Benjamín Guerrero: -El presidente Uribe lo elevó a usted al nivel de jefe del Polo Democrático, líder de la oposición y candidato presidencial. ¿María Emma Mejía sería su fórmula?

Gustavo Petro: –No. Ese no es el caso. La elevación a ese sitial me hace mucho daño porque yo he planteado un debate razonable dentro de un proceso en marcha por la verdad, en primer lugar, y luego justicia y reparación. El Presidente lo rechaza en tono pasional porque aparece el expediente de un hermano suyo que sigue en plena vigencia. Y claro que lo pasional despierta odios y luego violencia. Violencia, que es precisamente la que se trata de liquidar con verdad, justicia y reparación. Sin verdad a sangre fría no hay sino regreso a la violencia.

En cuanto al Polo y la oposición, lo que importa es que seamos capaces de hacer una convocatoria de unidad nacional, no de confrontación. Por ejemplo, y en primer lugar, salir de la guerra, de esta racha violenta; segundo, convertir a Colombia en una sociedad productiva, no mafiosa y especulativa, de modo que se pueda decir que en este país “quien trabaje prospera”, y, en fin, que los conflictos políticos y sociales se procesen democráticamente no con violencia y muertos. Hay que cimentar la democracia y aclimatarla a toda costa.

B.G.–¿Cómo es la lucha frontal contra la violencia y el narcotráfico?

G.P.– La lucha contra el paramilitarismo es la que ya está en curso y hay que culminarla para que no resulte un hazmerreír histórico. Todo esto hay que recuperarlo y profundizarlo. Contra el narcotráfico es más compleja, pero creo que si se toma en serio hay que quitarle de verdad los premios al negocio. Al menos en el territorio nacional, que nos compete, porque el internacional se nos sale de las manos. Las tierras habidas con dineros del narcotráfico deben pasar a ser materia de reforma agraria, en mora de realizarse, para darle al país una base democrática de la riqueza. Pero para eso se requiere que la ley sea de verdad ejecutiva. No leyes como las que está preparando el Ministro de Agricultura de darle un piso de propiedad cierta a las nuevas propiedades.

La extradición también es un instrumento contundente que hay que mantener. Pero no a disposición discrecional del Presidente sino en manos de la justicia, como en los Estados Unidos. De lo que se trata es de una colaboración con la justicia que ayude a desmantelar el conjunto de la organización criminal. Si se colabora de verdad con ella, puede inclusive suspenderse la pena.

Porque la política actual de fumigación es promafiosa porque ha demostrado que, cuando mejor funciona, logra esterilizar parte de la producción campesina y los precios de la droga mejoran notablemente, que es lo que en realidad beneficia a los narcotraficantes.

B.G.: –¿Y las guerrillas?

G.P.: –Es doctrina del Polo, discutida y ratificada en diversos foros, que la guerrilla tiene que acabarse por asfixia democrática. En la medida en que seamos capaces de lograr reivindicaciones democráticas serias y sistemáticas, la justificación de la lucha armada pierde toda su vigencia. Los 11 puntos de las Farc planteadas en el Caguán, no son metas imposibles; más bien son muy factibles, aunque no se puede esperar mucho del régimen actual. Si las guerrillas no quieren entender, las fuerzas armadas tienen que seguir cumpliendo con su deber, aún si el Polo Democrático accediera al poder.

Los pastranistas decían: primero, firma de la paz; luego vendrán las reformas. Pero lo que no ha sido implementado en Colombia es que primero se hagan las reformas democráticas, la reafirmación de la soberanía nacional, la reforma agraria, es decir, desarrollar el quehacer político del Polo.

B.G.: –El tema del Palacio de Justicia regresa sin cesar como una especie de veto para el Polo. ¿Qué hacer?

G.P: –Contra el Polo, no. Quizá contra el M-19, al que pertenecimos algunos miembros del Polo. El problema es difícil porque el M-19 cometió el grave error de firmar la paz sin poner antes como tema central que se aclarara ese nefasto suceso. Pero no es tarde. Ya hice un documentado debate en el Congreso y sigo estudiando esos acontecimientos. Fue un debate duro. Porque está de por medio la ejecución de los magistrados de la Corte y está de por medio una supuesta financiación del narcotráfico. Durante los hechos, yo estaba en la cárcel; pero aunque los protagonistas murieron, todavía hay testimonios vivos y documentos por estudiar. Todavía queda terreno por explorar. No vamos a cejar.

B.G.: –En su posición como juez, en el control político, ¿cuál de las doctrinas sigue usted: la de la “convicción íntima” o la de la demostración con pruebas, con la cual si hay duda se favorece al acusado?

G.P.: –En realidad fue el padre Giraldo, quien me inició en el arte de la investigación judicial. Su tesis es que la impunidad rampante frente a los delitos de lesa humanidad se produce porque aparecen como un reguero inconexo de hechos aislados, cada uno en circunstancias distintas, con autores materiales distintos y en sitios distantes. No existe la acumulación de delitos que configura el delito de lesa humanidad. Es así como se esfuman. Entonces me recomienda el padre Giraldo allegar pacientemente documentos judiciales abiertos al público, de innumerables juzgados, e ir sistematizándolos según las regiones o probable autoría intelectual. Ese trabajo de acumular y examinar pruebas es muy laborioso, y claro que siempre queda la preocupación de que uno pueda equivocarse. No se procede en consecuencia por “convicción íntima” sino que en general el acerbo probatorio acumulado suele ser muy sólido y diferente de los hechos aislados.

B.G.:–¿Resultados documentados?

G.P.: Sorprendente. Claro que son cuatro largos años de investigación sistemática sobre el paramilitarismo, en la Fiscalía, en Norte de Santander, en Sucre y ahora en Antioquia. Es como si se fuera armando un rompecabezas de procesos separados en una misma región, y que de pronto aparecen escenarios completos, escabrosos, increíbles, que provocan náuseas e impotencia ante tanta monstruosidad. Aparecen los mismos grupos, nombres repetitivos, métodos comunes, los mismos objetivos y los mismos hechos consumados. Todo eso con un riesgo grande, no solo físico sino también el de equivocarse. Hasta ahora, todo ha resultado cierto. Por esa razón, si se quiere superar ese doloroso trance en Colombia, creo que ese es un método probado y que habría que utilizar en gran escala.

B.G. –¿El modelo económico con el que usted sueña se parece más al chino (dos mercados y un sistema) o al cubano de tipo soviético, o el de economía mixta al estilo del sudeste asiático con un Estado impulsor?

G.P.: –Bueno, el modelo que tiende a consolidarse es uno de responsabilidades compartidas frente al planeta Tierra, es decir, ecológicamente y frente a los problemas del desarrollo y frente a los problemas de equidad social. No el sovietismo como “socialismo en un solo país”. Todo esto dentro de un clima democrático global para conservación de la propia humanidad y de respeto a la soberanía de los pueblos. Es la revolución de las redes de comunicación, de las redes de los movimientos sociales. Es la pluralidad productiva, no el estatismo. ¿Cómo controlar y regular ese maremágnum productivo, no con enclaves extraños a los pueblos? Es un socialismo propio del siglo XXI. Todo el mundo está de acuerdo en eso, pero sucede que muchos lo repiten como si recitaran versos, y hacen lo contrario.

B.G.: –Si no es el TLC ni la CAN, entonces ¿cuál es la perspectiva?

G.P.: –Es la progresiva unión latinoamericana. Lo que importa es que sea una unidad, en una relación entre los pueblos, una verdadera integración y no un simple acuerdo comercial. Los neoliberales lo restringieron al libre comercio y al arancel externo común. Cuando se iba a firmar este último aparecieron con el Alca, y, derrotado éste, se enrumbaron con los TLC bilaterales con los Estados Unidos. Esto hay que cambiarlo por un diálogo entre iguales y no como una confrontación de culturas y civilizaciones.

Los latinoamericanos podemos crear las instituciones sociales, políticas, culturales y económicas necesarias para que la integración sea la nuestra y la de nuestros pueblos. Nadie dice que lo económico deba quedar por fuera sino que no puede ser exclusivo. Lo principal es contar con los pueblos.

B.G.: –¿Influye su formación académica en su orientación política?

G.P.: –Bueno, yo estudié en Zipaquirá en el Liceo Nacional, que tiene la honrosa tradición de haber contado con alumnos como Carlos Lleras, Eduardo Umaña Luna, Fernando Hinestrosa padre y García Márquez, entre otros. Luego estudié economía en el Externado. Mi orientación, en consecuencia, debería ser muy económica y por un tiempo me ocupé de planes de desarrollo y de la cascada de reformas tributarias, pero sucede que el padre Giraldo me sedujo con el tema de la impunidad reinante sobre los crímenes de lesa humanidad. Fue el padre Giraldo quien me enseñó la metodología de investigación que estoy practicando ahora y que yo llamo de reconstrucción. Y claro que sí funciona porque la sumatoria de casos produce resultados formidables. Nadie imaginaba que grupos relativamente pequeños pudieran cometer fechorías tan grandes, tan abultadas y tan atroces.

B.G.: –Eberth Bustamante dice que usted militó con él en Zipaquirá y que lo conoce muy bien y por supuesto sus defectos.

G.P.: –Cuando yo milité en Zipaquirá, ciertamente no nos conocimos. Yo era un militante de base y los núcleos eran como compartimentos aislados. Él sí tenía comunicación de la zona de Zipaquirá con el comando central. A ese respecto, Eberth sencillamente miente. Mucho más tarde lo conocí ocasionalmente. Luego estuvo fuera del país. Durante el debate entre Bustamante y Bateman, los núcleos de base tomamos partido por la unidad y por superar los conflictos. Es cierto que no apoyamos su disidencia y eso es lo que quizá pueda molestarlo. Su argumento para la división era que la Coordinadora de Base era marxista, y que en cambio el M-19 era socialdemócrata.

B.G.: –El ministro Santos le ha reprochado a usted que le haya dado una puñalada trapera al país, cuando usted solicita a la OEA una supervisión de las próximas elecciones. ¿Cómo es ese asunto?

G.P: –Es el ministro Santos quien debe hacer la aclaración. Porque el dato cierto y de dominio público es que en la actualidad existen más de doscientos municipios con presencia de grupos armados que pueden interferir de diversas maneras en el proceso democrático que se avecina. Ya existe cierta rutina en nuestros países de apelar a una supervisión de la OEA o de fundaciones como la Carter, que han demostrado tener una buena capacidad de observación y relatoría. El presidente Chávez se ha sometido con agrado dos o tres veces a esa supervisión. Esa no es una novedad.