Petrobrás, Andes Petroleum, Repsol YPF, City Oriente y Perenco, son las cinco compañías que deben renegociar los contratos en lo referente a los excedentes de la venta del petróleo: no puede ser justo que estas empresas petroleras continúen obteniendo ganancias substanciosas y el Estado reciba migajas; hay que señalar que el barril del petróleo en el mercado internacional superó los 88 dólares norteamericanos.

Mariano Santos, dirigente de los trabajadores petroleros, respecto de este tema del 99% de las ganancias extraordinarias del petróleo, menciona que es preciso aclarar a la población que este porcentaje va dirigido a los excedentes del precio del petróleo establecido al suscribir los contratos de participación, esto es, hace 10 y 12 años, cuando el precio promedio del petróleo oscilaba por los 15 ó 16 dólares; es por esta razón que fue preciso aplicar un incremento a dichos contratos en lo que se refiere a precios, y elevar a 20 dólares el barril al 2007; entonces, todos los valores o precios del petróleo que superen estos 20 dólares, pasarán al Estado en un 99%, y promediando con el 20% (que recibe de la distribución base, que está por debajo de los 20 dólares incrementados) el Estado obtiene cerca del 60% del total de los ingresos, una buena cantidad que se aproxima a porcentajes que existen en varios países, como Venezuela, donde se impulsó reformas a la Ley de Hidrocarburos (el Estado percibe entre el 82 y 83% de los ingresos de los altos precios del petróleo).

Una verdadera renegociación y aplicación de una política petrolera en beneficio de la ciudadanía, se daría cuando no sean tocadas solamente las ganancias extraordinarias de las ventas del crudo, sino cuando se cambien las condiciones contractuales de dichos contratos que fueron suscritos para enriquecer a transnacionales. Estos cambios podrían iniciarse incrementando los niveles porcentuales establecidos de la operación hidrocarburífera, de la que actualmente el Estado recibe solamente 20% y las compañías el 80%; lo ideal es que el país obtenga, al menos, un 60%.

Otros temas que deberían ser revisados prolijamente en esta renegociación, son el tiempo de duración de los contratos; la reglamentación e implementación de la entrega de regalías, que ahora se niegan a pagar las petroleras; establecer términos claros para evitar las violaciones y contravenciones, que son causales suficientes para la anulación de los contratos. De preferencia se debería aplicar los contratos de Prestación de Servicios con las empresas que no han tenido contravenciones.

En el caso de las compañías antes citadas, existen varias irregularidades: por parte de Petrobrás, con el manejo inadecuado del campo Palo Azul, la declaratoria ilegal y antitécnica de campo unificado, y la declaratoria de campo marginal al campo Bermejo; Andes Petroleum, en Tarapoa, y sus constantes violaciones, no solo contractuales, sino con los acuerdos con la comunidad; y la Repsol, que maneja el campo Tibacuno, igualmente ha cometido varias anomalías. Por estas y otras infracciones cometidas, estas compañías no merecen la oportunidad de una renegociación, sino de la caducidad inmediata de los contratos.

En la aplicación de esta nueva política petrolera, es preciso contar con colaboradores leales que trabajen por impulsar los proyectos presentados. Lo preocupante son las actitudes del Ministro de Energía y Minas, Galo Chiriboga, que con su comportamiento por demás dudoso y contradictorio, dista de los lineamientos planteados por el Presidente Correa, ejemplo de ello es su silencio ante las violaciones de Petrobrás, además de la incitación para que prosiga la licitación de los campos marginales y el apoyo para que se prolonguen los contratos de las empresas en cuestión.

La política petrolera que dirige Galo Chiriboga ha dejado de lado a Petroecuador; el Ministro de Energía y Minas no responde a los intereses nacionales: no ha definido la situación del Bloque 15, denominado como “la unidad temporal”; más de un año ha pasado y aún continúa la sobreexplotación de esos campos, cosa que no es conveniente para el país. Petroecuador mantiene una subproducción, teniendo la capacidad operativa para aumentar la producción y devolverle la autonomía financiera que Durán Ballén retiró.

El país requiere de una política petrolera que afiance y fortalezca la industria estatal, los entes públicos; de una legislación y administración firme que no acepte arbitrajes como el de la Occidental; que sancione con todo el rigor de la Ley y sin contemplaciones casos como el de la Texaco, sin permitir o esperar la mediación de arbitrajes internacionales.

Para Gustavo Pinto, presidente del Colegio de Ingenieros Geólogos, Minas y Petróleos, en el 2010, el Estado ecuatoriano debe hacer respetar la soberanía en cuanto a recursos naturales: “Desde ya, el gobierno debe planificar y reestructurar Petroecuador, despolitizarla, para que maneje los campos que operan actualmente las petroleras cuestionadas; a partir del 2010 deben terminar los contratos”, señaló.