Según las reformas introducidas en la legislación laboral (todas encuadradas en la visión neoliberal, de flexibilización laboral), en diciembre de cada año el CONADES tiene la obligación de definir el monto del Salario Básico Unificado para los trabajadores del sector privado.

Según la norma establecida, los delegados del sector laboral y empresarial pueden establecer una negociación directa, con el plazo máximo del fin de cada año, cuyo resultado (de existir acuerdo) sería obligatorio para el tercer miembro del Consejo Nacional de Salarios, el Ministro del Trabajo, que actúa en representación del Gobierno, y que estaría obligado a ordenar su publicación en el Registro Oficial.

Varias son las incoherencias e inconveniencias de este sistema, que impide una real nivelación de los salarios de los trabajadores. En primer lugar, dicha revisión anual no alcanza al conjunto de los salarios de los trabajadores, sino únicamente al salario básico unificado, lo que significa que aquellos trabajadores que tienen salarios por encima del básico, no se beneficiarían en absoluto de una nivelación del mismo, y para ellos no existe otra norma que favorezca su nivelación salarial, que no sean las denominadas tablas sectoriales, que no tienen una real funcionalidad y efectividad en la materia.

En segundo lugar, el sistema establecido condiciona la nivelación salarial a la exclusiva aceptación o dádiva empresarial, dado que, si su representación no acepta una nivelación acorde con las necesidades del costo de la canasta familiar, simplemente no existe acuerdo y pasa a la decisión exclusiva del Ministro de Trabajo, “obligado” a resolver dicha nivelación de acuerdo a una supuesta proyección de la inflación para el año siguiente.

En tercer lugar, este entramado jurídico establecido para la nivelación salarial favorece en esencia a uno de los pilares del neoliberalismo y la flexibilización laboral, que es el congelamiento salarial. La tesis neoliberal es que se tiene una economía saludable y en crecimiento cuando se congela y hasta se disminuye el gasto corriente (salarios), es lo que se refleja en esta alegre fórmula impuesta por los gobiernos y las mayorías burguesas y neoliberales en los Congresos legislativos.

José Chusín, delegado laboral en el CONADES, establece precisamente que la preocupación principal de los empresarios en la discusión de este tema, no es el nivel de ingreso y las necesidades del los trabajadores y sus familias, sino únicamente cuánto representa para el sector empresarial una nivelación racional de los salarios de los trabajadores.

Teniendo en cuenta que el costo de la canasta familiar es de 453 dólares y el de la canasta vital o de la pobreza es de 307 dólares, y partiendo incluso que el INEC establece un ingreso ponderado de 1.6 por familia, José Chusín establece que en la actualidad el mínimo aceptable sería un salario básico unificado de 192 dólares, es decir 32 dólares de aumento, lo que apenas alcanzaría para cubrir el costo de la canasta de la pobreza. Por debajo de esta cifra, el salario básico continúa siendo de la indigencia.

Todo esto evidencia que el tema de la nivelación salarial de los trabajadores es otra de las grandes deudas sociales que debe ser enfrentada en el nuevo régimen, lo cual hace más urgente la necesidad de un nuevo Código del Trabajo y una nueva política salarial, consecuentemente uno de los temas a ser asumidos en la futura Constituyente Originaria y Popular.