En mayo de 2003 y por intermediación de la empresa Integradora de Servicios Operativos S.A. (ISOSA), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) pactó transferir todos los conocimientos generados en su sector a la empresa privada Cemex, propiedad de Lorenzo Zambrano.

El proyecto “Diseño de gobierno TI-Hacienda”, con fecha del 22 de mayo de 2003 y referente al sistema de tecnología de información (TI) para el sector hacendario, revela que a mediados del sexenio de Vicente Fox se ejecutó el “Plan de transferencia de conocimientos Cemex-Hacienda” como parte del “Plan maestro de transformación”.

Especialistas en la materia explican que la transferencia de conocimientos no es más que el llano traslado de información. Esto implica que las empresas o instituciones, que así lo pactan, intercambian entre sí todas sus bases de datos.

Para tales propósitos, la Secretaría de Hacienda montó una red de colaboración informativa con 27 funcionarios de la Oficialía Mayor, las subsecretarías de Hacienda y Crédito Público, Ingresos y Egresos, la Tesorería de la Federación (Tesofe) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), se desprende del informe confidencial “Marco tecnológico de referencia (IT Foundation)”.

Fechado el 14 de mayo de 2003 y rubricado con los sellos oficiales de la SHCP y de Cemex, el documento descubre que la red se estructura en dos comités: uno ejecutivo, conformado por nueve servidores públicos, y el otro técnico, integrado por 18 funcionarios y por Susana Reyna Salinas, entonces directora de Operaciones de ISOSA, la empresa creada como privada por Francisco Gil Díaz en 1993.

A su vez, estos 28 “facilitadores designados” se dividen en dos equipos: uno para atender los requerimientos del proyecto “Marco de referencia común” y el otro dedicado al “gobierno TI”.

La agenda de la primera etapa del proyecto de gobierno TI señala que el 28 de mayo de 2003 cada uno de los “facilitadores” entregó a Cemex las siguientes informaciones: documentación de nuevas iniciativas; diagnósticos tecnológicos previos; documento de visión de plataformas tecnológicas; documentación de las actuales iniciativas, aplicaciones, soluciones, y estructura organizacional general de TI.

Los informes, que obran en poder de Contralínea, forman parte de los archivos que extrajo la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal de las computadoras personal y del trabajo de Francisco Obel Villarreal Antelo, alto funcionario de ISOSA asesinado el 29 de agosto del año pasado y cuyo crimen aún no se esclarece.

A través de la Ley de Transparencia se corroboró la autenticidad de estos archivos y su relación con el proyecto que transfiere conocimientos del sector hacendario a una compañía privada por intermediación de ISOSA.

Sin embargo, el pasado 24 de abril la Unidad de Enlace de la SHCP notificó a esta publicación que todos los documentos relacionados con el proyecto de Gobierno de TI, incluidos los convenios firmados con Cemex, han sido reservados por seis años.

ISOSA, el nexo

Según el documento denominado “Dirección de Operaciones de ISOSA” –empresa involucrada por la Auditoría Superior de la Federación en el llamado fraude transexenal aduanero, actualmente investigados en la Cámara de Diputados– cumple un papel fundamental en la transferencia de información.

Con fecha de enero de 2004, el informe descubre que para entonces la Gerencia Nacional de Aduanas de ISOSA ya había coordinado “las acciones de la migración de la operación informática de Aduanas para el Proyecto de Centralización (2003: cuatro eventos de pilotaje y cinco etapas de migración, todas satisfactorias para 22 aduanas operando bajo el esquema centralizado)”.

Añade que la Gerencia de Balanza Comercial de ISOSA colaboró “en proyectos como el de Migración del Sistema de Balanza y el de Documentación de Procedimientos de la Dirección de Operaciones, cuyo análisis sirvió al personal de Cemex y de la SHCP en la definición del modelo de negocio necesario en el proyecto de centralización (o Modelo de gobierno de TI)”.

El Plan Maestro

El “Plan maestro de transformación” –donde se acuerda la transferencia de conocimientos entre la SHCP y Cemex– es la última etapa del Proyecto de gobierno TI, a la cual le anteceden nueve fases (validación de fronteras de áreas de competencia y patrocinador; definición de diagramas de relación, competencias e inventario de macro-procesos; estrategia global de TI para Hacienda; definición y construcción de cuerpos de gobierno; diseño del modelo de operación; diseño del modelo de gobierno; diseño del modelo de desempeño; evaluación y priorización de proyectos, y análisis de impacto y barreras de cambio).

Dicho plan tiene por objetivo “describir las estrategias” para poder llevar a cabo el desarrollo del “modelo de gobierno de TI”. Para ello, además del plan de transferencia de conocimientos, refiere la ejecución del “plan de acciones a impactos de infraestructura (comunicaciones, insumos al proceso); la estructura de descomposición del trabajo; el plan de respuesta a riesgos, y el plan de calidad de la implantación”.

Pero no sólo eso. De acuerdo con la información de Hacienda en poder de esta revista, la última etapa también atiende la “definición de objetivos y/o requerimientos de negocio de Hacienda (estos se harán con la alta dirección por parte de otro equipo del Proyecto de Transformación)”.

Gobierno de TI

El objeto del llamado “modelo de gobierno TI”, según lo resume la propia SHCP, es “definir el propósito y la estructura de los cuerpos de gobierno y establecer las reglas y políticas de la ejecución”.

Al explicar qué es el gobierno de TI, el proyecto precisa que “es la definición de estructuras, procesos, estándares, políticas y métricas”. Dicho gobierno, añade, “regula la tecnología y la organización de TI, para alinearla en pro de los requerimientos de negocio”.

Sobre las políticas y estándares indica que esta fase “involucra los lineamientos para la implementación de niveles de servicio, (y que) consiste en estandarización y reforzamiento”.

Otro de los puntos se refiere a los procesos de decisión. En esta fase señala que se “definen los mecanismos financiamiento y toma de decisiones. Estos procesos a su vez son desglosados en: mecanismos de decisión, financiación, procesos de apelación y escalación”.

En cuanto a las metas, el informe refiere que “define objetivos de desempeño del negocio y métricas para guiar las políticas de administración de economía electrónica y las decisiones de inversión, (y que) consiste en la definición del alcance de las métricas y la responsabilidad sobre las mismas”.

Respecto al objetivo del proyecto, el documento resume que se trata de “diseñar un Gobierno de TI que abarca a las diferentes dependencias de Hacienda. Este nuevo Modelo de Gobierno tiene la meta de asegurar la alineación de los objetivos de TI a las necesidades de negocio de Hacienda, incorporando a los actores que aportan valor al proceso de TI”.

Agrega que “el alcance organizacional de este proyecto incluye todas las áreas de tecnología de información de Hacienda”. También añade que “las actividades que incluye este proyecto son: análisis de entorno y requerimientos de negocio; diseño del Modelo de Gobierno de TI; evaluación y priorización de la cartera de proyectos; análisis de impacto y barreras de cambio, y el plan maestro de transformación.

Sobre el marco tecnológico de referencia, el informe dice que se trata de “la definición de los estándares generales que rigen la implementación y la constante evolución de la arquitectura tecnológica global de una organización (y se sostiene por cuatro pilares que sustentan la economía electrónica: liderazgo, gobernabilidad, competencias y tecnología)”.

Para conocer los alcances del “Plan de transferencia de conocimientos Cemex-Hacienda”, se solicitó entrevista con las autoridades de la SHCP responsables del proyecto, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Comisión especial ISOSA

El pasado 7 de mayo quedó instalada la Comisión Investigadora del Derecho de Trámite Aduanero (DTA) que analizará las operaciones de los fideicomisos 954-8 Aduanas I y Consorcios de Comercio Exterior II, conocido como Aduanas II, así como de la empresas privadas ISOSA e IASA.

De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, los fideicomisos aduaneros e ISOSA están involucrados, junto con el SAT, en quebrantos al patrimonio público por 10 mil 183 millones de pesos.

Según el máximo órgano de fiscalización, los daños se cometieron en los cuatro primeros ejercicios de la administración foxista y fueron por 4 mil 561 millones en 2001; 2 mil 200 millones en 2002; 2 mil 585 millones en 2003, y 836 millones 346 mil pesos en 2004.

La ASF acusa que en esos ejercicios fiscales el SAT omitió enterar a la Tesorería de la Federación los recursos obtenidos por el cobro del DTA, mismos que se depositaron “irregularmente” en el fideicomiso Aduanas I y se triangularon al Aduanas II y a ISOSA.

Al instalar la mesa de trabajos, el diputado priísta Raúl Cervantes señaló que la Comisión es “para no incurrir en un asunto de pronunciamiento político, sino verdaderamente dar una resolución de pronunciamiento técnico a la ciudadanía”.

El legislador perredista Pablo Trejo, quien preside la comisión, dijo que “partiremos de ciertas bases, la primera es que vamos a hacer un trabajo serio de investigación, que va a utilizar principios de objetividad, imparcialidad, certeza jurídica”.

La comisión está integrada por 10 diputados (cuatro del PAN, dos del PRD, dos del PRI uno del Verde Ecologista y otro del Trabajo) y su objetivo, según los legisladores, es determinar si hubo o no irregularidades durante la gestión del ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz.