En la edición 134 de OPCIÓN se menciona que Petrobrás, YPF, City Oriente, Andes Petroleum y Perenco, son las cinco las empresas petroleras que incumplen los contratos y violan las leyes ecuatorianas; se llevan inmensas ganancias; dejan miseria, pobreza y pocos recursos al Estado ecuatoriano; razones más que suficientes para no tomarlas en cuenta en la renegociación que proponía el Gobierno de Correa el mes pasado.

Algo importante que debe recordar la ciudadanía, es que aquellos millonarios contratos fueron suscritos en su mayoría por el ex Presidente Sixto Durán Ballén, mandatario que se caracterizó por defender a los empresarios corruptos, como su nieta, en el escándalo de ‘Flores y Miel’, y a las transnacionales petroleras morosas ahora cuestionadas.

Condor Petroleum Company, también llamada City Oriente, según el contrato de participación, resultado de la séptima ronda petrolera de 1994, operará durante 26 años en el bloque 27, esto es desde 1995 hasta diciembre del 2021, ha infringido la ley ecuatoriana con el incumplimiento de la ley 42.2006 que obligaba a entregar el 50% de la ganancias extraordinarias al Estado (decretada en el gobierno de Alfredo Palacio); El. incumplimiento de la Ley decretada por Rabel Correa, que eleva a 99% el monto que debe ser entregado al Estado. City Oriente, como una ‘dádiva’, entrega solo el 23% de sus ganancias. y ha violentado el contrato con la demanda de arbitraje contra el Ecuador, ante el Centro Internacional de Arreglo de diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, sobre el contrato de participación firmado en 1995.

A la demanda interpuesta por la City ante el Ciadi, se prevé que se sumarán las demás petroleras morosas para formar un conflicto legal internacional, tratando de frenar así las buenas intenciones del Presidente del Ecuador para recuperar la soberanía nacional en esta área.

La política petrolera, que debe ser en beneficio de “todos”, aún no es asimilada por el Ministro de Petróleos, Galo Chiriboga; no así su encargado, José Serrano, que analiza la documentación y el pedido del Presidente de Petroecuador para posteriormente notificar a la compañía el inicio de la causa.

El Presidente Correa debe desconocer tácitamente la ‘orden’ del CIADI de “no proceder con ninguna acción en contra de la petrolera estadounidense City Oriente, y exigir a la transnacional en cortes nacionales y extranjeras que cumpla con el contrato y pague sus obligaciones con el Estado que ascienden a 28 millones de dólares, para luego declarar la caducidad de ese contrato. De igual forma debe ocurrir con el caso Oxy, trámite que se encuentra en el mismo organismo internacional, y del que se conoce que el resultado no es favorable para el Estado. El Gobierno de Correa debe y tiene la obligación moral de hacer respetar la soberanía en cualquier ámbito.