La conspiración oligárquica continúa. Después de publicados los resultados de algunas encuestas que pronostican el triunfo del gobierno y las fuerzas del cambio, la derecha arma un escenario desestabilizador para restar legitimidad a la Asamblea y abrir la posibilidad de destitución del presidente Rafael Correa.

Por un lado, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, recoge firmas (aunque parece que con cierta dificultad) para convocar a una consulta popular que coloque políticamente a esa ciudad en contra del resto del país, llamando a los guayaquileños a oponerse a la nueva Constitución si llega a ser elaborada por una mayoría de asambleístas de izquierda.

Por otro lado, los partidos de derecha usan las instituciones que mantienen secuestradas, como el Tribunal Electoral de Pichincha, el Congreso Nacional y la Contraloría General del Estado, para plantear si no la destitución directa del Presidente, por lo menos los argumentos jurídicos necesarios para un juicio político al primer mandatario. Hay que recordar que la Contraloría está en manos de Sociedad Patriótica y en el Congreso Nacional domina una mayoría derechista dirigida por el PRIAN y el PSP.

La polarización entre pueblos y oligarquía crece. El debate está planteado en el marco de la defensa no solo del modelo neoliberal, sino del sistema capitalista, frente a propuestas democráticas y patrióticas y la perspectiva del Socialismo que viene más nítidamente desde la izquierda revolucionaria. A la derecha solo le queda buscar cualquier mecanismo para conspirar, y en el plano de la confrontación de ideas utiliza a referentes de la intelectualidad y la política internacional como Mario Vargas Llosa, el periodista argentino Jorge Lanata, o el ex presidente de España, José María Aznar, a quienes abren tribuna para que adviertan del riesgo que según ellos implica el proyecto autoritario de Hugo Chávez y Fidel Castro en Ecuador. Buscan cualquier resquicio para golpear al gobierno; en ello se enmarca el intento de la derecha de quitarle la inmunidad al presidente de la República para que enfrente un juicio penal entablado por el ex asesor Quinto Pazmiño, así como el enjuiciamiento político a la Ministra de Ambiente y el pedido de destitución por parte de los productores arroceros al Ministro de Agricultura. La especulación y el contrabando de los artículos de primera necesidad parecen estar bien planeados para ocasionar desabastecimiento y subida de precios en el mercado. La idea es minar por todos los frentes posibles la credibilidad del gobierno que aún se mantiene como una de las más altas de los mandatarios de América Latina.

Si bien la Asamblea no instaurará por sí sola la Patria Nueva, es obvio que significa un importante instrumento para golpear a la oligarquía y encaminar al país hacia el cambio. Para la izquierda, este es un momento importante para su desarrollo, en el que los pueblos pueden mirar con más nitidez las propuestas y el objetivo estratégico que persigue, de tal manera que es una coyuntura histórica que no se puede desaprovechar.