A la ciudad de Quito, una numerosa delegación de campesinos de Moraspungo y Angamarca, del Cantón Pangua, provincia de Cotopaxi, llegó el 15 de noviembre para protestar en los bajos del Consejo Nacional de Electrificación (CONELEC), por la autorización que este organismo estatal entregó a las hidroeléctricas Produastro e Hidronación, para construir las Represas Angamarca y Angamarca Sinde en el cantón Pangua.

Los pobladores afectados, a través de su protesta, exigen a las autoridades del CONELEC la revocatoria del Estudio de Impacto Ambiental (realizado con datos falsos), de la licencia ambiental y del contrato para la concesión del 90% del caudal de los ríos Angamarca y Chaca, suscrito el 30 de septiembre de este año con Produastro; contrato que fue aprobado también por el Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH).

Produastro, adelantándose a dichas autorizaciones, decidió ocupar 200 metros de la zona denominada Ashagua e iniciar los trabajos preliminares; los pobladores, al sentirse amenazados, deciden el 27 de septiembre tomarse el lugar y expulsar pacíficamente la maquinaria de la empresa. Las autoridades locales se sumaron a las peticiones de la población, ante la presión popular.

La delegación de Angamarca que visitó la capital, demostró con pruebas que se utilizó información forjada respecto a la riqueza arqueológica que existe en la zona, y que este proyecto pretende destruir los vestigios arqueológicos que estarían vinculados al CAPAC ÑAN o Camino del Inca, declarados como Patrimonio Cultural de la Humanidad, con lo que viola la Ley de Patrimonio, además del quebrantamiento de la Constitución, pues no se consultó a la comunidad sobre estos proyectos. Frente a estas evidencias, las autoridades del CONELEC, con los representantes de Angamarca, acordaron formar una comisión investigativa con representantes de la entidad estatal, del cantón, los dirigentes del Frente de Defensa del caudal de los ríos Angamarca y Sinde, y delegados de organizaciones de Derechos Humanos, para analizar las denuncias a fin de determinar la ilegalidad o causales para la revocatoria del contrato entre Produastro y el CONELEC.

La oposición de la población de Angamarca no es al desarrollo del país ni de la región; durante toda su vida como cantón han sentido el dolor que ocasiona el olvido gubernamental y las necesidades básicas que aún no han sido cubiertas; el requerimiento general de Angamarca es la aplicación de un proyecto de desarrollo sustentable que priorice el respeto a la vida y a los recursos naturales sin privaciones de derechos vitales.

Mesías Zúñiga, Coordinador Técnico del Frente de Defensa de los Ríos Angamarca y Chaca, menciona que el mayor temor de la población de Pangua es la pérdida del aprovechamiento del agua, ya que esta zona es eminentemente agrícola, y la eliminación del turismo que atrae la zona arqueológica que posee el cantón. El técnico manifiesta que se realizarán todas las acciones jurídicas y de hecho que sean necesarias, a fin de que se respete la Constitución, así como la Ley de Patrimonio, que indica que cuando es inminente la destrucción del Patrimonio, se faculta a las instituciones públicas, privadas o entes civiles, a suspender y hasta demoler las instalaciones, demandando la reposición y la emisión de órdenes de prisión por cometer este tipo de delitos.

En San Pablo de Amalí la historia se repite

En San Pablo de Amalí, cantón Chillanes, provincia de Bolívar, la situación no es distinta: la población se ha tomado el Municipio para obligar al alcalde y demás autoridades a que se pronuncien a favor del pueblo y exijan al CONELEC la anulación de la autorización que permite a la empresa Hidrotambo, a través del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, a construir la represa del mismo nombre, que tomaría el caudal del Río Dulcepamba, privando de esta manera el derecho al agua a más de 45 mil campesinos que viven en la zona.

Los pobladores de Chillanes han presentado una demanda ante la Defensoría del Pueblo, para que se investigue a la empresa Hidrotambo por la presentación y forjamiento de documentos con 50 firmas de gente de otros sectores que apoyan este tipo de trabajos; no así los residentes del sector, que se niegan rotundamente, porque el proyecto de la construcción de la represa impide que la comunidad continúe viviendo de la pesca, la agricultura y el turismo; Hidrotambo condena a la población a la pobreza extrema y la migración hacia otras ciudades.

El Asesor Jurídico de los afectados por la construcción de la represa Hidrotambo, Dr. Freddy Galeas, indicó que por no contar con la autorización de la población y tratar de adulterar el recorrido del río, la empresa viola flagrantemente el artículo 88 de la Constitución Política del Estado, el artículo 28 de la Ley de Gestión Ambiental y el artículo 21 del Reglamento del Ambiente para actividades eléctricas. En el mismo sentido, el asesor jurídico denuncia que los habitantes y dirigentes que se oponen al Proyecto son perseguidos: varias personas han sido agredidas y amenazadas de muerte por parte de los miembros del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que están a cargo de la obra y decididos a continuar con esta a costa de vidas humanas, si es necesario.

Por esta situación de zozobra que vive Chillanes, se han producido reuniones con el Ministro de Gobierno, Gustavo Larrea, y los pobladores afectados; pero los delegados de la empresa brillan por su ausencia: ¿es, acaso, la culpa y las pruebas de sus arbitrariedades, las que les impiden comparecer y dar la cara?

El pueblo afectado por estos proyectos hidroeléctricos requiere de decisiones urgentes, que viabilicen un desarrollo sostenible y que prioricen el respeto a la vida.