El polémico tema de la reforma tributaria tiene varias lecturas en el debate político nacional. Una se refiere a que es una trascendente prueba para la Asamblea, pues ahí se medirá su capacidad de ejercer plenos poderes, incluso por sobre la voluntad del Presidente de la República.

Es una lectura desde la derecha, puesto que lo que oligarcas pretenden es encontrar contradicciones irreconciliables entre el bloque oficialista en Montecristi y el Ejecutivo, que permitan mayor capacidad de maniobra a sus golpeados partidos y movimientos políticos. Si antes reclamaban que la Asamblea no tiene facultad de tratar otros temas que no sean la elaboración de una nueva Constitución, ahora reclaman que asuma sus plenos poderes y contradiga las propuestas del presidente Rafael Correa.

Buscan fracturar el bloque de Acuerdo País, atizando ciertas contradicciones que se han hecho evidentes entre sus 80 asambleístas. La campaña que los medios de comunicación hacen, en el sentido de que son unos simples levanta manos, o tontos útiles de un autócrata que quiere concentrar todo el poder, va en el camino de confundir y ganar a la oposición a ciertos representantes que no tienen mayor firmeza ideológica.

Y son presiones que han dado algún resultado. Por una parte en el bloque de País existen ciertos personajes que pretenden salir por sus propios fueros, asumiéndose como librepensadores. También hay posturas de ciego respaldo a las propuestas y visiones del presidente de la República, que pelean la hegemonía del bloque; y por otro lado están posiciones más consecuentes con el proyecto político general, dentro del cual no necesariamente están siempre las propuestas de Correa, y que según parece lidera el presidente de la Asamblea, Alberto Acosta. Habrá que ver el desarrollo de los debates, pues cuando se presenten los temas más polémicos como el de la explotación de los recursos naturales (principalmente el petróleo y la minería) y la protección del ambiente, esas diferencias se harán aún más evidentes. No podemos predecir una fractura definitiva del bloque, pero por lo menos se puede proyectar un movimiento de las fuerzas al interior de la Asamblea para el futuro.

Esto último resultaría natural para un organismo de esas características, con una composición como la que tiene, y, sobre todo, por la acción permanente y en todos los flancos que ejerce la derecha. La imagen de la Asamblea, que se ha pretendido proteger con todos los medios, podría verse afectada en un posible escenario de rupturas al interior de las fuerzas progresistas; actualmente, encuestadoras como Cedatos le dan un 43% de aprobación a la gestión de los constituyentes, en caso de que se produzcan disidencias en el bloque gobiernista; esta cifra seguramente caería aún más, básicamente porque se la compararía al Congreso que ella misma cesó.

En este escenario, la movilización popular es la única que logrará legitimar e imponer la razón en los temas más complejos que la Asamblea tiene que tratar.

El Ejecutivo debe respaldarse en la movilización, o al menos aceptarla con alto espíritu democrático, si no quiere perder más valiosos puntos en su popularidad. El manejo de la crisis de Dayuma dejó un mal precedente de cómo entiende el Presidente de la República a la movilización popular.

El pueblo en las calles debe continuar siendo la esencia de un régimen que proviene de la oposición al TLC, la expulsión de la transnacional Occidental, y la lucha contra el Plan Colombia. Rafael Correa puede contar con la oportunidad histórica de afirmar su fortaleza, promoviendo, apoyando, respetando la movilización, la lucha popular por los temas que siempre estuvieron en su agenda, o puede criminalizar la lucha y asumir un perfil autoritario, algo que los ecuatorianos no aceptarán.

Otra lectura que hace la oligarquía y sus partidos y movimientos políticos de derecha es que ejercer la tarea legislativa no es una atribución que los ecuatorianos le hayan entregado a los asambleístas. Según dicen, se estaría violentando la voluntad popular, y algo peor, según ellos: se está atentando contra el estado de derecho, puesto que se quiere entregar, a través de estas reformas, un poder sin límites al Gobierno, para la persecución política a los inversionistas y actores políticos contrarios al régimen. En la lógica de la oligarquía, la reforma tributaria solo es un eslabón más del círculo de poder que el presidente está cerrando para aplicar en el Ecuador el Socialismo del Siglo XXI.

Lo que es innegable es que quienes más han protestado con la propuesta de reformas son los grandes empresarios, que han estado acostumbrados a evadir impuestos. En el Ecuador, diariamente se evaden 8 millones de dólares. Al año se evaden 3 000 millones. Solo Álvaro Noboa factura alrededor de 800 millones de dólares al año en sus empresas, de los cuales declara apenas 700.000 dólares de ganancia. Esto hace necesaria y urgente la reforma tributaria.

Se ha dicho también por parte de opinadores como Carlos Vera, que el Gobierno, pese a su denodada crítica al neoliberalismo, asume prácticas clásicas de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, es decir, elevar y crear más impuestos. Pero evidentemente es una comparación mañosa, puesto que si bien el Estado actualmente requiere de recursos para financiar los gastos que han crecido porque ha crecido la inversión social, la reforma tributaria debe ser vista en el marco de una confrontación de clase, entre los grandes oligarcas y las clases explotadas, que son los trabajadores y sectores medios de la población.

Si en algo se podía estar en desacuerdo total con la propuesta del Presidente de la República era con la reducción de la base imponible para el cobro del Impuesto a la Renta, de 7 850 dólares anuales que es actualmente, a 5 000 como planteaba el proyecto original, pues significaban más de 600 000 nuevos contribuyentes provenientes de los sectores populares, puesto que ahora quien gana alrededor de 400 dólares mensuales, también habría sido sujeto de impuesto. Además, el concepto mismo del impuesto a la renta no tiene nada que ver con el salario. Renta es ganancia, y el sueldo no es, por ningún lado, ganancia, sirve apenas para que el trabajador resuelva los problemas más urgentes de supervivencia. Tomando en cuenta, por ejemplo, que la canasta básica bordea los 450 dólares.

La propuesta del Gobierno, sin embargo, en general afectaba a los grandes empresarios y banqueros, con medidas como la creación de un impuesto a la salida de capitales del país. Aunque habría sido mejor que se mantenga el 1% de impuesto y no bajarlo al 0,5% como luego fue la propuesta del régimen. Aquí quienes más saltaron fueron los banqueros, que frente al gran respaldo que tiene el gobierno en la población, y a la mayoría completa que tiene en la Asamblea, se han visto obligados a buscar acuerdos, en temas espinosos como el de las tasas de interés.

Por otro lado, cómo no coincidir con penas de cárcel y reclusión a los grandes evasores de impuestos, o con que se suspendan las donaciones que se hacían del 25% de la impuesto a la renta a las fundaciones privadas, supuestamente sin fines de lucro, que no son más que negocios de la oligarquía.

O cómo no estar de acuerdo con que se elimine el ICE (impuesto a los consumos especiales) al celular, porque se ha vuelto un instrumento importante de comunicación de la mayoría de ecuatorianos, y ha dejado de ser un artículo de lujo. Son más de 7 millones de abonados en todo el país.

En el caso de las universidades, los municipios y consejos provinciales que se beneficiaban de preasignaciones que se eliminan con la propuesta del gobierno, sería de esperar que el régimen incorpore en el presupuesto del Estado estos rubros, sin un centavo menos, porque demostrado está que son básicos para el desenvolvimiento adecuado de estas instituciones.

Uno de los aspectos de la propuesta del Ejecutivo por el que más saltaron los oligarcas es el impuesto a la herencia. Trataron de hacer ver a esta medida como confiscatoria, y ponían ejemplos trágicos de padres de familia que habiendo salido de la nada y con mucho esfuerzo heredaban a sus hijos un terrenito, éstos tenían que entregarlo al Estado, o por lo menos venderlo para poder pagar el impuesto. Mañosa interpretación. Lo que siempre se propuso fue un impuesto a herencias que sobrepasen los 50.000 dólares, de acuerdo a una tabla que aún revisan los asambleístas (ver gráfico). Aquellas personas que heredaran más de 500 000 dólares tendrían que pagar el 35% de impuesto (la propuesta original era del 70%), medida racional, ya que es justo pensar que una cifra así ya no entra en los parámetros de una pobre herencia para un pobre hijo, sino es un gran capital que se convierte en nueva riqueza adquirida, no ganada.

Los grandes propietarios, los hacendados como Álvaro Noboa, serían los más afectados, puesto que sus grandes emporios, de millones de dólares, tendrían que pagar un impuesto que por ningún lado sería afectar a los intereses de los sectores populares, sino permitir que los que se han llevado la riqueza del país la reviertan en una mínima parte al Estado.

Podría decirse, por cosas como ésta, que la reforma tributaria puso en escena una disputa que se repetirá entre los grandes millonarios, dueños de la riqueza generada por millones de trabajadores ecuatorianos, versus precisamente esos trabajadores. La Asamblea está haciendo bien sus deberes.