os derechos humanos son todos aquellos atributos y facultades inherentes a la persona por ser tal y que, por lo mismo le permiten a la persona reclamar lo que necesita para vivir de manera digna y desarrollar su plan personal a fin de cumplir los objetivos de una vida en comunidad. Igualmente se reconoce el principio de que los derechos humanos deben ser concebidos desde el punto de vista social, político y económico.

En este sentido, en el régimen democrático existe un sector de la sociedad con mayor responsabilidad frente a los derechos: el Estado. La Constitución Política del Ecuador, en su Art. 16, establece: "El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos humanos".

El cumplimiento de este mandato implica que el Estado ecuatoriano debe cumplir con tres obligaciones básicas: respeto, control y vigilancia, y con la promoción de los derechos humanos.

El pasado 10 de diciembre, el Ecuador participó en la ceremonia especial de las Naciones Unidas para conmemorar el Día Mundial de los Derechos Humanos y el inicio de la celebración del año internacional por el 60 Aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. En este evento, el Ecuador ratificó su absoluto respeto a los derechos humanos de todas las personas, en todos los tiempos, en todas las circunstancias y en cualquier lugar del mundo. Sin embargo, se olvidaron de mencionar en su informe la flagrante violación de estos derechos cometidos en contra de la población de Dayuma en la provincia de Orellana, amparándose en un absurdo Estado de Emergencia.

El pasado 19 de diciembre se realizó una mesa redonda en el Paraninfo de la Universidad Andina Simón Bolívar, sobre el tema “Derechos Humanos y Asamblea Constituyente”. En el acto se abordaron distintos tópicos, desde Derechos Humanos y Garantías Constitucionales, hasta Derechos Humanos en la Nueva Constitución.

Hace 10 años, en el marco del cumplimiento de la Declaración y Plan de Acción de Viena (1993), que insta a los Estados a formular planes y programas de acción en materia de Derechos Humanos, el Ecuador adoptó, como política de Estado, el Plan Nacional de Derechos Humanos, que entró en vigencia el 24 de junio de 1998.

El objetivo del Plan Nacional de Derechos Humanos es fomentar una cultura de respeto y tolerancia en materia de estos derechos fundamentales, que permita prevenir violaciones en este sentido. El trabajo conjunto del Estado y la sociedad civil ha permitido la elaboración, consulta, consenso y aprobación de Planes Operativos de Derechos Humanos, que contienen políticas y actividades concretas para el cumplimiento de los principales objetivos del Plan Nacional. Esta política de Estado se incluirá como parte de la agenda de la Asamblea Nacional Constituyente.

Para Vanessa Montague, presidenta de la Comisión Permanente de Seguimiento, Evaluación y Ajuste de los Planes Operativos de Derechos Humanos en el Ecuador, “El país requiere de una nueva Constitución, con un nuevo marco legal, que recoja las aspiraciones de ecuatorianos y ecuatorianas a través de la Asamblea Nacional Constituyente. En este escenario se introduce el Plan Nacional de los Derechos Humanos (PNDH), que es el resultado de los consensos entre los organismos del Estado y las múltiples organizaciones sociales del país dedicadas, especialmente, a lo que es la defensa y promoción de los DDHH. Las principales propuestas de este Plan son: Que el PNDH sirva como instrumento de diagnóstico de los DDHH en el Ecuador y plantear posibles soluciones; que el PNDH continúe como garante de los procesos de cambio en materia de DDHH de todos los sectores sociales (mujeres, niñez, GLBT, migrantes, jóvenes, indígenas, negros).

El PNDH busca, además, identificar los principales obstáculos para promover y proteger los derechos humanos, a fin de presentar propuestas concretas de carácter, orientadas hacia la solución de los problemas más serios que impidenla plena aplicación de los DH en el país.

En Dayuma se quebrantó el artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que está vigente en el Ecuador: “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. En esta población de la provincia de Orellana se violentaron en forma masiva los derechos fundamentales de 25 personas, detenidas en forma abrupta; entre los privados de la libertad se encontraron tres menores de edad, que fueron maltratados física y verbalmente; además, todos los detenidos fueron interrogados sin presencia de un abogado defensor.