A punto de concluir su sexenio, Vicente Fox deja en entredicho los “avances” en materia de combate a la pobreza. Especialistas de El Colegio de México señalan que la pobreza rural se agravó considerablemente desde el cuarto año del gobierno foxista.

En el análisis preeliminar de la Encuesta Nacional de la Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), Araceli Damián y Julio Boltvitnik advierten que el programa Oportunidades no tiene la cobertura de 1.5 millones de habitantes que según Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) cubre.

La ENIGH, que todavía resguarda el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), arroja que “la pobreza rural que había venido bajando casi milagrosamente entre 2000 y 2004, aumentó sustancialmente entre 2004 y 2005”. En este último periodo pasó de 10 millones 939 mil 687 habitantes a 11 millones 985 mil 578 personas tan sólo en el rubro de la pobreza rural alimentaria, es decir, que no tiene ni que comer.

El examen previo al “ajuste de cifras” que pretende entregar a mediados de septiembre el presidente del INEGI, Gilberto Calvillo Vives, revela que los mexicanos que viven en situación de pobreza rural de “capacidades” -que no puede sostener gastos de escuela, diversión y otros-, aumentó en 986 mil 263 personas, al pasar de 14 millones 171 mil 346 a 15 millones 157 mil 609 de habitantes tan sólo en un año.

Mientras, las tablas de comparación elaboradas por Araceli Damián y Julio Boltvinik advierten que el incremento más alto se dio en las personas que se encuentran en circunstancias de pobreza rural que no tienen acceso a una vivienda propia (patrimonio).

En este último rubro las cifras crecieron en un millón 148 mil 972 mexicanos. Los datos de 2004 señalan que había 22 millones 555 mil 121 personas, mientras que en 2005 fue de 23 millones 704 mil 93 habitantes.

Los investigadores de El Colegio de México advierten que esta revelación podría ser “la causa original” por la que se oculta la ya controvertida ENIGH 2005 que ordenó levantar la Sedesol. “La razón es que la pobreza rural es la más sensible políticamente, porqué en este medio se ha concentrado el esfuerzo de lucha de Fox contra la pobreza”, apuntan.

Y es que de los 5 millones de hogares que dice atender el Oportunidades, sólo 677 mil estarían en el medio suburbano y urbano, mientras 4.33 millones son del medio rural. “Por tanto, el aumento en la pobreza rural mostraría un fracaso de este laureado y estrella programa de Fox”, dicen.

Las suspicacias

Mientras, las dudas continúan en torno a la utilización electoral del programa federal Oportunidades. Ante esta situación, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó a la Sedesol un informe detallado de cómo se utilizó y el destino de sus recursos.

En el documento que deberá entregar la dependencia los primeros días de septiembre, se tendrán que incluir los sistemas de verificación, comparación y validación, frente a los resultados de la ENIGH.

Según legisladores y expertos en el tema, el desfase entre los resultados preeliminares de la ENIGH y el padrón de beneficiarios del Oportunidades por casi 1.5 millones de personas, podría derivar en la malversación de fondos públicos por más de 9 mil millones de pesos.

En entrevista, Araceli Damián señala que desde que iniciaron los planes para levantar la ENIGH se incurrieron en diversos actos de ilegalidad. Uno de ellos, explica, es que la Sedesol solicitó a la Cámara de Diputados un presupuesto de 70 millones de pesos para financiar la encuesta en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2005, mismo que no fue autorizado por los legisladores.

En la negativa se argumentó que “corresponde al INEGI realizar las encuestas con su propio presupuesto”. Además, los legisladores apuntaron que la Sedesol no tiene facultades para pagar este tipo de encuestas nacionales y que la ENIGH tendría que ser levantada hasta 2006, ya que la Ley General de Desarrollo Social establece que debe realizarse cada dos años.

Pese a ello, agrega la especialista, tres instancias del gobierno federal decidieron violar el PEF. Hacienda otorgó los recursos para hacer la encuesta, la Sedesol pagó y el INEGI la levantó.

Una vez que fue concluido este ejercicio estadístico, los resultados previos arrojan que “mientras la cobertura del Oportunidades era desde fines del 2004 de 5 millones de hogares, la captada en la ENIGH 2005 es de sólo 3 millones 528 hogares, por lo cual parecieran haberse esfumado casi un millón 500 mil beneficiarios de dicho programa” apunta Araceli Damián, quien en coordinación con el investigador Julio Boltvinik han revisado el tema.

La diferencia de más de millón y medio de beneficiarios del programa de la Sedesol significan al erario 9 mil 300 millones de pesos, según cálculos de los especialistas. Araceli Damián pregunta: ¿dónde está el dinero que debería repartirse entre millón y medio de hogares?

Debate parlamentario

Ante esta situación, Inti Muñoz, diputado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) de la LIX legislatura, subió a tribuna un punto de acuerdo para que la Sedesol rindiera un informe puntual de la distribución de los recursos para el Oportunidades.

“La ENIGH, que se lleva a cabo por el INEGI desde 1963, es una encuesta elaborada con profesionalismo, con una muestra cada vez más grande. Consigna que el programa Oportunidades estaría beneficiando a 3 millones 500 mil personas, en tanto que la Sedesol informa que al 2006 estaría beneficiando a 5 millones de personas. Entonces, aquí el problema es que hay algo que no coincide, hay un millón y medio de personas más que en la encuesta levantada por el INEGI.

“Hay que agregar que la Cámara de Diputados asignó en el Presupuesto de Egresos de la Federación en el 2006, los recursos suficientes a petición del ejecutivo para beneficiar a 5 millones de personas. Esto es un asunto delicado que además se conecta con el debate y la polémica ocurrida en el marco de los resultados electorales y la utilización de Oportunidades”, argumentó el ex legislador.

El ex vocero de la bancada del PRD señala que “hay que tener en cuenta el antecedente de que fue utilizado el programa Oportunidades con fines electorales, por parte del Ejecutivo en los spots de Televisión. Este asunto que fue analizado y dictaminado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación instruyéndole al presidente de la República dejara de hacer ese uso electoral.”

Respuesta panista

Maki Ortiz Domínguez, ex diputada por el Partido Acción Nacional (PAN) niega que exista algún tipo de irregularidad. Por el contrario, la encuesta se hizo a petición de la Sedesol con un costo para la secretaría por 66 millones, pero “este es un procedimiento legal”, dice ante los señalamientos que han hecho los académicos de El Colegio de México.

En concordancia con el discurso foxista, que alude a la transparencia y a la rendición de cuentas, la diputada del blanquiazul añade que “nosotros estamos a favor de que se transparente todo tipo de información de los padrones, de las encuestas de los hogares o de cualquier otra. Somos un gobierno que se ha comprometido y hemos sido transparentes”.

Sin embargo, la legisladora de la LIX legislatura revira al discurso perredista y dice que “lo que no nos parece es que se quiera hacer un cotejo entre la encuesta del ENIGH del 2005 y la del padrón de familias de Oportunidades.

“Ambas operaciones tienen metodologías diferentes, una encuesta del ENIGH se hace entre 23 mil familias y no llega a todos los lugares donde pueden estar beneficiarios de Oportunidades, que sí usa el nombre y los apellidos específicos de las personas afiliadas a ese programa. Aunque puede servir para hacer trabajos y proyectos en conjunto, no se puede decir que el tener una encuesta del INEGH sea realmente la que diga la verdad sobre las familias que están en Oportunidades”, apunta.

Otro de los argumentos que debate Ortiz Domínguez es que el INEGI no es la institución encargada de medir la pobreza, “desde el 2002 la Sedesol conformó un Comité Técnico para ello. Entonces, a partir de ese momento existe el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el cual hará el cálculo correspondiente”.

Ante los cuestionamientos de los académicos que resaltan que la ENIGH se levantó anticipadamente, la ex diputada del PAN justifica la solicitud hecha por la dependencia que encabeza Ana Teresa Aranda, pues “fue una petición porque quería ayudarse de alguna forma a los proyectos, ver cuáles son los cálculos de un lado y del otro, pero no son los mismos instrumentos para llevar a cabo la encuesta”, insiste.

Y es que “todos hemos visto las necesidades de tener encuestas actualizadas porque la explosión demográfica es cada vez mayor, la población aumenta cada vez más rápido, tenemos problemas de migración, de población flotante en algunos estados. Entonces, la Sedesol y el poder ejecutivo vieron la necesidad de llevar a cabo todo esto.

Opuesto a lo que señala la Ley General de Desarrollo Social, Maki Ortiz Domínguez concluye: “Las cosas no se deben hacer cada tantos años, sino cuando se requieren para el progreso del país”.

Año IV No. 44 Septiembre 2006