Esa fecha fue establecida por el Consejo de Estado para la toma de posesión de los 15 mil 236 delegados municipales electos por el voto secreto y directo de más del 96 por ciento de los ciudadanos mayores de 16 años de edad, en comicios efectuados en octubre pasado.

Todos los escogidos fueron postulados en asambleas populares de barrio, junto a millares más, donde los vecinos los seleccionaron a mano alzada, tras valorar sus aptitudes y méritos.

Por supuesto, se trata de un procedimiento particular del sistema electoral cubano, caracterizado por la ausencia de partidos políticos postulantes y de fatuos derroches propagandísticos, panorama muy diferente al de los comicios en la mayoría de los países, donde impera la rivalidad entre grupos de presión política y económica en procura de conquistar el poder para sus intereses.

Estos delegados no deben su elección a ningún partido ni a grupo de presión, tampoco devengan remuneración por su labor comunitaria, por lo tanto, pueden ejercer su legislatura en plena y real libertad, sin compromisos que los aten ni factores exógenos que condicionen su manera de pensar o de tomar decisiones.

Esos representantes del pueblo tienen la obligación de rendir cuenta periódicamente ante sus electores, y estos conservan la facultad absoluta de deponer del cargo a quien eligieron, si mayoritariamente consideran no ha cumplido sus deberes.

Este sistema de democracia participativa fue instaurado en el año 1976 en toda Cuba. Desde entonces se introdujeron perfeccionamientos sobre la base de la experiencia acumulada, los cuales refuerzan el control popular y la autoridad de los delegados en sus respectivas demarcaciones.

Del seno de cada Asamblea Municipal del Poder Popular, por el voto de sus integrantes, surgen su Presidente y el resto del ejecutivo, así como el Consejo de Administración del territorio, encargado de dirigir y supervisar las actividades productivas, de servicios y de gobierno de carácter local, e interactuar armónicamente con las entidades de subordinación nacional.

Los delegados municipales constituyen la cantera de donde sale alrededor del 50 por ciento de los candidatos que, cada cinco años, son electos por el voto directo y secreto de los ciudadanos para integrar las asambleas provinciales y nacional (Parlamento).

El resto de los nominados es propuesto por las organizaciones sociales, estudiantiles, campesinas, de mujeres y otras del país, bajo la dirección de la Central de Trabajadores de Cuba, sin la participación del Partido Comunista de Cuba.

Al final decide el pueblo con su voto directo y secreto en las urnas, incluidos los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y demás institutos armados, que tienen derecho de elegir y ser elegidos.

Esa realidad es consecuente con los dos tratados internacionales de Derechos Humanos adoptados en Naciones Unidas en 1966, los cuales reconocen que "todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación, en virtud del cual establecen libremente su condición política y proveen asimismo su desarrollo económico, social y cultural".

En la Declaración y Programa de Acción adoptados en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos que tuvo lugar en Viena, en 1993, se estableció asimismo que "la democracia se basa en la voluntad del pueblo, libremente expresada, para determinar su propio régimen político, económico, social y cultural, y en su plena participación en todos los aspectos de la vida".

En Cuba se cumplen esos postulados. La diferencia está en que en la Isla nadie está obligado a servir intereses ni presiones foráneas o internas. Cada ciudadano es dueño de su forma de pensar y de actuar, quizás algo insólito para quienes están acostumbrados a vivir y contemplar un panorama muy diferente en otras latitudes.

Agencia Cubana de Noticias