La primera: el Presidente Fidel Castro tenía la razón cuando denunció el 11 de abril de 2005 la llegada ilegal del connotado asesino a Miami en marzo, con el apoyo de la mafia floridana, en el barco Santrina desde Islas Mujeres, en México. La segunda: se está evitando a toda costa acusar al susodicho individuo de terrorista, y presentarlo únicamente como un singular "espalda mojada" que no fue sincero y veraz en sus entrevistas con los funcionarios de naturalización.

La tercera: siendo así las cosas, y no teniendo los cubanos garantía alguna de que Washington ponga freno a la prolongada violencia contrarrevolucionaria contra la mayor de las Antillas, está totalmente justificada la acción preventiva de Cinco patriotas de la Isla para frustrar tales actos criminales provenientes de territorio norteamericano, combatientes que sin embargo purgan injustas y desproporcionadas condenas en penales de la Unión.

En efecto, luego de casi un año de suave encarcelamiento en El Paso, Texas, por violación de las fronteras, Posada Carriles ha sido acusado por un gran jurado federal de mentir a los funcionarios que le entrevistaron para aclarar su caso.

Se dice que a partir de las imputaciones en su contra podría recibir hasta 35 años de prisión.

Lo singular es que a pesar de las masivas evidencias y los sólidos reclamos de La Habana y Caracas, ninguna autoridad judicial parece acordarse de que este mismo individuo está signado como uno de los dos organizadores de la destrucción en pleno vuelo de un avión comercial cubano frente a las costas de Barbados, en 1976, con 73 personas a bordo.

También parece han olvidado que fue el instigador de numerosos ataques con bombas contra hoteles de la mayor de las Antillas en 1997, los cuales costaron la vida al joven italiano Fabio Di Celmo, entre otros atroces episodios de violencia y crimen, incluido el intento de magnicidio del Comandante en Jefe Fidel Castro en Panamá, durante la Décima Cumbre Iberoamericana.

Pero hay más. Y es que el Departamento de Justicia pasa igualmente por alto los propios criterios del Servicio Nacional de Inmigración y Control de Aduana norteamericano, el cual en carta fechada el 22 de marzo de 2006 y dirigida al pretendido inmigrante ilegal, afirma categóricamente: "Debido a su largo historial de actividades delictivas y actos de violencia, que provocaron la muerte de civiles inocentes, liberarlo de la detención plantearía un peligro para la comunidad y la seguridad Nacional de los Estados Unidos".

Agencia Cubana de Noticias