El Presidente Rafael Correa, en sus visitas a la provincia de Orellana, se comprometió a priorizar el desarrollo de la región, dotar de obras básicas emergentes a la provincia, y “nunca más a reprimir a la población con los arbitrarios ‘Decretos de Emergencia’ ”, que sólo provocan la violación a los derechos humanos de los pobladores.

Según los pobladores, este Gobierno no es diferente: no se ha cumplido con la dotación de agua, electricidad y demás servicios básicos; además de otros ofrecimientos realizados: construcción y mejoramiento de carreteras, obras de infraestructura educativa y de salud; ¡nuevamente se pospuso la dotación de las necesidades a la zona más rica del país!

Un ejemplo claro de estos incumplimientos es la decisión de la empresa FOPECA de suspender la construcción de 80 km. de la carretera Coca – Dayuma y Dayuma - Inés Arango; por esta arbitrariedad, la población de este sector decidió levantarse.

Estos compromisos incumplidos son la razón por la que cerca de 100 comunidades que forman las parroquias Dayuma, Taracoa e Inés Arango, decidieron, en Asamblea, cerrar todas las vías de acceso a las parroquias involucradas, a partir del 26 de noviembre; esto causó el aislamiento de las instalaciones petroleras privadas y estatales, el desabastecimiento de combustible y la baja de la producción de crudo de los pozos que se encuentran en la provincia de Orellana.

El 29 de noviembre del 2007, el Presidente Correa, olvidándose de sus promesas de campaña, mediante Decreto Ejecutivo 770, y para justificar el “estado grave de conmoción social”, decreta el Estado de Emergencia para la provincia de Orellana, acusando a las autoridades locales de incitadores de estas medidas y a la población de terroristas y saboteadores; el mandatario dijo que buscan desestabilizar al Gobierno y que son cerca de “40 irresponsables” los causantes de estos destrozos y que serán juzgados con todo el rigor de la Ley.

A partir de este Decreto de Emergencia, 4 mil militares se apoderaron de la ciudad, violentaron la privacidad de los campesinos, ultrajaron a hombres, mujeres y niños que dormían en sus casas; los apresados eran llevados hasta el campamento AUCA de Petroecuador, convertido así en centro de reclusión provisional, para posteriormente trasladarlos hasta la cárcel de la ciudad y entregarlos a la Policía Nacional. Se conoce que existen más 150 ciudadanos detenidos, entre los que constan dos menores de edad; además hay tres desaparecidos.

Según el delegado de los Derechos Humanos del COCA, Diócles Zambrano, el decreto gubernamental tiene un tinte dictatorial, que ha permitido que las fuerzas armadas tomen el mando de la provincia. En la región de Pindo, Dayuma y otras parroquias, cada 50 metros se encuentran efectivos militares; otros están infiltrados en la comunidad vestidos de civiles para obtener información y apresar a los dirigentes; con estas medidas se viola flagrantemente la Constitución del Estado: se niega la libertad de expresión, el derecho a la protesta y los derechos humanos.