Un Ecuador diferente es lo que, en perspectiva, debe buscar la Asamblea con la redacción de la nueva Constitución. Y ello va más allá de la simple institucionalidad, pues debe basarse en un modelo de desarrollo distinto al actual; en una nueva concepción de producir y distribuir la riqueza.

Es necesario llegar a la gestión de un modelo productivo que no esté direccionado solo al extractivismo, es decir a sacar minerales o petróleo hasta agotar el recurso, y además dejar la naturaleza y la sociedad de alrededor dañada. En este sentido, temas como el ambiente y los derechos humanos, deben convertirse en ejes transversales de toda la normativa constitucional.

La explotación de los recursos naturales debe entenderse como un problema de recuperar y ejercer soberanía. Esto significa nacionalizar los recursos estratégicos, entre los cuales están petróleo, minas, agua y biodiversidad.

Y una vez nacionalizados esos recursos, debe establecerse un marco económico que permita tomar con absoluta soberanía la decisión de explotarlos o no explotarlos y en qué condiciones, siempre en manos estatales. Soberanía en lo ambiental significa también sostener la soberanía alimentaria, que significa no solo garantizar que todo el mundo acceda a los alimentos, sino además proteger aquellos alimentos tradicionales, aquellas formas de producir y de preparar esos alimentos. Se trata de dejar de producir únicamente con las semillas que proveen las transnacionales y cocinarlas al estilo norteamericano, sino aprovechar la diversidad propia.

Ese nuevo modelo de desarrollo tiene que incorporar exigencias muy duras en lo ambiental y una autoridad muy fuerte, capaz de direccionar pero también de vigilar y de sancionar a quien incumpla.

Una propuesta que está en boga es que desaparezca el Ministerio del Ambiente y que tengamos solamente una superintendencia, y ese es un riesgo enrome, porque una superintendencia solo controla, no establece las políticas. Aquello del Estado regulador es una perspectiva neoliberal, la perspectiva de un Estado en lo social es la de ejecutor, o realizador.

Soberanía en el tema del ambiente significa simultáneamente declarar prohibida toda forma de biopiratería y de patentamiento de esos recursos, pero además comprometer al Estado en la lucha para que en ninguna parte del mundo se reconozca la patente de plantas, animales, productos alimenticios, que son resultados históricos de cientos o miles de años de conjunción entre el trabajo humano y el aporte natural, y que te permiten tener lo que tenemos ahora. Que eso no vaya a ser propiedad privada de alguien que viene del norte, estudia las propiedades y de pronto se adueña del recurso.

Por otro lado, hay que establecer una gestión ambiental que sirva a los intereses nacionales y populares. Uno de los aspectos que hay que resaltar, por ejemplo, es que debe legislarse en el sentido de que el agua es un bien común, de interés público, por lo cual no puede ser privatizada, y que los servicios relacionados al agua, por ejemplo la potabilización, tienen que ser de carácter estatal y no de empresas. Reconocer el agua como un derecho humano, en el sentido de que para vivir la persona necesita una cantidad específica de agua, que el Estado debe proveer de manera gratuita, sin costo, solo así se garantizará un derecho humano básico.

Obviamente se va a requerir de la explotación de los recursos naturales, pero se necesitará hacerlo bajo principio como el de sustentabilidad, que significa garantizar los recursos para generaciones futuras, es decir, no agotarlos. Entonces hay que tener un equilibrio, vivimos una crisis ambiental que es parte de la crisis general del sistema capitalista, pero que no se puede resolver manteniendo las mismas formas productivas y menos aún manteniendo el consumismo existente hoy en día.

El problema es cómo en lugar de que haya apropiación del imperialismo, se logra que los recursos sean una propiedad de todos, realmente social, por eso la nacionalización y el manejo desde el Estado, pero lo otro es cómo, si nos quejamos de la forma depredadora del imperialismo, somos capaces de generar una estrategia de desarrollo productivo distinta, que no genere lo mismo. El problema no es: en vez de que usted dañe y se lleve la plata, lo haga yo para quedarme yo con la plata, aparentemente sería bueno en el ámbito de que tendríamos recursos para educación, salud, etc., pero esos ámbitos (educación, salud) no van a desarrollar, no van a tener base fundamental, no serán posibles si al final no existe ambiente.

No se puede ser conservacionista, hay que ser defensores de la naturaleza, en el marco de una sociedad que establezca una relación adecuada con la naturaleza. No hay que sumir el criterio judeocristiano de que estamos aquí para superarnos a la naturaleza, sino que somos un pedazo de la naturaleza, porque somos resultado natural del desarrollo de la materia. Nosotros no podemos ser conservadores, el problemas es cómo defender la naturaleza, entender sus leyes y cómo aplicarlas en beneficio social, si eso significa hacer algunos cambios, hay que hacerlo. La constitución sí puede contener normativos en este propósito.

En todo lo que es derechos humanos, el reto es que también estén las garantías. El problema es cómo el Estado, que es el responsable de garantizar esos derechos, efectivamente lo va a hacer, y cómo el hombre y mujer del pueblo tiene canales de exigibilidad.

Es necesario establecer la prohibición de la minería metálica a cielo abierto, que es la más destructiva de la naturaleza, de las fuentes de agua y de las comunidades, y establecer el apoyo a la producción pequeña. En el caso del petróleo, lo que debería plantearse por lo menos es una moratoria en la ampliación de la frontera petrolera, hasta que se garanticen condiciones de producción totalmente distintas. Discutir seriamente el que no existan actividades altamente destructivas en los parques naturales.

Política salarial justa, estabilidad laboral, eliminación de la tercerización y cualquier otra forma de precarización de trabajo, reconquista de los derechos a la movilización, organización y a la huelga, son entre otros, las demandas de la clase obrera del país.

Nelson Erazo, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE), y José Chusin, presidente de la Federación Unitaria de Organizaciones Sindicales de Pichincha (FUOS -P), coinciden en que los trabajadores del país deben exigir reformas profundas a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), para que mejore sustancialmente su calidad de vida, tan venida a menos por la aplicación de medidas neoliberales, que han mermado sus salarios y han conculcado sus derechos elementales.

En este sentido, ambos dirigentes coinciden en señalar que la ANC debe crear las leyes necesarias para establecer una política salarial justa; “creemos que debe ser el Congreso Nacional quien defina los aumentos y no organismos como el Conade o el Sendes, que históricamente han defendido los intereses de los empresarios, de los patrones y los empleadores”, señala Nelson Erazo.

Otra necesidad básica de los trabajadores es la estabilidad laboral, que les permita acceder a todos beneficios de Ley, como lo es el de la Seguridad Social. “Es por ello que exigimos que se termine con la tercerización, el trabajo por horas, la intermediación laboral y todas las formas precarias de trabajo, que solo han servido para explotar al trabajador y negarle sus derechos”, manifiesta José Chusin.

Los dirigentes sindicales están de acuerdo, también, que la ANC debe ser el espacio para que los trabajadores recuperen sus derechos, eliminados abruptamente en el Gobierno de Rodrigo Borja (cuyo lema de campaña fue, irónicamente, “ahora le toca al pueblo”): libertad para acceder a los Contratos Colectivos, para la movilización, la organización y el derecho a la huelga; “estas son aspiraciones legítimas a las cuales los trabajadores no podemos renunciar, porque es otra forma de acallar nuestra voz y seguir sojuzgándonos; además, nosotros planteamos que la sindicalización sea obligatoria”, expresa, enfáticamente el presidente de la UGTE.

Los trabajadores están concientes que la ANC es una instancia muy importante para lograr estos objetivos, pero que será únicamente mediante la presión popular, la movilización permanente, que estos anhelos de la clase obrera podrán ser conquistados. “Los primeros días de enero iremos a Montecristi para entregar nuestras demandas a la ANC, para dialogar con los asambleístas y proponerles los cambios urgentes que los trabajadores necesitamos”, señala Nelson Erazo.

De igual forma, los dirigentes entrevistados están conscientes de que la unión de las diversas centrales sindicales es esencial en la actual coyuntura política: “En el mes de enero se efectuará un gran debate nacional entre las principales centrales, UGTE, CEOLS, Cedocut, FUOS, entre otras, para lograr propuestas comunes y presentarlas a la Asamblea”, manifiesta José Chusin.

Por el momento, los trabajadores rechazan el proyecto de Reforma Tributaria planteado por la ANC, no están de acuerdo en que se rebaje la base imponible del Impuesto a la Renta de siete mil a cinco mil dólares; pues se cobraría dicho impuesto a todas las personas que tengan ingresos mensuales hasta por 416 dólares: “Esta reforma afectaría a más tres millones y medio de trabajadores; no se puede poner un impuesto a quienes ganen hasta 416 dólares mensuales, porque esta cantidad ni siquiera cubre el valor de la canasta básica, que es de 497 dólares, es absurdo”, asevera el presidente de la UGTE. “También estamos en desacuerdo en que se haya rebajado el impuesto a la exportación de capitales, originalmente propuesto del 1% al 0.5%. La Asamblea debe recordar que fue elegida por el pueblo ecuatoriano para que presente reformas en beneficio de la inmensa mayoría y no de sectores o grupos de poder poderosos, pero minoritarios”, manifiesta el presidente de la FUOS de Pichincha.