Como un asalto, así se ha catalogado por parte de la ciudadanía capitalina, al arbitrario cobro del peaje en el túnel Oswaldo Guayasamín por parte del Municipio de Quito, asalto que se repite en varios sectores de la ciudad y la provincia, y que ha comenzado a encontrar una reacción en los sectores afectados, que se organizan, protestan e interponen recursos legales para evitar el abuso.

El Ministerio de Obras Públicas entregó al Municipio Metropolitano de Quito, mediante un convenio, la vía Quito-Cumbayá-Tumbaco-Pifo para que se realicen obras de construcción, mantenimiento y cobro de peaje, en el período de la alcaldía de Jamil Mahuad, el 29 de noviembre de 1996.

Bajo estos parámetros, el Municipio quedó en facultad de fijar el costo del peaje en el túnel Oswaldo Guayasamín, semestralmente, de acuerdo a estudios de construcción y gastos, y es así que la ordenanza municipal publicada en el Registro Oficial, el lunes 28 de noviembre del 2005, fija la tarifa del peaje en 0,40 ctvs de dólar por la utilización de la vía, y se inician así los trabajos de construcción.

Los moradores de los alrededores, al enterarse de que deben pagar un peaje por transitar por el túnel, realizaron una protesta, pues no les parece justo pagar por recorrer un tramo de un kilómetro, cuando existen vías alternas que no tienen costo alguno. Organizaron y presentaron una queja por escrito en la Defensoría del Pueblo, institución que tras varias investigaciones y convocatorias a ambas partes (Municipio y EMAP-Q vs. Moradores), sacó como resolución aceptar la queja formulada por el profesor Gustavo Terán Acosta, diputado electo de Pichincha, e incita al alcalde Paco Moncayo para que solicite al Presidente de la República a que mediante el Ministerio de Economía y Finanzas se incrementen los fondos, con cargo a la partida presupuestaria “Mantenimiento vial túnel interoceánica”, para cubrir los gastos de mejoramiento y mantenimiento de esta vía, sin tener que acudir al cobro del peaje, pues también cuenta como una violación que se incremente este impuesto a los usuarios de la vía, que no son todos los ciudadanos.

Más allá de que sea un impuesto para poder transitar por un túnel para llegar rápidamente a un destino, es la actitud que tienen las autoridades de ir privatizando los espacios y servicios públicos, de cobrar por ingresar a un espacio que antes era de libre tránsito, violando así la libertad de los ecuatorianos de poder movilizarse por los diferentes sectores del país, restringiendo el acceso a los servicios básicos por no tener dinero.

Prof. Gustavo Terán

DIPUTADO POR PICHINCHA

Nosotros hemos hecho cabeza con otros importantes dirigentes y moradores del Valle, para impedir que se viole nuevamente la Constitución, en su artículo 23, que señala el derecho al libre tránsito por el territorio nacional. El alcalde de Quito, Paco Moncayo, lo ha violado al imponer un peaje inconstitucional e inmoral, porque se trata de una obra financiada por el Estado, con los recursos del pueblo ecuatoriano, y tiene un presupuesto para su mantenimiento.

En ninguna ciudad del mundo se ha conocido que existan peajes en pleno centro de la ciudad, entonces este mal ejemplo, esta ilegalidad, esta inconstitucionalidad en contra del pueblo de Quito, no la vamos a permitir, razón por la cual estamos demandando ante el Tribunal Constitucional, la inconstitucionalidad de esta ordenanza y el auspicio lo estamos canalizando a través de la Defensoría del Pueblo.

Esta política neoliberal expresa que este Municipio no es de servicio, sino de lucro, hipoteca las vías, hipoteca o privatiza la recolección de basura, y ahora pretende privatizar el agua potable.

Vamos a luchar para poner un alto a esta arremetida en contra de los ciudadanos de Quito, de manera muy principal por parte del Municipio del alcalde Paco Moncayo, para impedir la violación a la Constitución Política de la Republica. Le decimos al Alcalde que no vamos a permitir esta serie de abusos que vienen cometiéndose, principalmente en contra de los moradores del Valle.

Ing. Homero Gallardo

PRESIDENTE DE MIRAVALLE

El malestar que viene de la comunidad de Tumbaco es porque esta carretera, a pesar de ser antigua, no ha recibido un tratamiento adecuado y tampoco se han hecho mejoras, ese ha sido nuestro clamor permanente, pues en los últimos años, con el incremento del parque automotor, se ha saturado y ha colapsado esta vía, de modo que todos los días, a determinadas horas, es imposible circular. Desgraciadamente el Alcalde no ha dado trámite a nuestros reclamos, a pesar de que se ha tenido varias reuniones con él.

No estamos de acuerdo con el peaje, porque se pretende cobrar por una vía que ya existía por más de cincuenta años y que no ha recibido ninguna mejora, lo único que se ha hecho es reconstituir una parte de la vía que se destruyó por un derrumbe en la carretera. Tuvimos que esperar cuatro años para que se nos restituya, pero con la novedad de que se debe pagar la utilización del túnel, que ni siquiera cumple con el diseño original. Hoy estamos afectados por la construcción de un solo túnel, lo que nos impide la circulación rápida y oportuna a los lugares de trabajo y de vivienda, todos los días se colapsa la carretera. Ahora hay que dar la vuelta para salir por la Granados y por la avenida Simón Bolívar.

Lo más grave es que esto afectó a personas que viven a lo largo de la vía. Ahí habita mucha gente de escasos recursos, de los barrios Bolaños y la Perla Quiteña, que actualmente están aislados de la ciudad y tienen que salir a la carretera a buscar quien les dé un aventón, porque no tienen servicio de bus, y ni siquiera de busetas para movilizarse.

Todas las urbanizaciones que estamos a lo largo de la vía, hasta el sector de Cumbayá, no deberíamos pagar ni un centavo por la utilización del túnel, porque no pertenecemos al Valle de Tumbaco, sino que pertenecemos al Distrito Metropolitano de Quito. Lo conveniente sería que el Municipio trate de hacer el túnel que quedó inconcluso, también que se haga un verdadero sistema de descongestionamiento en la Plaza Argentina, porque estaba previsto que se hagan pasos a desnivel para brindar una salida rápida de los vehículos que ingresan o salen del túnel, pero el Municipio se resistió a realizar este trabajo porque hubo oposición de ciertos propietarios de viviendas en el sector.

El Alcalde, hábilmente, engaña a la población, él indica que el peaje va a servir para el mantenimiento de la vía, desde el Batán hasta Pifo, sin embargo de que existe un acuerdo ministerial por el cual el Gobierno Nacional financió esta obra, y también existe una partida presupuestaria para el mantenimiento esta vía. Sin embargo, el Municipio dice que no, que ese dinero va a servir para mejorar la vía. No solamente se trata de mantener la vía, sino de buscar alternativas de salida, porque ahora con el túnel también están utilizando la vía los moradores del Valle de los Chillos.

Nosotros consideramos que el peaje es ilegal, inmoral e inconstitucional, ya que va a servir sólo para que el Municipio reponga dineros malgastados en la construcción del túnel, porque originalmente el costo era de doce millones de dólares, y terminó costando casi cuarenta millones de dólares. Más bien sería de preguntar ¿dónde está el dinero y por qué razón se incrementó tanto el costo de este túnel?