Aunque en el discurso de posesión el presidente de la República, Rafael Correa, detalló los posibles cambios económicos, políticos y sociales que ejecutará en su gobierno, en la tarde, en la mitad del mundo (norte de Quito), fue más práctico y firmó el decreto 002, con el que convocó a una consulta popular para el 18 de marzo del 2007, y en el que se incluye el estatuto de elección, instalación y funcionamiento de la Asamblea Constituyente, así como la disposición de que el TSE organice, dirija, vigile y garantice la consulta popular.

Con esta resolución, diputados anticonstituyentes coincidieron en que el Primer Mandatario, al haber firmado estos decretos, pisoteó la Constitución, y aseguraron que aún tienen la esperanza de conformar nuevamente la mayoría. Para que esta estrategia pueda concretarse, las conocidas negociaciones han sido lideradas por el PRIAN, luego de una intensa reunión en el Banco del Litoral, en la ciudad de Quito, el pasado 15 de enero.

Una de las primeras resoluciones, que luego fueron confirmadas por el diputado de esta tienda política, Fredy Bravo, en los medios de comunicación, fue “que se encuentran en negociaciones con el Partido Sociedad Patriótica para conformar nuevamente la mayoría con una agenda que implique el manejo legislativo y la designación de autoridades de control”. Aunque Lucio Gutiérrez ha ratificado el apoyo a la Constituyente, por lo menos la Fiscalia y Contraloría fueron repartidas entre estos dos partidos.

Como se ve, el PRIAN está decidido a entregar, incluso, carteras de control a un partido -como lo dicen varios analistas políticos- también tradicional como el PSP, que marcó desde el inicio una confrontación política con el Ejecutivo por estar contra la Asamblea, hasta terminar apoyándola. Sin embargo, los anhelos de mantener aún el poder han llevado a los gutierristas a pensar en tener mayoría en la Asamblea, y que incluso sea liderada por Lucio Gutiérrez. Aunque han ‘aclarado’ que el apoyo a la Constituyente “es por obedecer el mandato popular y no por apoyar al gobierno de Rafael Correa”.

Con respecto a la mayoría Constituyente, la ID, PRE, PSP, que han sido calificados como parte de la partidocracia, han ratificado el apoyo a la Asamblea, pero sin plenos poderes. Mientras Pachakutik, MPD, PS-FA, Nuevo País y ARE, han mantenido la línea popular para establecer una Constituyente con plenos poderes, aunque el estatuto resuelto por el Gobierno ha sido rechazado por algunas organizaciones sociales.

Para el diputado del MPD, Gustavo Terán, si bien el estatuto no representa el interés total del pueblo, es necesario respaldarlo. “La Asamblea Constituyente debe tener plenos poderes porque el pueblo no votó por unas pequeñas reformas sino por cambios profundos, es decir, por una nueva Constitución de la República. Estamos de acuerdo en el estatuto, es decir, 56 asambleistas provinciales, 28 asambleistas nacionales y 3 representantes de los emigrantes”.