatro mil millones.

El bloqueo, como se aprecia, no tiene nada de formal y no obstante
los perjuicios y el sufrimiento provocados, es una política fracasada
al no alcanzar el objetivo trazado de derrocar a la Revolución cubana.

Agencia Cubana de Noticias