La nueva Constitución comienza, a partir de hoy, a ser una preocupación de primer orden en el debate político nacional, y es de esperar que así suceda, sobre todo por el anuncio de la fuerza mayoritaria de la Asamblea, de que pondrá a discusión sus propuestas ante todo el país. Para la oligarquía, lo que hay que incorporar son remiendos y nuevas disposiciones que laven y maquillen el rostro del actual sistema, pero que en esencia lo mantengan intocado, para las fuerzas del cambio hay que redactar otra Carta Política, que desmonte el neoliberalismo que se ha aplicado en estos años.

Los banqueros, grandes empresarios y representantes de las transnacionales y los intereses del imperialismo sostienen que la parte dogmática de la Constitución se debe mantener como está. Esa es la preocupación esencial, pues le temen a la incorporación de términos que se acerquen o huelan a Socialismo del siglo XXI, o mucho peor: al socialismo científico, que en realidad es al que más temen. La parte dogmática, según dicen, debe caracterizar al Estado ecuatoriano, como hasta ahora lo es, como un Estado social de derecho, en el que rija la economía de libre mercado (aunque se pueda incorporar la palabra “social” en lugar de “libre”).

Ni hablar de que se incorporen términos como soberanía, democracia, laicismo, plurinacionalidad, interculturalidad, justicia y solidaridad. Son términos que se acercan mucho a lo que ellos llaman dictadura, autoritarismo, concentración de poder, etc.

En la escena política hay propuestas de normativa constitucional provenientes de las dos corrientes antagónicas del momento: la corriente popular y la corriente oligárquica. Pero al interior de la corriente popular hay también diferencias, que aunque por el momento no se consideran trascendentales, en el proceso mismo de debate al interior de la Asamblea se irán profundizando.

Aquí recogemos aspectos de dos de las propuestas que consideramos serán las que más se tomen en cuenta en la próxima Asamblea Nacional Constituyente, la del CONESUP, que en esencia recoge la propuesta del gobierno y del Movimiento País, y la propuesta del Movimiento Popular Democrático (MPD), que ha sido calificada por los mismos opinadotes estrellas de los medios, como la más coherente de la izquierda ecuatoriana.

El preámbulo

La propuesta del CONESUP, en esta parte, muestra un lenguaje emotivo y lleno de aciertos porque, en esencia, recoge los principales postulados a los que nos referíamos en la introducción: “(el pueblo del Ecuador…) consagra como valores superiores de su ordenamiento jurídico la vida, la libertad, la igualdad, la justicia, la democracia, el trabajo, el progreso, la solidaridad, la equidad y la paz, que han guiado sus pasos desde los albores de la vida republicana; proclama su voluntad de consolidar la unidad de la nación ecuatoriana con el reconocimiento de la diversidad de cultos, pueblos, etnias y culturas…”

Sin embargo, incorpora, dos párrafos más adelante, una invocación a la protección de Dios, lo cual podría entrar en contradicción con lo que más adelante, en los principios fundamentales, sostiene como carácter del Estado ecuatoriano: “El Ecuador es un estado social y democrático de derecho, soberano, independiente, laico, pluricultural y multiétnico.”

Aunque el término puede ser objeto de disquisiciones filosóficas, lo que cabe resaltar es que para la mayoría de tratadistas, el término laico se refiere a un derecho que tiene el hombre a desarrollar sus facultades libre de toda influencia clerical. Se entiende también al laicismo como la doctrina que defiende la independencia de la conciencia del hombre, para emanciparlo de la imposición de criterios filosóficos, religiosos y políticos de carácter absoluto. Entonces, la Constitución, que se supone es la carta magna, que recoge el espíritu general de los pueblos del Ecuador, sobre todo porque se habla de una Constitución para la Patria Nueva, no puede incluir semejante invocación, porque podría dar pábulo a interpretaciones de grupos oscurantistas y de políticos como Álvaro Noboa, que han planteado, durante su campaña electoral, incorporar algo parecido en la Constitución, para evitar el desarrollo más avanzado del pensamiento entre los ecuatorianos.

De los principios generales

Pero si hablamos de planteamientos contradictorios, la propuesta del Conesup tiene en este mismo capítulo referente a los principios fundamentales, en su inciso número dos, una frase evidentemente contradictoria: “Sobre la base de su unidad indisoluble, el Ecuador se gobierna descentralizadamente, mediante un régimen de autonomías, para integrar armónica, solidaria y equitativamente el territorio nacional”. El concepto de autonomía es opuesto al de Estado unitario, eso lo dice la experiencia histórica de asunción de este tipo de regímenes en el mundo. Pero además, a este texto propuesto por el Conesup se debería agregar la idea planteada por el gobierno nacional de establecer una régimen de gobiernos regionales, con una nueva división política del país, bajo el criterio de hacer eficiente el manejo del Estado.

Desde la perspectiva del MPD, en cambio, todo proceso de autonomías, regionalización, territorialización y distritalización no es más que una nueva estrategia político administrativa de las oligarquías locales y del imperialismo para seccionar el país e ir restando su capacidad de confrontar a la omnipotencia del mercado.

Lo que plantea el MPD en este tema más bien tiene que ver con establecer un “proceso de descentralización y desconcentración democráticas, en el marco de un Estado unitario, con desarrollo armónico y multilateral. Vigencia de la actual organización territorial: provincias, cantones y parroquias, garantizando la transferencia automática de los recursos asignados a consejos provinciales y municipios, organismos seccionales que deberán ser concebidos como entes de servicio a la comunidad, sin fines de lucro”.

Como se puede ver, por lo menos en estos dos primeros aspectos, existe una diferencia de fondo en las dos propuestas que, a la hora de los debates en la Asamblea constituyente, deberán absolverse en función de los intereses de la patria nueva.

Podríamos decir, sin embargo, que en la mayor parte de propuestas las visiones son coincidentes. La del CONESUP, por ejemplo, tiene un buen desarrollo en el ámbito de la defensa del derecho a la vida, con el que coincide el MPD, con todas las implicaciones éticas que ello tiene en relación al manejo de la ciencia y la tecnología. También establece claramente la imposibilidad de que el país enfrente juzgamientos en el exterior de contratos firmados con empresas transnacionales en nuestro territorio, algo que se empata con la exigencia de revisión de los contratos vigentes que ha hecho el MPD siempre, entre otros aspectos que se irán tratando paulatinamente.

Habrá que profundizar el debate, en función de lograr una Constitución realmente progresista, que sirva para el desarrollo soberano y equitativo del país.