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Segunda resolución: ¡Fuera Corte Suprema de Justicia!

Si el Congreso Nacional no representa al pueblo ecuatoriano, la Corte Suprema de Justicia peor. Ésta ha sido la trinchera donde se consumó la injusticia económica y política de la oligarquía. La Asamblea Nacional Constituyente tiene que disolverla.

| Quito (Ecuador)
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El soborno, el chantaje, el peculado, como únicas formas de ejercer la administración de justicia, el uso y abuso de la ley para beneficiar intereses del poder, han sido la herencia que ha dejado la Corte Suprema de Justicia en los últimos 27 años de supuesta democracia. En estos tiempos, cuando tanto se habla de cambio, es justo recordar cómo se ha desarrollado la crisis institucional de esta función del Estado, para entender la necesidad de refundarla.

La ‘Pichi Corte’ y la crisis política

El 8 de diciembre de 2005 el Congreso Nacional decidió reestructurar la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Tribunal Constitucional (TC) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), entonces los intereses políticos y económicos de una facción de la oligarquía ecuatoriana se vieron amenazados. La principal preocupación de estos sectores era que la llamada ‘Pichi Corte’ agilite los juicios contra varios de sus socios, acusados de corrupción: Caso Jambriska, Caso Ana Lucía Armijos, Caso Alejandro Peñafiel, Caso Ramiro Larrea, Caso Jorge Gallardo, Caso Jamil Mahuad, el Caso Tribasa Colisa, entre otros. Después de que en el Parlamento la disputa por captar magistrados entre los partidos políticos fue intensa, los nuevos jueces, provenientes mayoritariamente del PRE, PRIAN y PSP, lograron posesionarse en sus funciones para intentar dictar sentencias en varios juicios pendientes, que por intereses políticos la Corte anterior, manejada por los socialcristianos y la Izquierda Democrática, no tramitó.

Los intereses en el manejo de la máxima instancia de justicia cambiaron de protagonistas. El máximo interés del PRE, que logró captar la presidencia de la nueva Corte, era anular varios juicios a favor del prófugo de la justicia y líder de su partido, Abdalá Bucaram, así como de varios de sus corruptos seguidores, como el caso Emanuel.

El 31 de marzo de 2006, Guillermo Castro Dáger, el famoso “Pichi Castro”, incumpliendo los acuerdos políticos con los demás magistrados, anuló los juicios (Gastos reservados y Mochila Escolar) contra Bucaram a través de la emisión de dos providencias. Esta inconstitucional decisión permitió que el 2 de abril de ese año, Abadalá Bucaram regrese, causando gran indignación, sobre todo en la capital. Esta decisión también favoreció al ex presidente Gustavo Noboa (que para ese entonces se encontraba prófugo) y a Alberto Dahik, acusados de peculado. De esta manera, el primer prófugo en arribar fue Alberto Dahik, el viernes 1 de abril, acusado de malversación de fondos reservados. El sábado 2 abril arribó Abdalá Bucaram, líder del PRE, acusado por malversación y robo de los gastos reservados, y por firmar un contrato irregular en el caso de la mochila escolar. El último en arribar fue Gustavo Novoa.

Varios enfrentamientos con las fuerzas del orden a las afueras del la Corte provocaron las manifestaciones que cientos de trabajadores judiciales y representantes de ONG’s realizaron luego de esta resolución. Pedían la destitución de Castro Dáger.

Esta actitud fue rechazada por la mayoría de magistrados, pues argumentaban que las protestas eran promovidas por Luis Muñoz, presidente en ese entonces de la Federación Nacional de Empleados Judiciales del Ecuador (FENAJE), gremio al cual había dirigido por más de 20 años, y a través del cual llegó a ejercer un gran poder en el sistema de justicia del país. Muñoz entonces respaldaba las decisiones emitidas por el destituido presidente de la CSJ anterior, Hugo Quintana, identificado con el Partido Social Cristiano (PSC) y quien pugnaba porque se restituya su Corte.

El 18 de abril de 2005 la FENAJE decidió levantar el paro, luego de la destitución de la ‘Pichi Corte’ y seguros de que desde el Congreso Nacional los grupos de la oligarquía respetarían sus intereses en la conformación de la nueva Corte Suprema de Justicia. Pudo más la presión de las ONGS como Participación Ciudadana, dirigida entonces por César Montufar. Acogiendo sus planteamientos se decidió nombrar a una ‘Comisión Calificadora’ para elegir a los actuales magistrados de la CSJ, bajo el supuesto de que serían los más probos que se podía tener, pero como se ha demostrado, han incurrido en lo de siempre: la corrupción.

692 700 dólares se utilizaron para elegir a los actuales magistrados

Un año tuvo que pasar después de que fuera destituida la Pichi Corte para que, con Alfredo Palacio como nuevo presidente de la República, se destinen 692 700 dólares para que una ‘Comisión Calificadora’, integrada por Carlos Estarellas, Rosendo López, Bolívar Torres y Ketty Romoleroux, seleccione a los nuevos magistrados, que al final terminaron siendo representantes de los mismos intereses que los de las cortes pasadas.

Estarellas impuso la elección de varios de esos magistrados, infringiendo incluso el reglamento de elección que había aprobado el Congreso. Actitud de un comisionado, primero, identificado con el PSC y luego, según la empresa Lexis, magistrado que ya había ocupado ese cargo en la dictadura militar de 1976, en el triunvirato formado por Alfredo Poveda Burbano, Guillermo Durán Arcenales y Luis Leoro Franco. ¿Un supuesto notable eligiendo a otros supuestos notables?

Al menos tres de los actuales magistrados ocuparon la CSJ de 1997 y tienen afinidad política con la Democracia Popular (DP). Así por ejemplo: José Troya, quien fue magistrado de la CSJ de 1997 y ocupó una de las Salas Fiscales donde se encuentran varios juicios, entre ellos contra Jamil Mahuad (DP), Fernando Aspiazu, Carlos Julio Emanuel. Jaime Velasco, quien formó parte de la I Sala de lo Laboral; y Teodoro Cuello, quien formó parte de la II Sala de lo Penal, donde se encuentran los casos contra Jorge Gallardo, Olmedo Bermeo, Alfonso Andrade Peñaherrera y quien además es miembro del directorio de la fundación ESQUEL, institución que ha firmado convenios con la denominada Red de Justicia, esta última, veedora de la elección de magistrados y fundación que junto a ESQUEL, han sido cuestionadas por recibir dinero de la USAID para supuestamente democratizar la justicia en el Ecuador. A estos nuevos magistrados se suman cinco jueces que han ocupado altas funciones judiciales en diferentes Cortes Superiores del país. Así tenemos: Hernán Salgado, quien fue vicepresidente del Tribunal Constitucional (TC), cargo propuesto por el entonces presidente Jamil Mahuad, y quien además fue asesor de la DP en la Asamblea Nacional de 1997. Marco Guzmán, quien fue conjuez permanente de la CSJ en 1986 y presidente de la Bolsa de Valores de Quito; Carlos Ramírez Romero, conjuez de la Corte Superior de Justicia de Zamora y Loja. Además, Jorge Jaramillo Vega, abogado supervisor de la Contraloría; y Joffre García, ministro juez de la Corte Superior de Guayaquil y abogado regional de Procuraduría.

La últimas irregulares de la actual CSJ

Uno de los primeros actos irregulares, y tal vez el más descarado, en la que se invlucró la “Corte Ideal” fue la estrategia para sobreseer al ex presidente demopopular Jamil Mahuad. Pese a que el líder de la hoy UDC provocó desempleo, miseria y muerte al pueblo ecuatoriano, estos jueces dijeron públicamente que se le sobreseyó porque “Las pruebas no son tan concluyentes para presumir la existencia del delito”. Uno de los últimos posibles actos de corrupción se refieren a la investigación que se sigue contra los magistrados Ramón Jiménez Carbo y Carlos Ramírez. La señora Asael Moreno acusó a los ministros de falsedad, prevaricato y actos inmorales en el trámite de una sentencia notificada sin la firma del tercer magistrado, Ramiro Romero Parducci. Muchos son los actos de corrupción y de influencias políticas injustas que han venido de la CSJ. Por eso, así como la disolución del Congreso, la de la Corte Suprema de Justicia también debería formar parte del entierro de la derecha ecuatoriana.

La que fue la “Corte ideal”

Del llanto a la furia: un cambio que hemos visto a través de la televisión en el rostro del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Velasco, desde que asumió esta dignidad en noviembre de 2006, en medio de los mejores augurios posibles de ciertos periodistas y promotores de lo que se dijo era “la Corte ideal”.

Llanto cuando, a pocos días de posesionado, se vio obligado a pronunciarse en casos tan delicados como el del ex presidente Bucaram, y furia como la de este 18 de octubre, cuando tuvo que acudir a rendir declaraciones en una acusación por prevaricato del ex banquero Nicolás Landes. Podría decirse que si antes a Velasco, literalmente “le temblaba” el tener que asumir semejantes responsabilidades, hoy parece tan seguro que hasta se muestra prepotente y gritón.

No ha transcurrido ni un año desde la elección de la actual Corte (luego de casi un año de inexistencia), acontecimiento que fue calificado como histórico por organismos internacionales que dieron su aval de supuesta calidad y transparencia al proceso de selección de los magistrados, y ahora, resulta que la Corte ya no es tan ideal, y que una vez más es calificada públicamente como “una cloaca”.

Es risible que quienes antes la mostraron como el ejemplo de que sí es posible la despolitización de la justicia, ahora padezcan amnesia y vuelvan con críticas como las que antes hicieron a la Corte dirigida por Socialcristianos e Izquierda Democrática, así como a la famosa “Pichi Corte” de Lucio Gutiérrez.

El desgaste que ha sufrido en este tiempo el máximo organismo de justicia del país se parece al desgaste sufrido por el Congreso Nacional. Sondeos de opinión dicen que la población espera que la Constituyente disuelva de un solo plumazo a estos dos poderes del Estado. Desde diciembre de 2005 han salido destituidos o entregando sus renuncias irrevocables cinco jueces, en medio de escándalos de corrupción.

Desde acoso sexual hasta la negociación de sentencias son las acusaciones que hoy se vierten sobre los magistrados. Los medios de comunicación las reproducen pero no ejercen la presión que ejercieron en el 2005 para que se destituya a los jueces. Han generado una verdad aparente: aquella que dice que sí es posible la independencia de los magistrados, pero la desestiman cuando en sus noticias muestran los vínculos que los ‘independientes’ siempre tuvieron con algún grupo de poder.

No quieren aceptar la idea de que la Asamblea destituya a los magistrados porque, para ellos -que en un tiempo salieron a las calles a exigir la salida de los anteriores jueces-, eso significaría desestabilizar la democracia, caminar hacia la dictadura. Con ese mismo argumento defienden también al Congreso corrupto que ellos mismos han cuestionado. Lo único cierto es que no les interesa que se disuelvan estos dos organismos porque son espacios desde los que la oposición, la derecha corrupta actúa contra el proceso de cambio que vive el país.

Mientras se escandalizan y escandalizan al pueblo por la ineptitud de la justicia y la posible libertad de cientos de presos sin sentencia, encubren a la matriz de esa ineficiencia, todo por la supuesta estabilidad democrática.

Sea como sea, lo que se prevé es que en poco tiempo más, con la instalación de la Constituyente, el rostro de Velasco pasará nuevamente de la prepotencia al llanto.

Edison Solís Vargas

Edison Solís nació en Quito el 11 de febrero de 1977. Su profesión es la de comunicador social, ha trabajado en varios medios de comunicación nacionales. Hoy se desempeña como periodista, miembro del Consejo de Redacción, del quincenario alternativo OPCIÓN.

 
Opción

El periódico alternativo Opción es un quincenario ecuatoriano que apareció el 21 de enero del 2001, un año después del derrocamiento del presidente Jamil Mahuad, en un escenario de crecimiento de la lucha de los pueblos. Recoge en sus páginas los principales anhelos, la cultura, y las luchas de los pueblos de Ecuador, América Latina y el mundo. Opción busca desentrañar la esencia de los problemas, denunciar a sus responsables y contribuir en la construcción de una propuesta política popular, unitaria, antiimperialista y de transformaciones profundas.

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