Desde el año 2000 y con el marco jurídico de las Leyes Trole I y Trole II, que reformaron la Ley de Minería, se produce una avalancha de concesiones mineras e hidroeléctricas en Morona Santiago. De acuerdo a informaciones, hasta el año 2005 se habrían tramitado alrededor de 500.000 hectáreas de concesiones mineras.

En el año 2006 se concesionaron 435.000 hectáreas; y en los tres primeros meses del 2007 se han concesionado 35.000 hectáreas más.

Algunas de las principales empresas beneficiadas son Corrientes Resources Inc. (canadiense) y Lowell Mineral Exploration (EUA), con más de 60.000 hectáreas en los declives occidentales de la cordillera del Cóndor (Cantones Limón Indanza, San Juan Bosco y Gualaquiza).

De las cifras anteriores se puede deducir que el 40% del territorio de Morona Santiago está concesionado a las empresas mineras.

Paralelas a las concesiones mineras vienen las concesiones hidroeléctricas, que tienen la finalidad de generar energía bajo el Sistema de Proyectos de Autogeneración a través de empresas privadas, para dotar de energía a la minería. Es así que están en trámite 19 proyectos hídricos, como Río Negro, Naiza, Zamora, Hidroabanico (que llega a Jimbitono en septiembre del 2004 y que está en ejecución).

La explotación a gran escala de caolín en Limón Indanza ha generado la pérdida de las fuentes de agua para los campesinos, causando grandes perjuicios al agro; lo que ha servido para despertar un sentimiento antiminero en la población.

Con la presencia de Hidroabanico, que recibió la concesión de uno de los ríos más importantes de Macas, se pudo sentir la prepotencia y los engaños con que actúan estas empresas: sometimiento de campesinos, división de las comunidades, irrespeto a los pueblos, compra de conciencias a autoridades y dirigentes débiles.

Sectores ambientalistas, en el año 2005, alertaron sobre los peligros de la privatización de las fuentes hídricas y los daños al medio ambiente, que causaría el trasvase de las aguas de un río caudaloso a una pequeña quebrada, problema que posteriormente se dio con el río Abanico.

Los sectores más concientes se levantaron junto al pueblo de Jimbitono y se pudo conocer la relación de Hidroabanico con multinacionales como: Coca Cola, KFC, Pyca y, lo peor, con Corrientes Resources. Las cosas se aclararon, la energía no era para los pueblos de Morona Santiago sino para las transnacionales mineras. La lucha de Jimbitono duró cerca de 75 días y culminó con el acta del 12 de noviembre del 2006, en la que el Gobierno se comprometió a suspender la ejecución de la 2da Fase de Hidroabanico, así como la actividad minera en toda la provincia; esta Acta fue traicionada por la actitud entreguista del alcalde de Macas, Rodrigo López, y la concejala Betty Chica, que junto a Terán engañaron a Geovany Hernández, dirigente de Jimbitono, quien a espaldas del pueblo firmó la aceptación de la 2da fase.

La traición a la lucha de Jimbitono llevó a que pueblos como los de Logroño, Chinimbimi, Tayuza, Indanza y El Rosario, adopten una lucha de resistencia a las empresas, evitando que pasen por sus tierras las redes eléctricas. Caso especial es la lucha del pueblo de Limón que impidió que continúe la construcción de la Subestación de Limón, destinada a repotenciar las redes de conducción a fin de que puedan llevar la energía de la segunda fase de Hidroabanico.

En el año 2005, las comunidades campesinas de Limón Indanza expulsaron a la compañía Dayanara que pretendía instalarse en el centro shuar Yunganza e iniciar la explotación de oro. Esta lucha significó la primera experiencia y sería la antesala de lo que vendría después.

Los enormes perjuicios causados por la explotación minera, sobre todo a los campesinos, y el conocimiento de que la energía del Proyecto Hidroabanico serviría para las empresas mineras, llevó a que sectores importantes de la población se organicen y decidan ir a la lucha. Se produjeron reuniones, marchas, cierres de vías y pronunciamientos públicos, seguidos por la toma de la Subestación Limón, pidiendo la salida de las empresas Hidroabanico y SIPETROL S.A. del cantón Limón Indanza.

Y, lógicamente, llegó la persecución de quienes defienden intereses particulares, empresariales y transnacionales: la burguesía de Morona Santiago, con la complicidad de autoridades (Fiscal, jueces y conjueces, policía, Alcaldes de Limón y Macas), pretenden consumar la prisión de los dirigentes de la Lucha de Limón, para crear un escarmiento contra la población, que “se ha decidido” a enfrentar la política entreguista y privatizadora.

Se ha instaurado un proceso penal lleno de irregularidades contra los dirigentes: Marco Ochoa, Tarquino Cajamarca (actual Concejal de Limón MPD-MAS), Franklin Reinozo (actual candidato por el MPD a Asambleísta) y Aída Astudillo. Se generan rumores y los dirigentes que según el Subsecretario de Gobierno Eduardo Paredes eran héroes de la defensa de la soberanía, pasaron a ser “Terroristas” según las autoridades judiciales, empresas y autoridades entreguistas.

Solidaridad

La población de Limón Indanza mayoritariamente respalda a sus dirigentes y se están haciendo acciones para precautelar su integridad.

La acción efectiva de solidaridad debe expresarse en los medios de comunicación, en los organismos de control, en las calles, levantando acciones de lucha.

No permitamos que luchadores democráticos y de izquierda, que por levantar su voz de protesta y en defensa de la vida, sean encarcelados. No permitamos que nuestros recursos sean entregados a la empresa privada internacional