Durante su periodo como presidente de la República (2000-2006), Vicente Fox Quesada habría incurrido en delitos de tráfico de influencias, uso indebido de facultades y atribuciones, abuso de autoridad, cohecho, enriquecimiento inexplicable y, entre otros, peculado, según la denuncia presentada en su contra ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el senador Ricardo Monreal Ávila.

A menos de un año de haber concluido su administración, el exfuncionario –quien demanda que se le siga llamando “presidente”– no ha tenido empacho en mostrar ante los medios de comunicación “el paraíso” en el que se convirtieron sus ranchos luego de su paso por la Presidencia de la República.

Con ello, ha vuelto a colocar en la agenda mediática el supuesto enriquecimiento ilícito de los Bribiesca, hijos de su esposa Marta Sahagún, que derivaría de supuestos fraudes a Pemex por más de 6 mil millones de pesos; contratos por 70 millones entregados a su amigo, el arquitecto Humberto Artigas, sin licitación de por medio, para la remodelación de las dos cabañas de la residencia oficial de Los Pinos; los fiascos de la megabiblioteca José Vasconcelos y el programa Enciclomedia; la irregular defenestración del líder del sindicato minero, y, entre otros, la expropiación de 27 ingenios azucareros.

“Existen evidencias muy claras de actos ilícitos del expresidente de la República e, incluso, de su familia”, asegura el legislador zacatecano Monreal Ávila, quien presentó la denuncia en la delegación metropolitana de la PGR el 24 de septiembre pasado. El senador independiente –suspendido de sus derechos en el Partido de la Revolución Democrática por seis meses, acusado de apoyar a candidatos distintos a los de su organización política– informa que la denuncia ya ha sido ratificada y que se ha integrado la averiguación previa correspondiente.

Pero tras el exfuncionario guanajuatense no sólo van los legisladores perredistas: el 24 de septiembre la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la creación de una comisión especial que investigará las supuestas irregularidades en el sexenio de Vicente Fox.

Luego de que las siete fracciones opositoras representadas en el Congreso de la Unión acordaran investigar el origen de los recursos del exmandatario, el Partido Acción Nacional (PAN) debió sumarse a la iniciativa y, en voz de su coordinador Héctor Larios, confirmó que el partido se sumaría a la comisión y evitaría que ésta se “convirtiera en ministerio público”.

“Lo del rancho es pecata minuta. Hay miles de millones de pesos sin justificar”, considera el legislador por el Partido Revolucionario Institucional, Víctor Valencia de los Santos, secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados y uno de los principales impulsores de la integración de la comisión.

Para Valencia es “indudable que la declaración patrimonial presentada por Fox y su familia al inicio de su administración contrasta cínicamente con lo que ellos de manera opulenta presentan a los medios de comunicación”.

Rechaza que los legisladores estén asumiendo funciones de ministerio público, pues la comisión no investigará a personas sino a instituciones. “Los mexicanos tienen derecho a saber que sé hizo de los recursos públicos; si alguien cometió un delito, tiene que pagar por ello. Estamos hablando de cantidades millonarias y en dólares”.

Sin embargo, Vicente Fox –nombrado el 20 de septiembre pasado copresidente de la derechista Organización Internacional de Demócratas de Centro– ha contado con el respaldo de funcionarios del gobierno de Felipe Calderón y con los legisladores de su partido, quienes hicieron lo posible por retrasar la integración de la comisión.

Germán Martínez Cázares, días antes de abandonar la Secretaría de la Función Pública para contender por la presidencia del PAN, exoneró a Vicente Fox de cualquier investigación. En declaraciones a la revista Proceso aseguró que “metería las manos al fuego” por él.

Pero los diputados panistas no sólo están dispuestos a quemarse por el expresidente sino también por su esposa. El legislador Juan José Rodríguez Prats asegura: “tanto meto las manos al fuego por Vicente Fox como por Marta Sahagún”.

A cada pregunta sobre las supuestas irregularidades cometidas por el expresidente y su familia, Rodríguez Prats responde: “Vicente es un gran mexicano”. Con hartazgo, agrega: “¡que investiguen lo que quieran, hombre! Es no nos asusta. Y que creen las comisiones que quieran”.

Rodríguez Prats considera que “Vicente Fox es uno de los grandes mexicanos que ha tenido la historia de México; hizo una hazaña que es haber abierto la posibilidad de la alternancia”. Concluye que la comisión integrada en la Cámara “busca el escándalo, y no la verdad”.

Sobre el curso de la denuncia presentada ante el gobierno de Felipe Calderón, Ricardo Monreal señala: “no soy ingenuo y se buscará darle (al expresidente) protección e impunidad de nueva cuenta. Es un asunto que tiene muchos intereses y hay muchas personas que intentan que se bloquee, y, si no hay presión social, no se investigará. Nosotros vamos a presentar pruebas. Es un asunto jurídico. Sólo se requiere voluntad política para llegar hasta sus últimas consecuencias”.

El legislador plantea que se debe crear una comisión especializada para investigar a Vicente Fox. Agrega que dicha comisión podría ser encabezada por “un académico, un jurista o un litigante serio, independiente a cualquier persona que haya tenido vinculación con el expresidente”. Sin embargo, se reserva los nombres de quienes ha propuesto a la PGR para que estén al frente de las investigaciones.

En su última declaración patrimonial, Vicente Fox dijo haber tenido, durante 2006, ingresos por 2 millones 661 mil 181 pesos, por “cargo público”; 1 millón mil 171, por “actividad financiera”; 226 mil, por “reembolso capital La Estancia”; 267 mil 295, por “seguro separación individualizado”, concepto por el que, el año anterior, ya había cobrado 290 mil 539; y 982 mil 417 pesos por “actividad agrícola, arrendamiento e intereses de dependientes y cónyuge”.

Para el secretario de la Hacienda Pública del “gobierno legítimo”, Mario Di Costanzo, el expresidente “debe ser juzgado no sólo por enriquecimiento ilícito sino por negligencia, perjurio y traición a la patria”. De acuerdo con el economista, Vicente Fox “falseó sus declaraciones patrimoniales, pues lo asentado no corresponde con la realidad. Fox mintió como candidato, como presidente y ahora como expresidente”, asegura.

Revista Contralínea / México

Fecha de publicación: Octubre 2a quincena de 2007
Zósimo Camacho